Cuando pensamos en las Islas Galápagos, la primera imagen que nos surge está repleta de piqueros, tortugas y lobos marinos, de la mano de discursos y narrativas de las islas como un espacio paradisíaco, prístino, y que inspiró en 1859 a Darwin.

Es en este marco en el que, desde el nombramiento de Galápagos como el primer parque nacional por parte del Estado ecuatoriano en 1959, la dinámica ambiente-sociedad ha marcado la construcción de una política pública que ha invisibilizado la presencia humana en las islas o la ha polarizado como una “amenaza” para la conservación.

Esta forma de “borramiento” ocasiona que ambiente y sociedad no se miren en interacción, sino en constante oposición. Quienes escribimos este texto esperamos que Jénnifer Haz no sea parte de este borramiento. Maestra parvularia, hija, amiga, madre, fue atacada brutalmente por su exconviviente en una de las islas paradisíacas del archipiélago: Santa Cruz. Jénnifer y su familia venían desde la isla San Cristóbal.

Desde hace un año venimos realizando investigaciones con el apoyo del Galapagos Science Center (GSC); Universidad San Francisco de Quito USFQ,  en conjunto con el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG), en alianza con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Buscamos analizar las distintas manifestaciones de violencia basadas en género y otras violencias, abordándolas desde la perspectiva de la ecología política de las islas.

Los datos obtenidos muestran que al menos una de cada tres mujeres en Galápagos han sufrido alguna forma de violencia, empezando por la violencia física  y escalando hasta la violencia feminicida que nos convoca actualmente con el femicidio de Jénnifer. Más aún, evidenciamos no solamente una perspectiva de género desde las mujeres, sino también desde los hombres.

El reconocimiento de los tipos de violencia y sus implicaciones es clave como un mecanismo de re-educación para quienes usan la violencia como una forma de comunicación.

Luego, la violencia se reproduce en gran mayoría de hombres, quienes lo hacen respondiendo a dictados culturales aprendidos desde niños. Sumado a esto, recordemos que el solo hecho de vivir en las islas expone a las personas a vivir violencia estructural en formas concretas: la dificultad de abastecimiento de productos de consumo, de acceso a un servicio de salud con insumos y personal capacitado en todas las islas.
 

Leyes que priorizan la protección hacia la naturaleza y a los turistas y olvidan a la población local, no contar con las redes de apoyo que tendrían en el continente (en caso de personas migrantes), costo elevado de vida con pagos menores al salario mínimo establecido por el régimen especial de Galápagos, falta de acceso a agua potable, deficiencia alimenticia que deviene en problemas de nutrición, entre los principales.

Todo esto se agrava con el contexto actual covid-19. Por esto se debe considerar que las formas de violencia, como la basada en género, se insertan en el marco de la ya existente violencia estructural que ocurre en el archipiélago.

Frente a esta violencia sistémica resaltamos el papel fundamental de liderazgo y participación política activa de mujeres en las islas, muchas trabajando comprometidamente a favor de la erradicación de la violencia basada en género, incluso a pesar de tener una tasa mayor de desempleo que los hombres y, por ende, mayores obstáculos para su autonomía económica.

Estas agrupaciones y colectivos de la sociedad civil se convierten en espacios de prevención e intervención contra la violencia, pues crean solidaridades y redes de apoyo.

Algunos ejemplos en Isabela son Las Flores de Galápagos, Asociación Uniendo Fuerzas Formamos Futuro (UFFF), Manos Reciclando. En Sta. Cruz: Consejo Consultivo de Mujeres, Fundación Un Cambio por la Vida, Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres en Alerta (MAGMA), y en San Cristóbal: Círculo de Mujeres, Movimiento de Mujeres de San Cristóbal, Organización de Mujeres Cecilia Alvear, Mujeres Artes Verdes y la Organización Amanecer Galápagos.

Jénnifer había alertado a las autoridades. Ella no calló. En la gran mayoría de casos, las mujeres seguimos siendo violentadas hasta que la violencia acaba con nuestras vidas y no porque decidamos “mantener el silencio”, sino porque, comúnmente, la primera red de apoyo en la que confiamos, nuestra familia o amistades, nos falla.

El principal disuasivo contra la denuncia es la presión familiar y social que encubre y protege a los agresores, y culpabiliza a quienes viven violencia: principalmente niñas, niños, adolescentes y mujeres. Estos tejidos sociales de la impunidad social, como los llamamos, facilitan a su vez la impunidad legal: más del 50% de hombres y mujeres en las Islas Galápagos confía poco en la Policía, los sistemas de justicia y de promoción y protección de derechos.

La impunidad social y legal sumada a los vacíos institucionales hacen aún más difícil que quienes viven violencia tengan a dónde acudir o que, como en el caso de Jénnifer, fallen los mecanismos de protección que deben funcionar para precautelar sus vidas. Se torna urgente fortalecerlos. (O)

María Amelia Viteri, Cristina Yépez, Diego F. Cisneros-Heredia,Flavio Carrera V., Isabel Iturralde V.