El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Guayaquil definirá próximamente las preguntas que serán incluidas en una consulta popular para fijar el valor de la tarifa de transporte urbano.

El encuentro, cuya fecha no ha sido revelada, se realizará con representantes de la sociedad guayaquileña, explicó el alcalde Jaime Nebot.

El Municipio de Guayaquil conforma, con sus similares de Quito, Cuenca, Ibarra, Ambato, Manta y Loja, el grupo de los GAD que cumple cerca de dos años de retraso en asumir las competencias de tránsito.

Nebot sostuvo que para asumir la regulación del tránsito, transporte y seguridad vial se deben entregar $ 44 millones. El Estado asignó $ 30 millones.

El burgomaestre advirtió que si el Gobierno no resuelve la situación se la hará mediante una consulta ciudadana y que se buscarán los mecanismos necesarios para realizarla. En caso de que la Corte Constitucional resuelva no dar paso al proceso, “nosotros nos la ingeniaremos para que el pueblo se pronuncie”.

En este mes vencerá el plazo para las operaciones de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en la ciudad. Posteriormente, los gastos que genere la permanencia de la tropa serán descontados de los recursos entregados al GAD guayaquileño.

Según la CTE, los recursos que representan mantener a 1.300 agentes en la urbe ascienden a $ 30 millones anuales. Por este concepto, el Cabildo ha recibido $ 15 millones y Nebot manifestó que si se requiere el doble de eso, “entreguen la diferencia”.

Sin embargo, el jefe de Cabildo aclaró que devolverá el valor correspondiente a 7 meses debido a que el personal municipal (630 uniformados) recién entrará en operaciones el próximo agosto.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó en septiembre que la competencia de tránsito la tuvo Guayaquil desde 2006 y, desde entonces, han solicitado 10 prórrogas seguidas.

Documentos presentados por la cartera de Estado revelaron que la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), desde 2013 ha requerido aplazamientos para asumir las competencias de títulos habilitantes, control operativo, entre otros.

Hasta el momento, la dependencia del Ayuntamiento solo realiza la revisión técnica y matriculación. Está pendiente la selección de los 630 agentes civiles y la contratación del aliado, para la colocación de semáforos y cámaras de vigilancia en las calles.

SUBSIDIO A BUSES SIGNIFICARÍA HASTA $ 11,2 MILLONES

Los avances y acuerdos de los diálogos entre el Municipio de Quito y los transportistas urbanos en torno al pedido de revisión de la tarifa del servicio se han manejado hasta ahora con reserva. Pero extraoficialmente se ha  conoció de algunas alternativas en debate.

Una tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno local capitalino apruebe una elevación de las tarifas hasta $ 0,38 y la asunción de un eventual subsidio de $ 0,04. A finales del año pasado se filtró la información de que también se había discutido la posibilidad de mantener el precio del transporte en $ 0,25 y compensar a los dueños de las unidades con la eliminación del medio pasaje ($ 0,12) que pagan estudiantes, ancianos y discapacitados.

Otra opción sería el mantenimiento de la tarifa ($ 0,25) y la entrega por parte del Cabildo de todo o una parte del valor solicitado por los transportistas ($ 0,42).

Puesto que cada una de las 2.752 unidades de la capital transporta en promedio a 800 personas por día, para el Cabildo significarían $ 2,6 millones al mes si se cubriera la diferencia de $ 0,04 entre una eventual tarifa de $ 0,38 y los $ 0,42 solicitados. Y $ 11,2 millones si el subsidio equivaldría a los $ 0,17 que separan a los $ 0,25 del pasaje actual y los $ 0,42 que piden los choferes.