1.903,7745 hectáreas no podrán adjudicarse a 380 familias de campesinos de la provincia de Guayas. ¿La razón?: el Municipio de Guayaquil colocó a esos terrenos dentro del “nuevo límite urbano”. (Ver gráfico)

EL TELÉGRAFO accedió a los informes sobre cómo los predios rurales fueron declarados urbanos con base en la ordenanza de ordenamiento territorial aprobada por el Concejo guayaquileño el año 2011. Algunos de ellos, gracias a esta decisión, sextuplicaron su valor.

En los avalúos catastrales se comprueba que, por ejemplo, 2 predios, que suman 86 hectáreas, estaban valorados hasta mayo de 2015 en $ 374.071, pero en abril pasado, casi un año después, el Municipio los revaloró en $ 2’600.373. Los mismos, en 1992 (7 años antes del feriado bancario),  costaban 3’919.225 sucres.

Este hecho lo corrobora la Confederación de Pueblos, Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), de Guayas. Su titular, Martín Ávila, lamenta que “el Municipio haya declarado esas tierras baldías en urbanas porque son de ciertos funcionarios del mismo Cabildo. Sextuplicaron su precio para que no las puedan expropiar. El proyecto de distribución de tierras está afectando sus bolsillos e intereses personales”.

De las 67 organizaciones de agricultores que la componen, 62 aún no tienen tierras y esa es la principal preocupación de su titular, Martín Ávila: “Hemos tenido muchas trabas en este proceso de distribución de tierras al sector campesino. El proyecto ha sido amenazado y han querido detenerlo”, alertó. Por ello, el 15 de agosto realizarán un plantón en los exteriores del Cabildo. Ávila se refiere a los terrenos baldíos que colindan con el embalse Chongón y sus canales trasvase Chongón-Sube y Baja y Chongón-Playas. Estos predios fueron considerados por el Ministerio de Agricultura como improductivos y se incorporaron a un plan de acceso a tierras para familias campesinas, impulsado por el Gobierno.

¿A quién pertenecen esas tierras?

Hace 40 años, Feliciano Taiano Broccoli y Sibila Álvarez adquirieron el lote número 2 de la desaparecida hacienda Marietta, al que denominaron San José  y tenía 86.784 hectáreas de extensión.

Ese lote fue heredado por sus 6 hijos: María Antonia, Félix, José Vicente, Ana Dina, Giuseppe y Sibila Cleotilde, quienes 16 años después -según consta en escrituras públicas- lo repartieron en partes iguales.

De los 6 hermanos Taiano Álvarez, 4 son dueños de los predios que actualmente -según el Municipio de Guayaquil- están dentro del nuevo límite urbano. Los predios de otros miembros de la familia, como Gustavo Taiano Cuesta y Luigi Taiano Broccoli, también constan en el mismo, además de terrenos de firmas como Inmobiliaria Oviedo, Agropecuaria Alemana, Agrícola Camino al Lago S.A., entre otros.

Uno de los herederos, José Vicente Taiano Álvarez, es abogado, político y exjuez penal de Guayas. Ha estado afiliado a varios partidos: primero de la desaparecida Izquierda Democrática (ID), luego pasó a ser director nacional del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) de Álvaro Noboa, con quien fue binomio para las elecciones presidenciales de 2006 y participó en la Asamblea Constituyente de 2009 por el PRIAN.

Sin embargo, en 2012 anunció su desafiliación a esa tienda política debido a un desacuerdo con Noboa. Después participó como candidato para la Asamblea Nacional auspiciado por Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez en las elecciones de 2013, pero no obtuvo una curul.

A pesar de desligarse del PRIAN hace 4 años, Taiano no se ha desvinculado de la familia Noboa. En la página web de la Superintendencia de Compañías consta como parte del directorio de varias empresas al igual que familiares del 5 veces candidato presidencial como: Leonardo Noboa Ycaza, exdirectivo del equipo de fútbol Barcelona y Roberto Ponce Noboa, exasambleísta, expresidente del Tribunal Electoral del Guayas y también fue dirigente del Emelec.

