Las competencias sobre los terrenos invadidos en el sector conocido como Monte Sinaí, al noroeste de la ciudad, nuevamente entran en discusión entre las autoridades locales y las  del Gobierno Central.

El alcalde Jaime Nebot, hasta la mañana del miércoles, sostuvo que no podía realizar obras en el citado sector, en donde las autoridades estatales desalojan las invasiones, porque se lo impedía tajantemente la Ley de Legalización de la Tenencia de la Tierra, publicada en 2007.   

Nebot, quien en meses anteriores afirmó que  Monte Sinaí no estaba dentro de Guayaquil y de sus planes de obras, en la misma mañana del miércoles expresó que el procurador general del Estado debe decidir si el Municipio puede intervenir esos asentamientos, pues son terrenos estatales.

Según el burgomaestre, el procurador informó en una misiva, de hace 5 años, que el  Gobierno es el que tiene la competencia de hacer la expropiación de las tierras, pagar a los propietarios, legalizarlas y entregar los títulos a quienes legalmente habiten ahí. “Si el procurador rectifica y cambia su posición, con mucho gusto intervendré y legalizaré esas tierras”, precisó Nebot.

La tarde de ayer, la Procuraduría hizo público un manifiesto en el que sostiene que no se pronunciará sobre este asunto sino hasta que se le haga un pedido formal y legal.   
 
El mismo miércoles, Nebot cambió su pronunciamiento. Mediante el comunicado denominado “La verdad, hoy sobre Monte Sinaí”, anunció la existencia de un “nuevo” oficio, emitido el 12 de  noviembre de 2008 por el  procurador general del Estado, en  el que se establece que la decisión de permitir los asentamientos en la zona se define en un juicio pendiente en el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

En el pronunciamiento de ayer de la Procuraduría se aclara que efectivamente las competencias quedarán claras cuando se resuelva ese juicio. El Cabildo porteño publicó ayer, en varios diarios privados, un aviso en el que se declara sorprendido por la existencia del  oficio citado, con N° 04666. En este documento, la Procuraduría General del Estado aclara que solo le corresponde  absolver las consultas jurídicas con carácter de vinculantes, sobre la inteligencia o  aplicación de las normas legales o de otro orden jurídico a pedido de las máximas autoridades de los organismos y entidades del sector público, “excepto cuando se traten de asuntos que hayan sido resueltos por jueces o tribunales de la República o que estén en conocimiento de los mismos, hallándose trabada la litis, incluyéndose acciones y recursos que se sustancien o deben sustanciarse en el Tribunal Constitucional”.

El anuncio anula el pronunciamiento realizado por el procurador,  el 26 de marzo de 2008, en el que se señala que los terrenos de Monte Sinaí, que pertenecían al entonces Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), también estatal, no se encuentran comprendidos dentro de los predios a los que se refiere la Ley de Legalización de la Tenencia de la Tierra  a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción de los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.

La Ley de Legalización de la Tenencia de la Tierra, en su artículo 1, declara de utilidad pública e inmediata ocupación, para fines de orden social, eminentemente de vivienda, y expropia a favor de los municipios de Guayaquil, Samborondón y El Triunfo, con la obligación que estos gobiernos seccionales vendan, adjudiquen y legalicen la tenencia de los terrenos a los actuales posesionarios de los predios ubicados en la jurisdicción de cada cantón, que estén ocupados por asentamientos poblacionales constituidos por ciudadelas, cooperativas y lotizaciones (...).

El Cabildo anunció que inmediatamente, al amparo de la ley, el procurador general del Estado se pronuncie estableciendo si el sector Monte Sinaí puede ser legalizado por el Municipio de Guayaquil o si le corresponde esto al Gobierno Central o  si  hay que esperar el resultado del juicio en cuestión.

Reunión de autoridades

La gobernadora de Guayas, Viviana Bonilla, y el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga,  ayer se reunieron en el cantón para que el funcionario conozca detalles de que existe una red de traficantes y sus representantes que aún operan en el sector. En declaraciones públicas el fiscal indicó, sin mencionar nombres, que el hecho guarda relación con actores políticos.

Por su parte, Bonilla explicó que el Municipio puede intervenir en Monte Sinaí, cuando lo estime necesario  y que para ello no requiere acudir a otra instancia para solicitar permiso.

El área que no es de competencia municipal se limita al lugar donde se construye el hospital público. “¿Y qué pasó con el resto de hectáreas? Incluso, en zonas cercanas y legalizadas la situación es similar a la de Monte Sinaí: conexiones clandestinas, no hay pavimento, no hay  agua potable...”.

La funcionaria señaló que los moradores saben quiénes son los que siguen cobrando mes a mes. “Requerimos que los denuncien”.