“Mijita, tuvimos un accidente, tu papi está atrapado, lo vamos a tratar de sacar” fue la frase que Andrea Patiño escuchó de su madre, la noche del 16 de abril de 2016, aproximadamente a las 19:00, y desde ese momento la tristeza y la frustración se apoderaron de la familia Patiño Rodas.

Jorge Patiño, guayaquileño de 54 años y padre de Andrea, se convertía en uno de los dos fallecidos que dejó el colapso del puente a desnivel ubicado en la Avenida de las Américas, a la altura de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. La segunda víctima sería encontrada casi un mes después durante la remoción de escombros.

Guayaquil está ubicada aproximadamente a 280 km del epicentro del terremoto de 7,8 grados que destruyó localidades de Esmeraldas y Manabí, y recibió apenas un tercio de la energía telúrica del incidente. Sin embargo, aquello fue suficiente para que el paso elevado de 34 años de antigüedad, inaugurado durante la alcaldía de Bolívar Cali Bajaña (1982), se viniera abajo.

Además, aproximadamente 240 inmuebles -entre edificios y viviendas, resultaron con daños parciales y totales. En el centro de la ciudad, dos casas colapsaron, aunque no se registraron muertos.

Mayor vulnerabilidad está en zona céntrica y sectores cercanos a esteros

En las edificaciones de la zona céntrica de Guayaquil se observaron desprendimientos de la mampostería que terminaron en calles y veredas. La remoción de los escombros se ejecutó conjuntamente por los propietarios y el Cabildo, que dispuso una revisión de las estructuras para verificar su estabilidad.

Para ingenieros y arquitectos consultados por este diario, algunos de los percances pudieron ser advertidos por el Municipio de Guayaquil. Sobre el tema de la vulnerabilidad sísmica, la ciudad cuenta con un estudio desde 1998: el proyecto Radius, impulsado y desarrollado por el ingeniero Jaime Argudo, especializado en estructuras y geotecnia.

La investigación, en aquel entonces, concluyó que la zona más susceptible de la zona urbana es el casco comercial y que el 15% de los edificios y el 10% de los puentes de la ciudad colapsarían o serían afectados. “Pero no podíamos señalar, con nombre y apellido, las edificaciones y puentes que se dañarían”, puntualizó Argudo.

El estudio, acotó, no fue hecho para determinar cuáles estructuras serán más afectadas durante una actividad sísmica, solo se hace una estimación de la afectación global en el puerto principal.

Argudo señaló que las principales características de los edificios de la zona céntrica es que son de construcción mixta (estructura de madera con paredes de ladrillo), llegan hasta los 5 pisos de altura y bordean los 80 años de antigüedad. “En esta parte de la ciudad existen 1.000 casas”.

Las obras de este tamaño, generalmente, se construyen para una vida útil de 50 años, con excepción de aquellas de hormigón (Municipio y edificio de EL TELÉGRAFO, por ejemplo) que pueden resistir 100 años o más. La madera como componente de un inmueble, en el ambiente local, se deteriora fácilmente por efecto de la humedad y los insectos.

En algunos casos, el daño es suficiente como para colapsar en un terremoto de 7 grados Richter.

Las evidencias históricas indican que los sismos poderosos que más daño han causado a la urbe fueron los ocurridos el 13 de mayo de 1942 y el 18 de agosto de 1980.

El sismo de 1942 fue de 7,9 grados Richter y su epicentro se registró en el norte de Manabí. Es decir, con una intensidad similar  y cerca del epicentro del terremoto de 2016. En el movimiento telúrico de hace 75 años, las mayores afectaciones se presentaron en  edificios ubicados en el perímetro de la av. 9 de Octubre, Malecón Simón Bolívar, Luis Urdaneta y Quito.

