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No concuerdan con el proyecto de normativa que propone el ministerio del trabajo

Futbolistas solicitan una legislación propia para defender sus derechos

El ministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco (d), saluda con Amílcar Mantilla, miembro de la FEF, durante la presentación de la normativa laboral.  Foto: John Guevara / El Telégrafo
El ministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco (d), saluda con Amílcar Mantilla, miembro de la FEF, durante la presentación de la normativa laboral. Foto: John Guevara / El Telégrafo
02 de enero de 2015 - 00:00 - Redacción Fanático

A decir de Jorge Guzmán, gerente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE), el proyecto de reglamento del Ministerio del Trabajo es para defender los derechos laborales de los jugadores no cumple con las expectativas del gremio porque no incluye medidas que presionen a los clubes a cumplir sus responsabilidades patronales.        

Guzmán argumentó que únicamente 5 de los 24 clubes de las series A y B están al día en sus pagos, sin que existan sanciones severas hacia las entidades morosas. Sin deudas por haberes están: Independiente del Valle, Emelec, Liga de Quito, Mushuc Runa y River Plate.

La AFE considera que las deudas de los clubes por remuneraciones a los jugadores pasaron de $12 millones a más de $20 millones, aspecto que se refleja en el incumplimiento de pagos de varios clubes del país al finalizar la temporada.

“Deportivo Quevedo le terminó debiendo 4 meses a sus futbolistas, Imbabura, 3; Municipal Cañar liquidó a sus futbolistas sin pagarles y terminó jugando con la Sub-18. Es decir, hay un abuso total, las deudas se han incrementado”, dijo el dirigente.   

Agregó que mientras no existan políticas serias y medidas coercitivas, por más buena voluntad que tenga el Ministerio del Trabajo, en el país seguirán existiendo dos estados: Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Guzmán cree que si bien la cartera estatal busca que los sueldos se cancelen hasta el 10 de cada mes, los clubes, como siempre, harán caso omiso, pues se ampararán en la normativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), acerca de la autonomía del fútbol con respecto a la no intromisión del Gobierno en este tipo de asuntos.

“Aunque la República del Ecuador mande que se pague a los 10 días de cada mes y que los contratos se inscriban en el Ministerio del Trabajo, la República de la FEF, sencillamente, dirá que se puede pagar hasta 90 o 120 días después. ¿Quién le dice a la FEF que no escriba esas barbaridades inconstitucionales y que afectan los derechos de los trabajadores?”, citó.

La AFE sugiere que los contratos sean registrados en el Ministerio del Trabajo y, solo bajo esa condición, lleguen a la FEF. De esa manera se transparentarán la relación de dependencia y los montos a percibir por los exponentes.      

Recuerda que la inscripción exclusiva de los contratos en la FEF, en 2014, dio paso a situaciones como la ocurrida con Deportivo Azogues, que tenía 30 contratos de $ 340, es decir, de un salario básico unificado, una verdadera burla si se toman en cuenta los aportes a la Seguridad Social y la correspondiente carga impositiva.

Por los motivos expuestos, según Edwin Tenorio, vicepresidente de la AFE, la FEF es una de las principales responsables de la crisis que atraviesa la mayoría de clubes: no castigó a las instituciones que mantenían deudas con los jugadores, pese a que la Ley del Futbolista contiene mecanismos de sanción y de retención de recursos para hacer efectivas las obligaciones.   

Añadió que la actuación de la Ecuafútbol se contrapone a lo estipulado en el artículo 83 de la Constitución de la República, donde se habla de cumplir y hacer cumplir las leyes y las decisiones legítimas de autoridad competente, en su caso, la Ley del Futbolista.   

Los líderes de la AFE aspiran a que el Estado tenga plena participación en defender a los jugadores; no comprenden cómo Barcelona, que mantiene deudas de 2013 y ahora de 2014, continúe vinculando jugadores. Esta realidad se repite en otras instituciones.  

Pocos acudieron al llamado

Solo representantes de 4 clubes de fútbol acudieron, el pasado martes, al llamado del Ministerio del Trabajo para la primera reunión en la que se explicó el proyecto de acuerdo ministerial que dicha cartera  alista para salvaguardar los derechos laborales de los deportistas que trabajan bajo relación de dependencia. A la convocatoria concurrieron Nicolás Vega, de El Nacional; Roberto Arroyo, de Independiente del Valle; Euclides Mantilla, de Espoli, y Orlando Salazar, de Macará, quienes conversaron con Carlos Marx Carrasco, ministro del Trabajo. También participó Amílcar Mantilla, enviado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Mantilla precisó que, además de plantear que los salarios de los deportistas se desembolsen en los 10 primeros días de cada mes, la propuesta menciona un plazo máximo de 30 días para la cancelación, en un solo pago, de las primas que reciben los jugadores.  

Nicolás Vega, gerente de El Nacional, enfatizó que la moción estatal no se está socializando sino consensuando, ya que el éxito de todo reglamento se basa en los acuerdos, no en las imposiciones.

Los directivos de los clubes, de Ecuafútbol y de la AFE fueron invitados al mismo lugar para, desde las 16:00 del martes 6 de enero, protagonizar una nueva sesión con las autoridades de trabajo.

DATOS

Pese a que la mayoría de los clubes de primera afrontan problemas económicos, el titular de la FEF, Luis Chiriboga, ha insistido en que el balompié local no está en crisis.     

Motivados por la vulneración de derechos laborales que han padecido los futbolistas ecuatorianos, en octubre pasado miembros de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) visitaron el país.

Tras la visita de la FIFPro, Edwin Tenorio dijo que en 7 de las 10 naciones sudamericanas se respetan los derechos laborales de los jugadores. No se lo hace en Paraguay, Venezuela y Ecuador.       

La AFE no concuerda con que la propuesta del Ministerio del Trabajo sea general para deportistas bajo relación de dependencia; cree que los futbolistas merecen una reglamentación exclusiva que contemple todas sus particularidades.

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