La prestación del servicio de agua necesita una normativa que contenga reglamentaciones y sanciones para ese sector, según Patricia Aguilar, directora de regulación y control del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).

“No tenemos una ley, sino un estatuto donde se entregan facultades para control, pero este tema implica sanciones. (...) Todos los sectores son regulados menos el agua”, aseguró la funcionaria.

La cartera de Estado  desarrolla un proyecto de ley que contiene temas de orden  administrativo, comercial, técnico y humano. “Es importante para el país contar con una ley para regular el servicio de agua potable y saneamiento. No tenemos marco regulatorio”, insistió Aguilar.

Dentro de este proyecto de normativa, uno de los  objetivos es fortalecer las Juntas de Agua (que se forman en las comunidades y parroquias cuando el recurso se orienta al consumo humano). También se pretende que todos los prestadores irregulares del servicio pasen a conformar  Juntas de Agua... “Es el caso de los comités promejoras, que tienen una base jurídica privada. (...) Allí habría un problema, pues la dotación de agua desde privados entra en conflicto con la Constitución”.

Las juntas se manejan bajo una Ley de Juntas Administradoras, sin embargo no existen organismos para regular el accionar de sus dirigentes.

Edgar Rodríguez, técnico del Miduvi, precisó que el proyecto de ley buscaría que todas las juntas estén bajo regulaciones en cuanto a la potabilización del agua “para que se indique la forma de entrega de servicios; pero seguramente se necesitaría ajustar el tema de costos. Si manejan los recursos de sus comunidades deben convertirse en operadores eficientes”.

El proyecto de ley se lo trabaja desde el 2002, “pero el escenario político de esos años no ayudaba, pues tenían secretarios y ministros a cada rato. Parece que (hoy) es el momento propicio, el Miduvi tiene este rol. Pero al entrar a regular -con estatutos o procesos- se nos van a reír. Para pararnos fuertes necesitamos una ley”.

La Senagua, en cambio, se encarga de entregar las concesiones de agua. Domingo Paredes, titular de esta institución, dice que se conoce de la existencia de abusos de líderes que se apoderan de la conducción del  recurso hídrico.  “A la gente la mueven de manera clientelar, todo tiene un peso político”, dijo, al afirmar que la figura debe   ser revisada para encontrar una forma de organización más equitativa y justa.

Luis Bejarano, vocero de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Riego del Ecuador (Jaapre), y representante de la junta de la parroquia Ayora, en Cayambe, comenta que las juntas  han servido como plataforma política. “Han habido dirigentes salidos de juntas de agua potable y sistemas de riego”. 

El costo por conexión domiciliaria, según los materiales y la minga realizada por la comunidad, oscila entre 1.000 y 1.200 dólares, explicó Bejarano. En el caso de  su junta, el costo es de 120 dólares por 12 mingas y de 10 dólares por agua potable. Y como tienen a cargo el alcantarillado  cobran, igual, el derecho de 120 dólares por el mismo trabajo.