No hubo espacio para preguntas ni detalles técnicos del proceso, pero el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, fue enfático: se iniciaron las gestiones para la terminación unilateral del contrato con la Armada Nacional para el dragado del islote El Palmar, en el río Guayas.

De esta manera, luego de casi seis años de comenzado el proyecto, la iniciativa está en camino a su cuarta licitación.

“He procedido a disponer al fiscalizador de la obra que suspenda de inmediato el contrato, se abstenga de poner visto bueno a planilla alguna y me presente un estado detallado del caso”, dijo Morales, quien estuvo acompañado de coidearios, como la viceprefecta Susana González y Roberto Gilbert, exconcejal de Guayaquil.

El dragado también pasa por su segunda terminación unilateral del contrato. En la primera ocasión, el exprefecto Jimmy Jairala afirmó que la empresa encargada (China Harbour) no cumplió con su parte de obtener el crédito para financiar la obra.

Posteriormente, en abril de 2018 el gobierno provincial firmó un contrato con la Armada Nacional por aproximadamente $ 58’815.000 para ejecutar la obra.

Durante la suscripción del documento, Jairala afirmó que envió un comunicado al contralor Pablo Celi para que realizara una auditoría de procedimiento en torno a esta obra.

Incluso, se anunció la habilitación de un canal para retirar los 4,5 millones de m³ de sedimentos y llevarlos hacia el plan habitacional del Gobierno Casa Para Todos, en los sectores El Tejar, Isabel Ana y Caracoles, en la zona  Peñón del Río, en Durán.

Sin embargo, en octubre del año pasado, la Prefectura firmó una adenda contractual con el Servicio de Dragas de la Armada (Serdra) con el objetivo de ahorrar $ 30 millones, explicó entonces el director de Riego, Drenaje y Draga, Nicanor Moscoso.

La nueva forma de financiamiento en el contrato fue propuesta por la Armada Nacional ante la imposibilidad de obtener los recursos en entidades financieras internacionales por políticas internas de la misma institución castrense.

La Armada se comprometió a no cobrar intereses y bajar el plazo de vigencia de la deuda, de 12 años a 5 años, manifestó Moscoso.

La modificación contractual también incidió en el plazo de 24 meses suscrito en abril de 2018. Inicialmente, los trabajos de dragado debían terminar en abril de 2020, pero con la adenda se pospuso para octubre de ese mismo año.

Moscoso también reconoció un retraso en las labores por el hallazgo de vestigios arqueológicos en el terreno designado por el Municipio de Durán para depositar los sedimentos.

 Mientras que por el lado de Serdra se ofreció la contratación de equipos de dragado para septiembre del año pasado. Sin embargo, aquello no se concretó.

Hace tres semanas, la Armada Nacional informó que solicitó a los organismos de control la revisión del contrato para disminuir costos y “precautelar los intereses del Estado y buscando mejorar las condiciones técnicas y económicas establecidas”.

Al conocer de esta situación y a pocos días de posesionarse como prefecto, Morales anunció su intención de terminar unilateralmente el contrato. La iniciativa fue apoyada por el exalcalde Jaime Nebot. (I)