Un grupo de expolicías metropolitanos reveló que mientras formaba parte de la fuerza de choque municipal  recibió directrices, por parte de funcionarios del Cabildo, para agredir a vendedores informales de Guayaquil.

Los excolaboradores denunciaron directamente a Guido Hernández, quien es el actual comandante de la Policía Metropolitana (PM). Los exmetropolitanos lo acusaron de presionar a sus subalternos para que “hagan uso de la violencia” en el retiro de la mercadería a los comerciantes.

Los 11 elementos que informaron la anomalía divulgaron un video en el que, supuestamente, Hernández  ordena proceder de la misma manera en los decomisos sin importar si el vendedor es no vidente, de la tercera edad o embarazada. “Palabras del alcalde (Jaime Nebot), no mías”, ordena la voz de la grabación.

Robinson Gómez, exagente del Cabildo, afirmó que entre los cursos de capacitación recibidos, para quitar los productos, estaba el uso del tolete.  

El ciudadano recordó que él y sus compañeros fueron separados de la PM por distintos motivos: no acatar disposiciones de actuar con violencia contra los informales, personas con discapacidad y de  edad avanzada.

Gómez comentó que las lesiones recibidas en enero de 2005, durante un enfrentamiento con vendedores,  le provocaron epilepsia refractaria, lo que incidió en su separación. “Se me ofreció indemnización y casa, pero no he recibido nada”.

Los metropolitanos, aseguró, son obligados a realizar 10 decomisos diarios y en caso de no cumplir son multados hasta con 21 dólares.

En la exposición, efectuada en la Gobernación del Guayas, se mostraron reportes en los que se detallaron las detenciones temporales. Miguel Lozano, otro excolaborador, alertó que dentro del Cabildo hay un sistema de espionaje para detectar a empleados que hablan mal de la administración municipal.

Los equipos de monitoreo, denunció, fueron proporcionados por la empresa Internacional de Protección de Personas y Servicios Información (Uippsi), entidad que recibió 25.000 dólares por parte de la Fundación Teletón por la Vida, en 2007. El martes pasado, el gobernador Rolando Panchana reveló el mal uso de fondos por parte de la entidad municipal para fines distintos a la ayuda social.

El mismo día la fundación emitió un comunicado, firmado por Manuel García, coordinador administrativo financiero de la entidad, aclarando que el monto referido por Panchana no fue para capacitación, sino por “concepto de seguridad de los artistas y el evento de 2007”.

Lozano refutó aquello y aseguró que él, junto a otros 5 compañeros, se encargó de la seguridad tanto de funcionarios como de los artistas, antes, durante y después de los eventos.

Calificó como absurdo e ilegal que la fundación haya contratado los servicios de una empresa que no registra empleados, pagos tributarios y cuya sede era el hotel Sol de Oriente.

Uippsi, según una investigación realizada por la Gobernación, no tiene permisos de los ministerios del Interior y Relaciones Laborales, ni de las Fuerzas Armadas.