En la noche del miércoles, a través de un mensaje a la Nación, el Presidente de la República, Rafael Correa, anunció 5 medidas para afrontar las necesidades de financiamiento generadas por el terremoto sucedido el sábado 16 de abril.   

Durante el día de ayer, funcionarios del gabinete explicaron algunas características del proyecto de Ley de Contribución Solidaria con las víctimas del terremoto de Ecuador, con el que se espera recaudar entre $ 650 millones y $ 1.000 millones. Además expusieron otras acciones que serán emprendidas en beneficio de las poblaciones damnificadas en Esmeraldas y Manabí.

El incremento del 2% al Impuesto al Valor Agregado es temporal

Vinicio Alvarado, ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, señaló que las medidas tienen como propósito afrontar la situación de emergencia generada por el terremoto.  

Además precisó que el 2% del incremento solidario al Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendrá una duración de un año y no afectará al 90% de los alimentos. A su vez, el 100% de las medicinas están exentas de pago del IVA (Ver infografía).

Por su parte, Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, expresó que, en estos momentos, las medidas son necesarias debido al requerimiento de conseguir miles de millones de dólares para la reconstrucción de las zonas con daños severos.

“El incremento de los 2 puntos del IVA me parece adecuado. Estoy de acuerdo con la donación de los días de sueldo y que esta se haga de forma proporcional a lo que se gana”, dijo.  

Alarcón manifestó también que ese incremento podría generar una disminución del volumen de ventas de algunas empresas y que “no se va a recaudar mucho con el 3% de las utilidades porque las empresas no están generando muchas utilidades sino que estas están decreciendo”.

Quienes perciban más de $ 1.000 contribuirán con 1 día de sueldo

En el proyecto de ley, que se enviará a la Asamblea con el carácter de económico urgente, una contribución solidaria que deberán efectuar quienes perciben más de $ 1.000 mensuales.

Dependiendo de sus ingresos, las personas contribuirán con un monto equivalente a un día de su sueldo mensual o un día de sus ingresos mensuales. Esta medida aplica a quienes trabajan en relación de dependencia o a quienes perciben otro tipo de ingresos como son las rentas de los profesionales.

“Entre $1.000 y menos de $ 2.000, el número de meses en que se aplica esta contribución solidaria es de 1 mes. Quienes perciban entre $ 2.000 y menos de $ 3.000 contribuirán con 1 día de su sueldo o ingreso mensual por 2 meses. Quienes perciban entre $ 3.000 y menos de $ 4.000 contribuirán durante 3 meses con 1 día de su remuneración. Quienes perciban entre $ 4.000 y hasta $ 5.000 contribuirán con 1 día de su remuneración por 4 meses. Y quienes perciban de $ 5.000 en adelante contribuirán con 1 día de su remuneración o ingreso equivalente mensual durante 5 meses”, explicó el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando.

En el caso de las personas que trabajan bajo relación de dependencia, esta contribución solidaria sería retenida por sus empleadores. Si la propuesta se aprueba en mayo, la primera retención efectuada por el empleador sucederá en junio y deberá ser enviada al SRI en julio.

Los daños y pérdidas podrían superar los $ 3.000 millones

Según informó Orlando, por el incremento de los 2 puntos porcentuales del IVA se espera recaudar cerca de $ 720 millones (incluidas las devoluciones) que serán canalizados a las tareas de rehabilitación y reconstrucción.

De su lado Patricio Rivera, ministro Coordinador de la Política Económica, dijo que según una estimación preliminar, los daños y pérdidas ocasionados por el terremoto equivaldrían al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, $ 3.000 millones.

Añadió que esa cifra podría aumentar al momento de efectuarse una valoración más exhaustiva. A ese efecto, el levantamiento de la información sobre las afectaciones está siendo realizado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y otras instituciones del sistema de Naciones Unidas.

