El Municipio de Guayaquil inició el concurso público para contratar los “Estudios de actualización a nivel de Factibilidad (definitivo) de los Estudios de Factibilidad y de Diseño del Canal de Acceso a los Muelles de la Terminal Marítima Simón Bolívar para determinar el Dragado a la Profundidad de 11 metros (en marea baja)”.

Los trabajos que se van a reformar -informó ayer el Gobierno Seccional en un comunicado- son los contratados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) con la Asociación Geoestudios-Consulsua y entregados en 2012.

La compañía seleccionada deberá elaborar estudios de ingeniería del dragado en el canal externo, de la Boya de Mar a la Boya 13; y del Impacto Ambiental en el canal externo, desde la Boya de Mar hasta la Boya 13 (en ambos casos se incluye el obstáculo natural denominado “Los Goles”). También, se elaborarán los términos de referencia para la contratación del dragado.

La fecha para entregar las ofertas será hasta el 27 de septiembre y  una vez firmado el contrato, los análisis definitivos de actualización se podrán entregar en 60 días.

El Cabildo  adelantó que  luego de la actualización, quedará expedito el sector que ha sido el mayor limitante para que ingresen buques de tráfico internacional con mayor calado.

Como adelantó en esta semana el alcalde Jaime Nebot, el ente seccional financiará y pagará esta obra, y recuperará su costo, más los intereses correspondientes, a través del cobro de una tasa de servicio que será sufragada por las compañías navieras propietarias u operadoras de los buques de tráfico internacional que transiten por esta vía.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp) dispone que antes de iniciar un procedimiento precontractual, la entidad interesada deberá contar con diseños completos del proyecto.

Esto incluye obtener los datos definitivos y actualizados, planos, cálculos y especificaciones técnicas, todo debidamente aprobado por las instancias correspondientes, vinculadas al Plan Anual de Contratación de la entidad.

Por otro lado, la entidad gubernamental debe certificar la existencia presente y futura de recursos disponibles para el proyecto (artículo 24); es decir, garantizar la disponibilidad de fondos para su ejecución.