El Municipio de Guayaquil, hasta la tarde de ayer, no presentó la revisión de la resolución de la Defensoría del Pueblo, que favoreció a un comerciante informal quien denunció acoso por parte de la Policía Metropolitana.

Hace tres meses, E.A.C., un refugiado colombiano, informó que agentes municipales le cobraban un dólar  por permitirle laborar en una zona regenerada del centro.    

Según la Defensoría, el Cabildo puede establecer observaciones al documento notificado el martes anterior, en horas de la tarde. En caso de que lo solicite, la entidad estatal deberá revisar el pedido y resolver a la brevedad posible. Si no se presenta el requerimiento hasta hoy, la resolución será enviada a Quito para conocimiento de la Defensoría del Pueblo del Ecuador (DPE).

Por su parte, la defensa del demandante no descartó nuevas acciones, pero estas serán analizadas por los actores que apoyaron al refugiado colombiano, incluyendo el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH). En una de las audiencias, los elementos municipales rechazaron la acusación.