Como resultado de esos análisis, en las próximas semanas el Gobierno Nacional tendrá a su disposición una valoración más certera de la magnitud de los impactos, lo que le permitirá organizar mejor las ayudas internas y externas. “Tras cumplir esta primera fase de atención humanitaria, las instituciones multilaterales activaron los recursos y los desembolsarán en las próximas semanas. De esta forma se podrán reponer las asignaciones hechas por el Estado en los últimos días para atender la coyuntura”, expresó Rivera.

Sobre el BIESS y los seguros para las personas afectadas

A más de los beneficios tributarios, las autoridades manifestaron que las personas de las zonas afectadas que tenían un crédito hipotecario con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), están cubiertas por un seguro, gracias al cual no tendrán que cubrir la deuda pendiente con la entidad.

Aproximadamente 14.000 familias gozarán de este beneficio, acotó Rivera, añadiendo que el BIESS reconocerá los valores que aportaron sobre una vivienda que ahora ya no existe debido al terremoto.

Por otra parte, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dispuso que todas las aseguradoras presenten semanalmente un detalle de los siniestros reportados con relación a esta catástrofe.  

Las aseguradoras privadas no pueden alegar falta de aviso de siniestro dentro de los plazos pactados en las respectivas pólizas. (I)

----------------------------------------------

La normativa tendrá carácter de económico urgente

En junio entraría en vigencia el proyecto de ley para contribuir con damnificados

El presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Virgilio Hernández, informó que se viabilizará el trámite de dos proyectos de ley económico-urgente a la vez.

El primero será sobre el tratamiento en segundo debate del proyecto para el equilibrio fiscal, cuyo análisis, según Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, se retomará la próxima semana.

El segundo se refiere a las medidas que anunció el Presidente de la República para afrontar los daños causados por el terremoto del sábado 16 de abril. “Analizaremos de manera inmediata la propuesta. La Constitución de la República es muy clara: cuando existe un estado de excepción se puede tramitar más de un proyecto económico-urgente a la vez, de tal forma que, apenas llegue el proyecto, hay que analizarlo”, dijo.

Con respecto a los eventuales rendimientos que emergerían de un incremento temporal de 2 puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el asambleísta Hernández indicó que por cada punto adicional de IVA, el Estado ecuatoriano suele lograr una recaudación suplementaria de $ 500 millones anuales.

El nuevo proyecto legislativo se tratará con carácter de económico urgente. La Asamblea dispondrá de un plazo de 30 días para aprobarlo. De ser así, la ley entraría en vigor a partir de junio. (I)

-------------------------------------------------

En beneficio de las zonas afectadas

Decreto plantea las exoneraciones de los tributos

Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando (foto), informó que mediante resolución se dispuso una serie de beneficios tributarios para los damnificados de las provincias de Manabí y Esmeraldas. El primero es que se amplía el plazo del pago de las cuotas del Régimen Impositivo Simplificado (RISE), hasta septiembre. Aplica para las personas que acumulen pagos desde enero.

También se amplía para la declaración y pago de impuesto a la renta para el ejercicio fiscal 2015. En el caso de sociedades, aquella debía realizarse durante este mes de abril hasta el mes de septiembre de 2016.

Hasta ese mismo mes también se prolonga el plazo del pago de todos los demás impuestos y tasas vehiculares. Para ello se ha coordinado con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y con el servicio público para pago de accidentes de tránsito, explicó.

Por otra parte, hasta julio de este año se extiende el plazo de las demás declaraciones y pagos relacionados con el IVA y retenciones, teniendo similar tratamiento otras obligaciones tributarias que se hayan vencido en estos días y las que se venzan en los meses siguientes.

Mediante Decreto Ejecutivo se exonerará del anticipo de Impuesto a la Renta por el periodo fiscal 2016 a los contribuyentes de Manabí y de las zonas afectadas del sur de Esmeraldas.

Mientras que el proyecto de ley de Contribución Solidaria también contempla algunos beneficios, agregó Orlando. No se pagarán las cuotas RISE de abril a diciembre de 2016. Se exonera, además, el pago del saldo del Impuesto a la Renta del 2015 tanto a personas naturales como empresas. Lo propio ocurrirá en el ICE a los bienes donados a entidades públicas; aplicaría para cocinas o cocinetas a gas que se usen en albergues o en viviendas que se puedan reconstruir.

