El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, anunció que luego de reunirse con grupos ecológicos y de “hacerse escuchar” concluyó que es necesaria la creación de una ordenanza sobre los árboles.

El burgomaestre dio estas declaraciones -en su enlace radial de ayer- debido a los reclamos que se han registrado por la “poda” de las especies. Los colectivos ciudadanos protestaron -a fines de 2015- por la forma en que se cortaron 44 árboles de La Atarazana.

También, la Asociación Escuela de Biología de la Universidad de Guayaquil (AEB) se opuso a la remoción de 65 plantas en las urbanizaciones Samanes 1 y 2 (al norte).  
Las organizaciones civiles, en ambos casos, defienden la conservación por los beneficios que brindan al medio ambiente, oxígeno y sombra, y evitan la erosión.

Eric Meza, presidente de la AEB, recomienda que en esa norma se defina mejor el concepto de área verde. Para él no solo tiene que considerarse como tal a la cantidad de césped, sino que debe incluirse la diversidad: “La ordenanza debería enfocarse en la protección de las especies de bosque seco y reemplazar las introducidas (ornamentales)”.

Asimismo, sugiere poner atención en el tema de los árboles patrimoniales.   

Gustavo Iturralde, subsecretario de Gestión Marina y Costera del Ministerio del Ambiente (MAE), adelanta que la entidad está proponiendo una normativa nacional que plantea la necesidad de conservar los árboles urbanos. “El conflicto se da cuando se los deja crecer demasiado”, dijo.  

También -manifestó- están proponiendo que la comunidad identifique sus árboles y el desarrollo de un manual para el mantenimiento.  “Los municipios deberían tener un manual. En algunos casos hay que derribar los árboles, pero eso debe ocurrir cuando no haya otra solución. Y si se los trasplanta, en el último de los casos, llevarlos donde la comunidad los necesite y pueda disfrutarlos. A un sitio cercano”.

Él coincide en que las especies introducidas (como las palmeras de la regeneración) tienen una desventaja, porque exigen más cuidado. A diferencia de las nativas (guayacanes, ceibos, acacias), cuyo costo de mantenimiento es menor.

“Actualmente estamos recogiendo los criterios de la comunidad, con el fin de hacer la normativa nacional y los municipios la adapten a sus realidades”.

 De su lado, Natalia Roca, de Árboles Sin Frontera, pide que se hagan estudios técnicos y sociales.

“Que sean podados en el tiempo adecuado, con las herramientas necesarias y en las partes precisas”, asegura. La activista está en desacuerdo con que se los lleve a las periferias, pues existen suficientes en dichas zonas. En la reunión que mantuvo con los ciudadanos, el Cabildo porteño  se comprometió a enviar el inventario de árboles de Guayaquil, el parámetro que utilizan para hacer el cálculo de áreas verdes en el perímetro urbano, y reunirse con estos colectivos previo a la ordenanza. “Nos reunimos una vez. Esperamos un nuevo llamado”.

Según Roca, aún reciben denuncias de tala (Terminal, El Paraíso, en el centro).  “Quisiéramos que existiera una medida de protección temporal y que se aceleren los procesos”, dijo.  

De acuerdo con el alcalde Nebot, en Guayaquil existen 8,60 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La meta del milenio -señala- es llegar a 9 m2/hab. Esta última cifra es la mínima necesaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Vamos a adquirir maquinaria nueva para los traslados (adecuado de los árboles). Cuando recibí la Alcaldía la ciudad solo tenía medio m2/h”, concluyó. (I)

Las nuevas obras en estero Salado son analizadas

Técnicos de los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Ambiente, de Inclusión Económica y Social y de otras carteras y entidades del Estado participaron de una reunión para definir aspectos sobre la nueva etapa de rescate del estero Salado.

Actualmente, 13,5 km de riberas han sido intervenidos y posteriormente se harán obras en otros 13 km más, afirmó Marcela Miranda, de la coordinación zonal 8 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). No se descarta el desalojo, pero aún no se definen los sectores ni el número de personas que serán afectados. “Los perjudicados serán reubicados en planes habitacionales del Estado”, sostuvo. Hasta la fecha, 3.500 familias fueron llevadas a otras zonas. Para establecer los nuevos traslados se tomará en consideración si el inmueble fue construido después de 2010 (tras el decreto 607) y si la estructura está invadiendo el espejo de agua del estuario.

Así mismo, se recogieron observaciones de gestiones desarrolladas en el parque lineal del estero Salado, explicó Ricardo Narváez, delegado del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. El objetivo es establecer lineamientos que permitan implementar proyectos culturales y ambientales gestionados desde las mismas comunidades. Para ello se considerarán talleres de capacitación y conformación de brigadas. En la reunión estuvieron presentes también representantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes presentaron propuestas de seguridad ciudadana. (I)