Vivimos en el continente de las utopías, los sueños y los anhelos impostergables. Así lo sentimos y entendemos quienes nos acercamos a Latinoamérica desde el conocimiento histórico y social. También es uno de los escenarios más visibles de la desigualdad económica a nivel mundial. Pero la genealogía del abandono latinoamericano en el siglo XXI debe ser estudiada a la luz de los procesos del siglo XX, aunque sus raíces más profundas se localizan, al menos, hace 200 años, con la creación de los Estados nacionales.  

Como dice el historiador Luis Miguel Glave, “en América Latina la historia nació nacional y ha luchado por aislarles cada vez más”, balcanización que se contrapone a las teorías panamericanistas erigidas en los siglos XIX y XX, en contra de las amenazas imperialistas de las potencias circundantes. La creencia en el estado nacional como la única entidad posible de cohesión dentro de un modelo desarrollista implementado después de la posguerra, ha sido uno de los grandes obstáculos para la “integración latinoamericana”.

En las últimas décadas ha corrido mucha agua bajo el puente, en relación a las políticas de desarrollo. Pero 1982 fue el año de quiebre, porque evidenció el agotamiento del esquema desarrollista, cuando México se declaró incapaz de pagar su deuda externa. El evento desencadenó una serie de políticas reformistas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), las que fueron aplicadas en Latinoamérica, a lo largo de los años ochenta y noventa, con un saldo negativo de dos “décadas perdidas” y una profunda desigualdad social que abonó en la inseguridad económica de la región.

Otro de los problemas históricos de América Latina ha sido la ausencia de políticas estatales en lo social y cultural. La cultura ha sido considerada un bien suntuario, pensada únicamente para su reclusión y cosificación en los museos y escasamente atendida en su carácter “patrimonial”. La educación, abandonada en los presupuestos, no constituye prioridad en la agenda de los líderes políticos del continente, con sus excepciones, por supuesto, como en el caso de Cuba o Ecuador.

Por otra parte, parecería existir una separación, en la mente de los tecnócratas, entre lo social y su dimensión económica. Ansiosos por nivelar las cifras, muchos funcionarios de los gobiernos latinoamericanos se convierten en los alumnos preferidos del neoliberalismo; pero permanecen insensibles a una lacerante realidad social que sobrepasa abrumadoramente los índices macroeconómicos.

Un aspecto clave en el proceso de agudización de la inestabilidad social, política y económica es la falta de participación por parte de los actores de la sociedad civil. La miopía de los gobiernos en creer que los temas económicos, normalmente calificados como “prioritarios” -con la carga de improvisación que conlleva el apuro-, deben ser atendidos exclusivamente por los “expertos” en finanzas, ha obstaculizado la incorporación de planes estratégicos incluyentes, donde otros agentes económicos tomen parte en las decisiones. Dicho de otra manera, los círculos dirigentes latinoamericanos no han comprendido que la lucha contra la inseguridad social y económica pasa por la consecución de mejores oportunidades y el ejercicio de una nueva ciudadanía.

En este punto, resulta imperativo cimentar una noción de ciudadanía basada en la equidad y el respeto a las diferencias, a la vez que involucre y cohesione a una pluralidad de actores sociales que trabajen en función de un diseño macro de desarrollo, con miras a enfrentar los retos del mundo globalizado.

Uno de esos desafíos se encamina a articular las demandas sociales de amplios sectores, desde el acceso a redes de información, dentro de un campo tecnológico que modifica formas de sociabilidad y permite una mayor participación ciudadana. Como dice el sociólogo latinoamericanista José Déniz, “la mayor descentralización y la formación de redes hace posible que las demandas dependan más de actos comunicativos (haciendo uso del espacio mediático) que del sistema político tradicional, por lo que el ejercicio de la ciudadanía tiende a cambiar desde su propia práctica cotidiana, cuestionando el papel de los partidos políticos y de las instituciones nacionales”.

En el fondo, se trata de atrevernos a cuestionar la lógica excluyente de los discursos totalizadores, tanto políticos como económicos, con el fin de superar esa velada situación de minoridad que el sistema capitalista-liberal nos ha impuesto, mediante derechos civiles y políticos que no trascienden lo realmente importante: el involucramiento de las personas para que, desde su capacidad de organización y deliberación, se empoderen colectivamente para mejorar su calidad de vida.