Las donaciones están libres de todo impuesto. Los contribuyentes que hayan pagado alguna de las obligaciones que se acogen a estos beneficios recibirán la devolución de esos valores. (I)

-------------------------------------------------

Varias opciones y mecanismos se analizarán para su venta

El Estado evaluará cuáles activos no son indispensables para la gestión pública

Foto: Archivo / El Telégrafo

En la noche del miércoles pasado, el Presidente de la República anunció también la posible venta de activos del Estado. Durante su intervención, el Mandatario no proporcionó detalles sobre cuáles serían esos activos, cuándo comenzarán los procesos de venta o cuánto dinero se espera conseguir.

No obstante, expresó que “el país también tiene muchos activos, fruto de la inversión de todos estos años. Se buscará vender algunos de ellos para superar estos momentos tan difíciles”.

Ayer, el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, manifestó que el Estado tiene activos que son altamente productivos, como las hidroeléctricas recientemente inauguradas y que tienen altas tasas de rentabilidad. En noviembre de 2015, Rivera indicó que las centrales alcanzaban un nivel de rentabilidad del 39%. “En una coyuntura compleja como aquella en la cual estamos, tenemos que optimizar el paquete de activos”, señaló y recordó que el Estado aún gestiona los activos heredados de la crisis bancaria ocurrida en 1999.

Debido a esta circunstancia, el ministro indicó que el Ejecutivo está analizando cuál es la manera más eficiente de vender esos activos y, también, cuáles son los que no son indispensables para la administración pública.

Rivera no profundizó sobre los mecanismos, criterios técnicos y posibles montos de venta de los bienes. Lo que sí aseguró es que, en los próximos días, cuando el informe esté listo, se precisarán los detalles de las transacciones.

Desde 2007, el Gobierno Nacional invirtió en la repotenciación económica y financiera de varias empresas públicas que han reportado rentabilidad. Entre ellas se encuentran la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la Empresa Pública del Agua (EPA).

En el caso de CNT, por ejemplo, el expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) Patricio Chávez, en una entrevista concedida a EL TELÉGRAFO y publicada el pasado 14 de marzo, manifestó que “es una empresa financieramente rentable y, también, socialmente rentable porque ofrece comunicación en lugares donde las empresas privadas no lo harían”.

Entonces mencionó que, si se analizan los resultados de la corporación y se los compara con las operadoras privadas, CNT tendría la capacidad para ser incluso “más rentable y eficiente”.

De acuerdo a su último informe de rendición de cuentas, entre 2010 y 2015, CNT obtuvo $ 473,9 millones de ingresos adicionales. Esta característica convierte a la empresa telefónica en un negocio potencialmente atractivo.

Sin embargo, en el último año, no todas las empresas públicas exhibieron resultados positivos, según los indicadores tradicionales de desempeño financiero. Entre 2014 y 2015, por ejemplo, la aerolínea ecuatoriana Tame registró pérdidas por $ 58 millones y, según las proyecciones para este año, aún existiría déficit.

Para repotenciar su desempeño financiero, se emprendieron acciones para mejorar las condiciones de la compañía que empezaron a aplicarse desde el año pasado, logrando ahorrar $ 30 millones por reducción de costos operativos.

Por otra parte, además de una reestructuración de las rutas aéreas, se suspendieron vuelos de baja demanda, como las rutas Quito-Sao Paulo-Quito o Quito-Fort Lauderdale-Quito.

También se tenía planificado optimizar la flota de Tame que estaba conformada por unas 20 naves, según la información disponible hasta principios de marzo. Con anterioridad, en los análisis de la compañía presentados en febrero por Paola Carvajal, quien estaba desempeñándose como gerente de Tame, se señaló la posibilidad de vender 4 aviones para alcanzar un tamaño óptimo en la flota y volver “totalmente rentable” a la empresa en 2017.

En su momento, Chávez explicó que Tame ha sido una aerolínea que trabajó con pérdidas financieras porque ha cumplido con una rentabilidad social. (I)