Los cambios solicitados por el colectivo Tejido Social de Guayaquil para el transporte urbano fueron determinados a través de 21 sondeos efectuados por el Instituto de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (Iesop).

La agrupación reconoció que no ha socializado con los gremios transportistas las alternativas a la consulta popular. Ese referendo iba a resolver el tema del pasaje urbano en la ciudad.

Tras conocer que la Corte Constitucional viabilizó el proceso electoral, los representantes de las organizaciones que componen Tejido Social de Guayaquil decidieron no continuar con la iniciativa.

Gelacio Mora, representante del colectivo, explicó que el Iesop investigó sobre la postura de la ciudadanía en cuanto a costos y mejoras del servicio de transporte.

En las encuestas se estableció que un promedio del 72,91% de la ciudadanía se pronunció en contra de elevar la tarifa, y un 63,6% se mostró a favor de admitir un aumento de 5 centavos si es que primero se mejoran los buses.

Los entrevistados sugirieron entre los cambios la implementación de una caja común, paraderos y corredores de servicios.

Según Mora, se apela a la apertura de los propietarios y cooperativas de transporte urbano para que se reconozca el pedido de los usuarios. “Es hora de que se haga un examen de conciencia”.

Entre los requerimientos del colectivo, se solicitó a la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) que sea la encargada de coordinar los cambios acordados entre la mañana y tarde del martes.

También se estipuló el 31 de julio como fecha límite para que se den estas mejoras.

Sin embargo, las solicitudes de Tejido Social de Guayaquil son difíciles de cumplir y más aún en el plazo establecido, así lo aseguró Ricardo Onofre, dirigente transportista.  Conseguir  acuerdos y establecer una tarifa que justifique la inversión de las cooperativas de buses aparecen como los primeros obstáculos.

Un automotor nuevo, en 2006, costaba $ 86.000; mientras que en 2016 vale $ 130.000 (51% más que hace una década), según Onofre. “Buses nuevos con cinco centavos, es soñar”.

Para establecer el sistema de la caja común se hacen necesarios los paraderos. Onofre explicó que de esta manera se implementa un ordenamiento para evitar competencias entre los choferes por recoger pasajeros.

Establecer paraderos y educar en el corto plazo tanto al usuario como al conductor es complicado. “Tome en cuenta que el terremoto y la caída del puente (en av. de Las Américas) vino a modificar las rutas, y para cuando se normalicen las cosas pasarán al menos 6 meses”.

Además, aún persiste la costumbre de los pasajeros en exigir al conductor que pare en cualquier sitio -incluso a mitad de la calle-, “así como hay profesionales del volante que recogen donde mejor les parece”, citó Rodrigo Ruilova, de la cooperativa Inti Rumiñahui.

También existe la duda de si la ATM cuenta con el apoyo logístico suficiente para hacer respetar el sistema propuesto por Tejido Social de Guayaquil.

Para Ruilova hay buena voluntad por mejorar el servicio, pero exhorta a las autoridades a dialogar para alcanzar consensos.

Los dirigentes transportistas consultados por EL TELÉGRAFO coinciden en que es más fácil colocar paradas en dos meses y medio que implementar acuerdos sobre la caja común.

De igual manera, recuerdan que se recomendó al alcalde Jaime Nebot buscar la socialización de alternativas en lugar de llevar al ámbito político el tema de los pasajes.

Nebot, consultado sobre si intentó eludir el costo político de decidir el aumento de la tarifa, respondió que no se esquivó responsabilidades y que la ciudadanía también condicionó el incremento, según las encuestas del Iesop.

Mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta el cierre de esta edición, no confirmó si recibió oficialmente la decisión del colectivo impulsor de la consulta.

El lunes pasado, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, adelantó que el organismo cumplió con la disposición de la Corte Constitucional para aprobar el cronograma y la convocatoria de la consulta popular.

No obstante, anticipando una situación probable, dijo que si Tejido Social desistía, habría que “esperar para ver en qué términos llega la solicitud, pero lo que sí puede pasar es que inmediatamente lo vamos a analizar jurídicamente”. (I)