En Ecuador la naturaleza tiene derechos reconocidos en la Constitución y, sin embargo, desde 1990 ha perdido para siempre unas 2 millones de hectáreas de bosques: el doble del tamaño de todo el Parque Nacional Yasuní. En esta serie de tres reportajes realizados con apoyo del Centro Pulitzer, describiremos lo que está sucediendo en las regiones de frontera, donde se registran hoy las tasas más altas de deforestación en el país.

Despuntaba el año 2005 cuando en el poblado indígena de Guadualito un dirigente awá explicaba ante una cámara de televisión cómo funcionaba el cepo, ese yugo que utilizaban los hacendados para castigar a indígenas y esclavos rebeldes. Visiblemente avergonzado, nos confesaba que a él mismo su pueblo lo había condenado a este correctivo por haber vendido la madera de una parte del bosque propiedad de la comuna.

Ya para entonces las cifras de deforestación en Esmeraldas causaban pavor. En apenas una década se había talado un tercio de todos sus bosques. En la región norte, la destrucción apenas comenzaba. Por las carreteras que van a San Lorenzo y a Mataje -la hoy frontera caliente con Colombia- las compañías madereras habían desplazado grandes maquinarias que abrían senderos en la selva para llevarse los árboles más valiosos. Todas alegaban contar con permisos gubernamentales y planes de manejo ambiental que incluían reforestar las áreas taladas. Una mentira descarada, porque detrás de los bulldozers llegaron los productores de palma africana para comprar a precio de ocasión las tierras, y arrancar de raíz lo que aún quedaba.

Hoy se estima que apenas sobrevive un tres por ciento de la selva del Chocó ecuatoriano, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta que se extiende desde el norte de Colombia hasta Perú. Los últimos remanentes quedan en Esmeraldas, que es la provincia del país donde más se deforesta: 12 mil hectáreas por año, una superficie equivalente a la de Cuenca y Ambato, juntas.

San Francisco del Bogotá

Por siglos, el norte de Esmeraldas fue casi impenetrable para la explotación de recursos. Las comunidades negras e indígenas awá, chachi y épera mantuvieron virtualmente intactos los bosques de sus territorios ancestrales; pero ese mismo aislamiento también los mantuvo al margen de la asistencia estatal, y el que abonó el terreno para la explotación feroz de sus recursos naturales en las últimas dos o tres décadas. "El norte de la provincia, sostiene Pablo de la Torre ex director provincial de Ambiente, fue visto siempre como una gran despensa de donde sacar productos naturales: madera, tagua, oro, balsa, todo lo que se podía sacar de manera primaria. Es que se aprovechan de la situación económica de las comunidades, porque la gente no tiene fuentes de trabajo para mantener a sus familias, para dar educación a sus hijos".

En sitios como San Francisco del Bogotá, a media hora de San Lorenzo, parte de los pobladores decidieron dedicarse a la minería ilegal en las orillas del río. Hoy, tras una década de explotación, el oro está casi agotado y el pueblo no ha cambiado casi nada.

Manuel Caicedo, lo recuerda así: "Los árboles de chanul, de sande, estaban aquí mismo. Las madereras arrasaron con todo y se fueron. Al terminarse la madera vimos que ya estábamos como en un desierto, sin de dónde sacar ni un pequeño recurso. En el 2008 comenzó la minería, hizo destrozos talando la selva y el borde de los ríos se extendió por kilómetros de cada lado. Algunos mejoraron sus casitas, pero ahora de nuevo quedamos vacíos..."

Alguna gente, entonces, se fue a trabajar a las palmícolas de la zona. Otra se esperanzó cuando el gobierno de Rafael Correa anunció con bombos y platillos que se los iba a contratar para un masivo plan de reforestación. "La gente se puso alegrísima, menea la cabeza don Manuel. Dijimos: ya que no hay fuentes de trabajo aquí, cada quien tiene hectáreas para reforestar. Pero la plata llegó a la Junta Parroquial y de ahí se esfumó. Se la gastaron en política...".

"El presidente de la Junta se compró una retroexcavadora para hacer minería" apunta otro vecino. Los demás asienten. "¿Y no los denunciaron?", pregunto. "Aquí nadie podía abrir la boca, dicen casi en coro. El correísmo tenía sapos que contaban todo. Y como aquí estamos tan cerquita de la frontera...". Y no sólo ellos se quedaron sin trabajo: millares de arbolitos que estaban listos para ser sembrados se pudrieron en los viveros.

