La Defensoría del Pueblo investiga una denuncia ciudadana sobre un aparente cobro indebido de una tasa para acceder al servicio de agua potable en sectores de Daule.

Según documentación presentada en la entidad pública, la empresa Aguas de Samborondón (Amagua) entre los requisitos para solicitar la conexión a la red pide, además del pago del servicio de instalación, la cancelación de una tasa por derecho de toma.

Para Máximo Coloma, presidente del comité barrial La Delicia, este rubro no es procedente, porque la Constitución “ampara el derecho al agua gratuitamente”.

La Carta Magna, en su artículo 12, establece que el “derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable”.

La coordinadora regional 8 de la Defensoría del Pueblo, Zaida Rovira, dijo que se estudiará el caso y convocará a representantes de Amagua.

Por el momento, “no puedo pronunciarme sobre si es justo o injusto. El debido proceso indica que primero debo convocar a las partes”, aclaró la funcionaria.

El artículo 6 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos “prohíbe toda forma de privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente”. (I)