El exceso de velocidad con el que transita una de las unidades de la cooperativa de transporte Coactur altera a una escuálida mula  que se encuentra a un lado de la carretera, en la vía Paján-La Cadena de la provincia de Manabí. En su lomo, cuatro pomas rebosantes de agua van al vaivén de ese susto. Junto al asno, Gilberto Ponce, enjuto morador del recinto Porvenir, intenta cargar una garrafa extra, pero ya no hay espacio ni fuerzas en el animal como para una poma más. “Ya está cansado. Es la tercera vez en el día que lo traigo para acá”, dice Ponce mientras introduce su cabeza  en un pozo de agua de 14 metros y medio para observar si aún queda algo de líquido. “Ya hay poco, Gilberto (...) Tendremos que llamar nuevamente al tanquero y tiene que ser antes del feriado”, manifiesta Félix Holguín, autoproclamado propietario de la poza que contiene -normalmente-  40 litros de líquido vital.

Holguín relata que de este sitio se abastecen 8 viviendas y 13 familias, en su mayoría del recinto Porvenir. El agricultor explica que administra el contenido de la poza ante la falta de asistencia por parte de la Junta del Agua de Cascol, parroquia que se encuentra a menos de cinco minutos, y del Municipio de Paján. “Llevamos dos años haciendo gestiones ante la Junta del Agua para que tengamos líquido a través de tuberías, pero hasta el momento todo  ha sido en vano”, lamenta este manabita que se aproxima a los 70 años de vida.

Si bien el trabajo de las Juntas de Agua en Manabí ha mejorado en los últimos años, según versiones de los mismos pobladores y de las autoridades locales, el alcance de su servicio aún sigue siendo deficiente ante las necesidades de los consumidores. Este es el caso de Carmen Bravo, ama de casa de Sosote, una pequeña comunidad del cantón Rocafuerte. Su itinerario de los martes debe ser cumplido rigurosamente cada semana si es que desea tener agua para los siguientes siete días.

Con balde en mano y  una manguera que llega hasta una cisterna, ella y su esposo deben estar alertas, a las seis de la mañana de todos los martes -horario fijado por la Junta de Agua de la localidad-, para abrir las llaves de paso y poder almacenar la mayor cantidad de líquido que se pueda en dos horas de flujo normal que hay en su sector.
“Esto me suele bastar para una semana, pero hay veces en que sí se nos queda corta la cantidad que hemos guardado”, comenta la joven madre de familia.

Este servicio intermitente y semanal tiene un costo de cuatro dólares mensuales para los moradores de Sosote. Un funcionario del Ministerio de Desarrollo Urbano y  Vivienda (Miduvi) -que prefirió omitir su nombre- destaca a la Junta de Agua de esa zona y la considera como una de las más rentables. Fruto del autofinanciamiento de este organismo rural, su presupuesto bordea los $ 15.000, lo que le ha permitido iniciar la adquisición de su propia planta potabilizadora y modernizar su red de tuberías. Sin embargo, a más de un habitante le resulta incómodo no contar con el servicio de manera permanente a pesar de cancelar sumas de dinero. “Existe mucha desorganización entre quienes administran el agua por acá (...) Aquí tenemos agua un día, pero otros no”, subraya Florida Alba, moradora del cacerío Las Peñas, ubicado a cinco minutos de Sosote.

Legalización de organismos

Y es la misma desorganización que denuncia Alba la que las autoridades del Miduvi -entidad rectora de la administración de los recursos hídricos en Manabí- buscan remediar. Desde la cartera de Estado se inició en enero anterior una revisión del trabajo de las Juntas de Agua en esa provincia del Litoral. Un primer corte reveló que en los 22 cantones de  esta jurisdicción existen constituidas más de 500 juntas, de las cuales 100 han legalizado su situación ante las autoridades del Gobierno Nacional.

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades es que casi siempre estos organismos se constituyen manteniendo una estructura de cacicazgo en las localidades. “Muchas veces se reúnen de un  momento a otro en estos sectores e inmediatamente designan a un presidente de la junta. Eso ya no se puede hacer. Inclusive, si en las elecciones de autoridades no está presente un delegado del Ministerio, esa designación no tiene validez”, asegura un funcionario del Miduvi.

Uno de los principales objetivos de la cartera de Estado es el de guiar y capacitar a las Juntas de Agua para que el manejo del recurso natural no sea administrado de manera casi familiar, sino pensando en el bienestar de la comunidad entera. Otro de los factores que se busca apuntalar es que estos organismos, con el tiempo, sean autosustentables.

En la Sierra no hay confianza

Entre las comunidades que se asientan en el valle de Yunguilla, en la provincia de Azuay, existe malestar por la forma en que las Juntas de Agua están manejando el recurso natural de las poblaciones.

Luis Solano, morador de la comunidad Lentag, informa que  la Junta de Agua cobra por derechos de conexión entre 1.000 y 1.500 dólares. “Yo tengo que pedirle a un vecino el agua para poder tener el servicio en mi casa, no tengo para comprar el derecho. Aparte, el costo mensual es de 2 dólares el metro cúbico”, denuncia el campesino.

Relata también que los directivos del organismo que les distribuye el recurso les han explicado que esos valores son cobrados por “el trabajo y el transporte de las tuberías”. Sin embargo, los comuneros se quejan por considerar excesivos esos valores y por la forma en la que se está cumpliendo con la entrega del agua.  “Quienes trabajaron en la conformación de las juntas y en las mingas para las conexiones se adueñan del recurso y le ponen el precio (...)No han transparentado los gastos que han hecho. Se ha formado un grupo fiscalizador y hay unos gastos altos que no se justifican”, manifiesta Solano.

Hace dos semanas la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) revirtió la concesión que tenía el empresario cuencano Jorge Eljuri por el mal uso del recurso natural. 

Solano asegura que “las personas que luchamos para que se le retirara la concesión a Jorge Eljuri no queremos que se la entreguen a las Juntas de Agua porque monopolizan el líquido y lo quieren para negociar”.

Por esta razón, sectores de la comunidad de Lentag piden que el servicio sea otorgado directamente por el Estado o, a su vez, que el Ejecutivo nombre una nueva Junta de Agua para la zona.

René Flores, otro morador de este paraje azuayo,  asegura que compró un derecho de agua para su propiedad por 3.200 dólares, en la Junta de Agua Alba Roja, en el sector el Descanso de Don León, valle de Yunguilla. “El agua potable prácticamente no existe”, critica el también productor de la zona.

Flores agrega que el agua es cara porque las instituciones encargadas de administrarla, según la Constitución vigente, como el Miduvi, solo llegaron al sector para instalar directivas, pero no para gestionar los recursos en función de construir instalaciones o tanques.