La audiencia por la acción de protección presentada por tres estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), que fueron enviados a la Central de Riesgos con calificación B por el Banco  Pichincha,  se realizó ayer.

El conflicto surgió -reconoció la abogada del banco, Mónica Vargas- porque estos tres alumnos forman parte de un grupo de 1.000 universitarios que fueron considerados clientes de la entidad financiera sin que ellos  hayan aceptado este contrato.

“Nuestra equivocación fue asumir que todos los estudiantes habían aceptado el convenio, pero ya se los sacó de la central y prometemos que no volverá a suceder”, dijo Vargas.

A inicios de este año la UCSG firmó un acuerdo con la institución bancaria a través del cual esta última  le daba por adelantado el dinero de las pensiones y los estudiantes cancelaban sus deudas únicamente en el Pichincha, abriendo cuentas que los convertían en clientes.

Aquello, explicó el banco en un comunicado enviado anteriormente, daba lugar a que pudieran ser calificados en la  Central de Riesgos si no pagaban sus pensiones.

Tras la audiencia realizada ayer en el Juzgado Sexto de Tránsito, donde estuvieron los representantes del banco, de la universidad y el representante de la Federación Estudiantil de la UCSG,  se citó a un nuevo encuentro  a las partes implicadas para el próximo jueves.

El juez Luis Luna lo dispuso así, pues el abogado de los alumnos, Fernando Rosero, pidió que la Superintendencia de Bancos remita el número exacto de estudiantes que fueron enviados a la Central de Riesgos con calificación B entre abril y agosto de este año.

Dos de los estudiantes que levantaron la acción de protección decidieron aceptar las disculpas del banco.

No obstante, el  accionante, Marlon Vera,  se mantendrá en la medida de protección y  pide que el banco cancele $ 500.000 por haber atentado contra su buen nombre, según su abogado. 

La defensora del banco  aceptó que esa institución debitó dinero de una  cuenta que  Vera había abierto previamente en la institución, lo  que no lo convertía en suscriptor del convenio firmado este año.

Rosero  para demostrar que los 1.000 estudiantes fueron perjudicados en sus derechos, citó el artículo 1 de una resolución emitida en la Superintendencia de Bancos, el cual señala que las instituciones financieras deben enviar información personalizada a la Central de Riesgos exclusivamente  de las personas que hayan contraído obligaciones de crédito directo, es decir que las  hayan aceptado como clientes.

El funcionario recalcó que en este caso, como reconoce el banco, estas 1.000 personas no habían aceptado ser clientes de la institución.

Pero Vargas justificó  que aquello fue un “error masivo informático”, que  consistió en asumir que todos habían aceptado la voluntad de la universidad, lo cual no se volverá a repetir, porque en el siguiente semestre los estudiantes que van a matricularse decidirán si se acogen o no al convenio.

El que no se acoja al acuerdo no será cliente del banco y no será enviado a Central de Riesgos.

Actualmente, añadió Vargas, nadie ha sido enviado de nuevo a la central, ya que los errores se han rectificado y el dinero ha sido devuelto.

Ella consideró que una calificación B no es grave y que los bancos sí dan créditos a personas que tienen este signo.
Sin embargo, Rosero refutó que la marca sí es grave en el futuro crediticio de los jóvenes.

Aquiles Rigaíl, asesor jurídico de la UCSG, anunció que la institución educativa retiraba la demanda por 500.000 dólares por daños morales que presentó en contra de los dos estudiantes, quienes  desistieron de la acción de protección.

No obstante, Vera sigue demandado por esta suma y enfrentará una nueva  acusación de Rigaíl a título personal  por injurias.