Las características del suelo de la urbe, donde la mayor parte es blanda por su cercanía al río y esteros, constituyen un factor adicional que incrementa la vulnerabilidad de las edificaciones grandes de la ciudad. Según el ingeniero Walter Mera, vicerrector de Investigación y Posgrado de la UCSG, el tipo de suelo de la zona centro es arcilloso y es recomendable para inmuebles pequeños y medianos “no para edificios de 15 pisos o más”.

Mera, quien ha participado en talleres de ingeniería sísmica, comparó la situación de la urbe con la ciudad de México DF. Los suelos de Guayaquil y la capital mexicana guardan similitudes: en el primer caso, la ciudad fue construida sobre el manglar; en el segundo, sobre una laguna. “Por ello se verían gravemente afectadas así el terremoto ocurriera a 300 km de distancia”.

El proyecto Radius también indicó que entre las zonas más resistentes del puerto principal están  Mapasingue, Bastión Popular y los cerros del Carmen y Santa Ana, debido a su estructura rocosa.

Respecto al tema, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) impulsó su propio estudio de microzonificación sísmica de Guayaquil. En 2015, la investigación concluyó que la mayor vulnerabilidad de la urbe, como citó el ingeniero Mera, se encuentra al pie de ríos y esteros.

En el informe, desarrollado durante la elaboración de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), se consideraron variables en cuanto al tipo y calidad del suelo, y a qué profundidades se encuentra cada una de las características. 

Por ejemplo, en zonas rocosas, como Prosperina y Mapasingue, se puede tener casas de máximo dos plantas debido a que son sitios que perciben más en un temblor. Mientras que en zonas bajas se puede hacer edificios de varios pisos porque los terrenos presentan menos rigidez que en los cerros.

Sin embargo, para determinar la vulnerabilidad de los inmuebles ante un terremoto también se debe considerar la calidad del suelo, puntualizó el ingeniero Carlos Mestanza, quien colaboró en el estudio impulsado por la SGR.

En terrenos blandos -como aquellos cercanos a los esteros y ríos-, la vibración que se presenta durante un sismo se mantendrá por más tiempo que en un sitio más sólido. Es decir, las casas que se construyen en lugares ubicados al pie de estuarios (Trinitaria, urbanizaciones de vía a la Costa, Vergeles, entre otros) deben tener mayor resistencia sísmica. En este sentido, la zona del noroeste (Monte Sinaí, Bastión Popular, El Fortín) sería la más segura en caso de que se presentase un movimiento telúrico.

Durante el desarrollo de las investigaciones se contó también con la colaboración de delegados del municipio local y representantes de los sectores de la construcción.

Edificios fueron evaluados y los efectos aún son visibles en las calles

En García Moreno y Ayacucho, una familia se salvó de morir tras quedar atrapada por el derrumbe ocasionado durante el sismo. El Municipio determinó que el inmueble carecía de pilares y ménsulas colgantes que dieran apoyo a pisos elevados, balcones y similares. Las personas afectadas buscaron otros sitios para arrendar.

En la esquina de Ayacucho y García Moreno, un terreno baldío cercado por una malla metálica color azul reemplaza el espacio del inmueble donde seis familias habitaron hasta la noche del 16 de abril.

A las 18:58 de aquel fatídico día, solo Esther Salazar, dueña de un local de comida, y sus hijas estaban en la planta baja de la vivienda. El resto de los inquilinos había salido a otras diligencias.

Cuando llegó el movimiento telúrico, la mujer no tuvo oportunidad de salir, pues el segundo piso de la estructura que antes fue su hogar se desplomó y bloqueó la entrada a su vivienda. “No nos dio oportunidad de correr porque incluso las puertas del local se cerraron completamente”.

En cuestión de segundos, recuerda Salazar, quedó atrapada entre las paredes de su casa. Los vecinos del sector notaron la presencia de personas dentro del inmueble y comenzaron a buscar la manera de rescatarlas antes de que empeorara la situación.

Actualmente, todas las familias se reubicaron y arriendan en viviendas cercanas al sitio del desastre. En el caso de Salazar, se mudó a una casa que está justo al lado del punto mencionado donde también alquila un espacio para su negocio de comida.