En la actualidad su hijo Vicente Taiano Basantes es el secretario del Municipio de Guayaquil y presidente provincial del Partido Social Cristiano (PSC) en Guayas, liderado por el alcalde Jaime Nebot.

Este diario se comunicó el miércoles pasado con Taiano Basantes para consultarle sobre la denuncia de los campesinos, pero el funcionario respondió: “Cualquier tema del Municipio” lo tratarán con Julie Wohl, subdirectora de Comunicación del Cabildo. Se procedió a llamar a este departamento y luego de mantener al periodista en la línea varios minutos, colgaron sin dar ninguna respuesta. No obstante, se envió un correo electrónico a Taiano Basantes y al departamento del Comunicación del Municipio, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Sobre este tema, su padre, José Vicente Taiano -quien ahora forma parte de la coalición Compromiso Ecuador, liderada por el banquero Guillermo Lasso-,  expresó  que los predios mencionados pertenecen a la familia “desde hace 100 años” y fueron fraccionados en lotes de 5 hectáreas para cada uno de sus hermanos. Dijo que no son terratenientes y rechazó la denuncia de los campesinos: “El Municipio no ha hecho nada, eso no es cierto. El problema es que hay invasores que están pretendiendo ahora, cuando esos predios supuestamente han adquirido algo de plusvalía, pero las tierras están trabajadas, cada quien tiene sus sembríos”.

Sobre el alto avalúo de los terrenos resaltó: “No hemos pedido ningún favor al Cabildo. Hasta el kilómetro 40 ya lo hicieron urbano hace tiempo. Nunca hemos pedido urbanizar, incluso, nos apena porque nos sale más caro pagar los impuestos”.

La denuncia

La queja de los campesinos va más allá del proyecto de adjudicación de tierras. Ávila accedió a información  del Municipio guayaquileño. “Sabemos que desde hace años se habla de (construir) un aeropuerto en esa zona. Tal vez esas tierras tenían precio de gallina apestada y hoy serán para beneficio de pocos”.

La denuncia del campesino se basa en la construcción del nuevo aeropuerto Intercontinental de Guayaquil (Chongón-Daular), una iniciativa de varios años que a mediados de 2015 se reactivó con la firma de un contrato entre el burgomaestre (Jaime Nebot) y Nicolás Romero, gerente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, para que la empresa estadounidense  Leigh Fisher elabore el diseño conceptual del nuevo aeropuerto.

Se prevé que a principios de 2017 inicien los procesos de contratación internacional y que entre 2019 y 2024 se lo construya. En 2015 la prensa reportó incrementos en la plusvalía de los terrenos de la zona.

Un proceso detenido

A finales de 2014 el presidente Rafael Correa sobrevoló la zona de Chongón y rechazó que exista mucha tierra improductiva al lado de los canales. Tras ello, suscribió el  Decreto Nº 22966 en donde advirtió que si no hay producción en esos lotes serán expropiados y entregados a campesinos.

Esa ocasión Correa comentó: “Ratificamos que hay grandes extensiones de tierra que no las ponen a producir, son tierras baldías que seguramente sus dueños están esperando elevar la plusvalía para sin hacer nada ganar muchas veces más de lo que pagaron por ellas”.

Un informe de la ejecución del proyecto ‘Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano’, adscrito a la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura, evidenció que el proceso de redistribución de tierras se detuvo porque “los predios pasaron de rural a urbano, con un avalúo alto para continuar con la declaratoria de utilidad pública”.

De acuerdo con el Magap, el Cabildo porteño habría dado largas al proceso que inició en octubre de 2015 con el pedido a los dueños de títulos, certificados de Avalúos y Catastros, etc. En el caso de los predios de la familia Taiano, los miembros entregaron escrituras y avalúos donde constan como tierras rurales, pero cuando se hizo lo propio con el Municipio este daba  negativas y no respondía.