Durante la década correísta las comunidades se dividieron como nunca antes en su historia. Isabel Padilla, ingeniera afroecuatoriana y secretaria ejecutiva de la Pastoral Social de Esmeraldas no se ahorra las críticas. "Al declararse como extractivista, el gobierno alentó esa división. Entonces, los que tienen más vienen y convencen a todos, y hay conflictos. Incluso entre familias que unos son mineros y otros no son mineros; unos son palmicultores y otros no, unos trabajan, otros se benefician. Entonces ya no hay esa organización, esa unidad comunitaria, y así llegan ellos y compran sus tierras. La plata te divide..."

Los obreros reconocen que la gran masa de bosques se está perdiendo y hoy en día la zona parece un desierto por la tala de árboles. Foto: Rodolfo Asar / especial para El Telégrafo

El Progreso

No hay un cartel que advierta al viajero por dónde se entra al recinto afroecuatoriano El Progreso. Quien acierta a tomar el camino, debe primero surcar un mar de palmas remecidas por el viento y, cuando ya ha perdido la esperanza de encontrar a alguien, en la curva de un río se topa con un parque, un tanque elevado y un puñado de casas de madera. La de don Domingo Francis , aunque humilde, es de ladrillos, y su sala de estar es también tienda de comestibles. Los vecinos lo señalaron para que nos explique cómo es que durante su mandato como presidente se vendió buena parte de las tierras que eran propiedad de la comunidad. "Buena parte no, aclara. Fueron 665 hectáreas de las 1.600 que nos dio el Estado. Llegaron los palmicultores de la empresa Epacem, dividieron a la gente y convencieron a quince comuneros para venderles lo que sería su parte. Eso fue en los años 90's"

La idea de las sucesivas reformas agrarias que comenzaron hace ya más de medio siglo era eliminar, por una parte, la tenencia precaria de la tierra, y por otra la concentración de la producción agrícola en pocas manos. Así, el Estado fue entregando la posesión de tierras ancestrales a las comunidades indígenas y negras, aunque su legalización fue siempre lenta y conflictiva. "Quien podía tener escrituras de sus predios, afirma Pablo de la Torre, era quien tenía recursos económicos, más no la gente de las comunidades que apenas sacaba de la naturaleza lo necesario para vivir y no tenía para legalizar sus tierras. Cuando llega el boom de la palma al norte de Esmeraldas, obviamente pudieron comprar las tierras de la gente que no tenía escrituras".

Según datos de un censo nacional, en el año 2017 había en todo el país un cuarto de millón de hectáreas sembradas con palma africana, de las cuales la mitad está en Esmeraldas. Sólo en la zona norte (San Lorenzo y Ricaurte) se registran casi 30 mil hectáreas en apenas 175 plantaciones, lo que habla a las claras que se trata de emprendimientos con gran inversión de capital. Las opiniones sobre esta actividad económica relativamente nueva están divididas.

Ricaurte, a apenas 15 minutos de la frontera con Colombia, luce desolado en el sol abrasador del mediodía. Los violentos sucesos en la cercana Mataje han terminado de convencer hasta a los más reacios: seis de cada diez comuneros ya han vendido sus tierras a las empresas, pasando de propietarios a empleados. "Al menos con las palmícolas hay un ingreso seguro para los que todavía quedan" sostiene Iván. Algunas familias ya han emigrado a la capital de la provincia. En El Progreso, en cambio, el cultivo industrial de la palma parece haberles traído más probelmas que beneficios. "Aquí no contratan a nadie, y la gente vive de cosechar el coco de la palmera nativa, dice Domingo, pero la enfermedad del cogollo que está matando a la palma se ha contagiado a algunas plantas de por aquí. Ya no va quedando nada de lo que podamos vivir".