Para los guayaquileños fueron minutos de terror e impaciencia porque hasta la señal de las operadoras de telefonía se había caído y no había manera de contactar a los familiares para conocer su estado.

La Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), en su primer reporte tras el sismo, informó que en total fueron 5 casas las colapsadas y 67 las viviendas con daños estructurales, además de postes de alumbrado eléctrico. El 75% de estas propiedades correspondió al suburbio, donde la mayoría de inmuebles es de construcción mixta.

Mientras que en el centro de la zona urbana, la mampostería de edificios ubicados en Boyacá, 9 de Octubre, Luis Urdaneta, García Avilés, entre otros sitios, se desplomó hacia las calles. Hasta la estrella de la ciudad, ubicada en 9 de Octubre y Boyacá, se cayó.

Tras una evaluación de todas las incidencias reportadas, el Municipio de Guayaquil contabilizó 240 inmuebles afectados, cada uno de ellos con distintos niveles de daños superficiales y estructurales, manifestó Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia del Cabildo.

En el caso de la propiedad de García Moreno y Ayacucho, esta cayó porque carecía de pilares y ménsulas colgantes que dan apoyo a balcones, soportales y pisos altos.

Por otra parte, las evaluaciones efectuadas por la Alcaldía determinaron que 40 edificaciones presentaron daños estructurales y los propietarios tuvieron que presentar un informe “para determinar si podían ser reparadas o demolidas”.

El 50% de estos inmuebles pudo ser arreglado conforme a las estipulaciones de las autoridades. El 50% restante se derribó. Narváez puntualizó que los dueños fueron exonerados de impuestos prediales por un lapso de 5 años para mitigar el impacto económico causado por los trabajos realizados.

Mientras que los propietarios de 137 edificios que tuvieron una afectación superficial fueron exonerados del mismo tributo por 3 años. No obstante, para arquitectos e ingenieros consultados por este diario, hubo aspectos que el Cabildo pudo prever  a partir del proyecto Radius.

El reporte final de esa investigación fue conocido por el Municipio en 1999 pero, desde entonces, ha tenido intermitencia en el radar de las autoridades. En 2005, el gobierno seccional reveló a un diario local que el proyecto estaba suspendido, pero que se trabajaba en prevención de sismos.

En 2010, tras el terremoto que asoló Haití, el vicealcalde Guillermo Chang manifestó que se mantenían reuniones con académicos para trabajar en una ordenanza de construcción que tomara en cuenta el informe de Radius. Al final, la investigación y la pertinente actualización de datos quedó en espera, tal y como afirmó Jaime Argudo, responsable de la iniciativa, para un reportaje publicado en EL TELÉGRAFO.

Tras los eventos de abril de 2016, el Municipio desarrolló una ordenanza para que toda construcción en la ciudad contara con el aval de la Cámara de la Construcción. Para el arquitecto Félix Chunga, académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los controles efectuados por el Municipio, hasta antes del sismo de hace un año, resultaron insuficientes.

En la urbe porteña, al menos el 70% de las construcciones no cuenta con estudios o asesoría de un especialista. Mientras que en el 30%, en cambio, no fueron consideradas todas las observaciones de los arquitectos o ingenieros civiles contratados. “Basta ver las construcciones informales con evidentes desproporciones y carencia de materiales idóneos”.

Con este criterio coincide Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil (CCG), quien destaca los esfuerzos del Cabildo para regularizar este ámbito. “Pese a ello, muchos aún prefieren seguir construyendo sin la contratación del personal adecuado para asistir en los cálculos técnicos”.

Mientras que entre la ciudadanía, la justificación para prescindir de ingenieros, arquitectos y similares es el elevado costo de las consultorías.

El paso elevado de la Avenida de las Américas aún sigue en construcción

El Consorcio Paso Av. de las Américas, conformado por Nobahorm Constructora Noboa y Metales Inyectados, es el responsable de instalar la nueva estructura metálica que reemplazará al paso elevado caído en abril de 2016. La entrega de la obra estaba prevista para la primera semana de abril pasado, pero eso no se cumplió.