En abril pasado el Magap interpuso el Recurso de Acceso a la Información Pública y se llegó a un acuerdo, pero cuando el Municipio de Guayaquil entregó los avalúos determinó que estaban en el “nuevo límite urbano” desde 2011. (I)

DATOS

De acuerdo con un informe de la ejecución del proyecto ‘Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano’ (ATLM), adscrito a la Subsecretaría de Tierras perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), el proceso se siguió de la siguiente manera:

El 26 de octubre de 2015 el Magap solicitó al Municipio de Guayaquil los certificados de avalúos y catastros, certificado de historia de dominio y gravamen y copias certificadas de las escrituras de predios rurales que fueron reconocidos como privados.

El 29 de diciembre de 2015 la Municipalidad de Guayaquil responde con negativa las solicitudes de certificados de avalúos y catastros realizadas por parte del Proyecto ATLM, basados en el art. 12 de la ordenanza que establece el avalúo de los predios rurales en el cantón Guayaquil. El Municipio solicitó planos firmados por los propietarios que ya habían sido adjuntados.

El 9 de marzo de 2016 el Magap al no recibir contestación por parte de la Municipalidad del cantón Guayaquil interpuso el Recurso de Acceso a la Información Pública por parte de la Coordinación Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

El 11 de abril de 2016 se continuó con el proceso de declaratoria de utilidad pública pero a partir de esa fecha el Municipio de Guayaquil comunicó que los predios se encuentran ubicados dentro “del nuevo límite urbano en base a la Ordenanza de Ordenamiento Territorial, aprobada en sesión del Concejo Municipal, el 23 de diciembre de 2011, y publicada en la Gaceta N° 28 el 10 de enero de 2012”, por lo que estos predios pasaron de rural a urbano, con un avaluó alto para continuar con el proceso de declaratoria de utilidad pública.

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En octubre se prevé gran encuentro

Se construye un plan de gobierno desde sector rural

Los sectores campesinos y populares preparan un proyecto agrario con miras a un plan de gobierno para los comicios de 2017. Primero fueron 8 organizaciones afines a  la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que celebraron una cumbre agraria la semana anterior, que luego de 2 días concluyó con un documento de 9 hojas que recogía 45 exigencias hacia el Estado y 37 compromisos en 4 ejes temáticos: modelo y medios de producción; educación, seguridad social; derechos laborales, y desafíos de la organización social campesina, las mujeres y la juventud.

Para los sectores indígena y campesino, el Gobierno tiene una deuda agraria con el país y según el presidente de la Conaie, Jorge Herrera “no han encontrado a nadie” que se sienta favorecido con la ley de Tierras o con otra política pública establecida por la Revolución Ciudadana: “Hasta ahora este Gobierno que prometió la redistribución y la democratización de los recursos naturales no lo hemos visto. Este Gobierno no ha tenido la voluntad política para redistribuir los recursos naturales básicos: agua y tierra”.

Sin embargo, existe otro sector que cree necesario radicalizar el proyecto agrario de la Revolución Ciudadana, ya que, a pesar de ciertos errores, también se ha sentido favorecido por los programas de ‘Acceso a Tierras de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano’ (ATLM); de productos de ciclos cortos que auspicia el Magap, y de subsidios para el sector agropecuario.  

Nelson Fuentes, coordinador del sector agrícola de Frente Unidos y distrito 4, explica que el año pasado fueron más de $ 25 millones en subsidios y este año, “a pesar de la crisis” se apunta a un total de 54 mil hectáreas de producción de maíz y arroz en la Costa ecuatoriana. “Tapar el sol con un dedo no se puede. Que el Gobierno haya tenido una confrontación con la Conaie no es razón válida para señalar que no han habido beneficios para el sector agrario en el país”, insiste el dirigente.

Por esta razón, al menos 80 líderes de organizaciones pertenecientes a la mesa agraria del colectivo ‘Frente Unidos’ se reunirán este 10 de agosto para definir los ejes programáticos que trabajarán en territorio con el propósito de llegar a un Gran Encuentro campesino que se prevé se celebre a principios de octubre en Los Ríos o Guayas.

Entre los temas pendientes está la producción, la situación económica del país, los derechos de los trabajadores y el ámbito electoral, bases de un programa de gobierno rural que entregarán a todos los candidatos que estén “interesados en el desarrollo agropecuario”. (I)