El cepo

Aquella Esmeraldas, la conocida como "provincia verde" por sus bosques, va quedando en el recuerdo. En la carretera Troncal del Pacífico, por la entrada a la playa de Las Peñas, los bosques han desaparecido para dar paso a pastizales que se pierden tras las colinas. Una cerca de alambre y palos pintados de dos colores se extiende a lo largo de varios kilómetros y en ambas orillas. En una pequeñpa planicie, una cuadrilla de obreros erige unas ostentosas edificaciones, las instalaciones de una flamante feria ganadera. "Son capitales colombianos", coinciden los entrevistados, y lo confirman dos vaqueros paisas que quieren saber para qué estamos tomando fotos. "Estos señores les están trayendo trabajo a los ecuatorianos", explican, sin que nadie les pregunte. Isabel Padilla, en cambio, sí lo hizo, pero fue inútil: "Hemos hecho denuncias, hemos ido afuera de la Presidencia desde la época de Correa, y nadie nos presta atención".

Tanto silencio parece explicarse por la cercanía con la frontera. Apenas traspasando la línea, el negocio del narcotráfico continúa boyante en algunos de los municipios más violentos de Colombia. Y cualquier emprendimiento que signifique una alternativa económica para la gente de este lado es bienvenida. Aquí nadie olvida que el propio Guacho provendría de una familia empobrecida de Esmeraldas. A la ingeniera Padilla también le preocupan los cambios que ve en su propia gente: "ahora hay más diferencias sociales, más pobreza, hay delincuencia, personas extrañas  dentro de las comunidades que llevan vicios ajenos, droga, prostitución, inseguridad. La gente se calla por miedo, porque ha habido muertos. Antes todos nos conocíamos, ahora no sabemos quien es quién".

Sin embargo, el problema de la degradación ambiental va más allá de las urgencias de la coyuntura y sus políticas. Cultivos industriales, minería, camaroneras, ganadería: es tan grande y tan veloz la devastación de los bosques de Esmeraldas, que la propia gente de la zona asegura que el clima ya ha cambiado. De la Torre advierte: "Los problemas más graves ya no son ni siquiera la deforestación: es la progresiva desertificación. Hay vegetación que se da sólo en bosque seco, al sur, límite con Manabí, pero hoy uno empieza a ver ese tipo de vegetación cada vez más hacia el norte de Esmeraldas. Eso es preocupante".

Con Germán Ortiz nos encontramos en la entrada de la vía a Guadualito. Descendiente de indígenas y afros, es el actual dirigente de esta comunidad muy cercana a Mataje, puerta del territorio awá y última gran reserva de bosque primario de la región. Es una suerte de oasis encerrado entre las palmícolas del lado ecuatoriano y los masivos cultivos de coca del lado colombiano. Pero un oasis que puede desaparecer pronto. "Nuestro ríos ya están contaminados por las fumigaciones de la palma, asegura. Y estamos en disputa con el propio Estado que quiere entregar concesiones mineras alegando que es el dueño de las riquezas del subsuelo. Pero nosotros somos los dueños legales de lo que está encima, así es que debían habernos consultado como dice la ley."

Las concesiones previstas abarcan 75 mil hectáreas, dos tercios de todo el territorio que les queda. Y aunque han presentado una demanda en la Defensoría del Pueblo, ya tienen un adelanto de lo que podría suceder. "En algunas partes ya tenemos minería ilegal. La falta de proyectos productivos, la necesidad, han llevado a algunas comunidades a dar paso a algunas de estas explotaciones. Y contra eso estamos tratando de crear consciencia". Nos queda la última pregunta que antes de verlo partir en su motocicleta: ¿será que aún conservan sus costumbres? "Sí claro, sonríe, ese cepo todavía existe".

Muchos de los habitantes de esta provincia se han visto abocados a trabajar en actividades que no les gusta como la minería para llevar el sustento diario a sus hogares. Foto: Rodolfo Asar / especial para El Telégrafo

Medidas para disminuir la deforestación en Esmeraldas

-Urgente ordenamiento territorial para determinar en qué puede usarse la tierra y cuánto bosque debe mantenerse.

-Financiamiento de planes de recuperación de bosques manejados por las propias comunidades.

-Exigir planes a las empresas palmícolas para recuperar y mantener bosques en las orillas de corrientes de agua.

-Control estricto de la minería y de la tala ilegales.

-Créditos blandos y a largo plazo para pequeños agricultores.

Rodolfo Asar
Especial para EL TELÉGRAFO (Parte II)