El colapso de los pilares centrales, luego de que los pilares menos altos se inclinaran, habría sido la causa por la que el paso elevado de la Avenida de las Américas, ubicado a la altura de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, cayera y matara a dos ciudadanos durante el terremoto de abril.

Colapsado el puente de la Avenida de las Américas, la Alcaldía evaluó 19 pasos elevados y los túneles San Eduardo y Santa Ana. El resultado fue que todas las estructuras eran seguras para el tránsito vehicular, menos las de las avenidas de las Américas y Kennedy, que fueron sometidos inmediatamente a un reforzamiento y revestimiento de sus bases.

Por aquellos días, el alcalde Jaime Nebot ofreció un nuevo puente para reemplazar al que cayó. “Será metálico, construido con tecnología de punta y terminado en 150 días, a partir de su contratación. Será contratado en 30 días”. Es decir, debía estar listo, a más tardar, en octubre de 2016.

Sin embargo, recién en septiembre del año pasado, el Cabildo firmó un contrato con el consorcio Paso Av. Américas, integrado por Nobahorm Constructora Noboa y Metales Inyectados Metain, por $ 2’275.360,77. El plazo de 150 días para la construcción inició el 25 de agosto de 2016 con la entrega de un anticipo cuyo monto no se reveló. La obra debía estar terminada en febrero pasado.

En marzo anterior, Freddy Granda, jefe de Planificación de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), reveló que la fuerte temporada invernal afectó el tiempo de culminación de las labores. La nueva fecha ofrecida fue la primera semana de abril, lo que tampoco ocurrió.

El consorcio Paso Avenida de las Américas no tiene experiencia en la construcción de este tipo de estructuras. Sin embargo estuvo a cargo del reforzamiento, encamisado y apuntalamiento de las bases de los puentes que conectan la calle Esmeraldas con la Avenida de las Américas, afectadas durante el terremoto.

La nueva estructura que reemplazará al paso elevado que cayó en la Avenida de las Américas tendrá una resistencia sísmica contra eventos de 7 grados Richter, equivalente a 0,9 menos que la intensidad presentada en Manabí, en abril pasado.

Tan solo una semana antes del suceso, el Municipio había asegurado a diario Expreso que “al momento todos los pasos a desnivel de la urbe están operativos y en forma general reciben anualmente mantenimientos preventivos y correctivos cuando amerita el caso. En tanto que los más antiguos son periódicamente controlados por especialistas de esta entidad”.

La estructura que colapsó tenía 34 años de antigüedad. Según la afirmación de las autoridades del Cabildo, estaba bajo observación. ¿Qué ocurrió? Las autoridades no han revelado detalles de los controles efectuados antes del percance.

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), vigente desde 2015, estipula que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deben vigilar el cumplimiento de las normas técnicas antisísmicas en cada estructura de la ciudad.

El responsable del proyecto Radius, Jaime Argudo, quien también es ingeniero forense, recordó que en todo el mundo se están revisando los puentes
edificados con normas anteriores a 1998.  

“Fue la fecha de expedición de una norma de diseños de puentes en EE.UU. que recién desde el 2000 estamos usando en Ecuador”.

¿Cada cuánto tiempo deben ser rehabilitados los puentes? Argudo aclaró que no es lo mismo dar mantenimiento que rehabilitarlo. El primer término se refiere al cuidado del sistema eléctrico, iluminación, las juntas, entre otros aspectos. “Todas las obras, mínimo, deben hacerse una vez al año”. En cambio, el segundo término se refiere a la seguridad estructural.

La familia de Jorge Patiño, uno de los ciudadanos fallecidos debajo del puente, ha preferido no contestar a este diario sobre si ha recibido algún tipo de ayuda o indemnización por parte del Cabildo. Hasta julio de 2016, eso no ocurrió. (I)