Una superintendencia para vigilar y controlar el ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano de los municipios es uno de los elementos que la comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea socializa. Ese planteamiento forma parte del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo.

El proyecto, que fue aprobado el año pasado en primer debate, se encuentra en etapa de socialización previo a su segundo y definitivo debate, previsto para junio. La propuesta cobró impulso tras el terremoto del pasado 16 de abril porque la tragedia puso en evidencia la informalidad en la construcción de edificaciones.

Para el asambleísta Octavio Villacreses, que el pasado lunes participó en la socialización del proyecto en Guayaquil, luego del terremoto se hizo oportuno tratar el tema con colectivos relacionados a la construcción, la academia y gremios.

El presidente de la comisión, Richard Calderón, explicó que la comisión ha nutrido el documento. Para él es necesaria la creación de una superintendencia de ordenamiento territorial, así como de un consejo técnico de regulación. Esas instituciones, dijo, tendrían respaldo constitucional.

“Esta superintendencia no será parte del Ejecutivo, sino del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como lo establece el artículo 213 de la Constitución”, aclara.

Serían entidades encargadas de controlar y vigilar los servicios y derechos, tanto de las empresas públicas y privadas, como de los municipios.
No solo el terremoto reveló los problemas, sino también otros desastres naturales. Esas tragedias se magnifican por la falta de planificación en los asentamientos humanos.

Cita como ejemplo el problema ocurrido en Alluriquín (Santo Domingo de los Tsáchilas). Esa parroquia en días pasados se inundó luego de que un río cercano se desbordara. El lodo que bajó por la ladera mató a 4 personas. Cuando el presidente Rafael Correa visitó la zona, recalcó que las personas no pueden vivir en zonas de riesgo.

Calderón recuerda que existen ciudades con asentamientos humanos irregulares, que a su vez generan otros problemas como insuficiencia de servicios básicos e inconvenientes en la accesibilidad. A eso se añade que pocos municipios tienen un sistema de determinación de zonas donde pueden expandir la frontera urbana.

“Debemos tomar en cuenta que nuestro país está en una zona de alto riesgo sísmico, de erupciones, el fenómeno de El Niño y otros problemas naturales, de tal manera que es un debate profundo”, sostiene Calderón.

Informalidad en construcciones

Villacreses advierte que con ley o sin ley no se hubiera evitado la magnitud de la tragedia, ya que pese a que está en vigencia una norma de construcción, existe un problema de índole cultural: la informalidad de las construcciones.

“Existen responsables y son los 221 municipios que tienen el control de las construcciones, también de los constructores; existen buenos y de los otros y también ciudadanos conscientes y otros que no, por eso esta ley es un paso muy importante hacia la formalización urbana”, aseguró el exconcejal de Guayaquil.

En el caso del puerto principal, Villacreses afirma que existen aportes de universidades y colegios de profesionales que han recomendado al Municipio la necesidad de reforzar los pasos elevados y ciertas edificaciones. “Si hubiera existido una superintendencia, estos colegios habrían compartido sus sugerencias con este organismo, que, con la capacidad constitucional, podría hacer que los municipios rectifiquen”.

El asambleísta afirmó que la superintendencia de ninguna manera afecta a la autonomía de los municipios, ya que sería un organismo que velaría por el control, vigilancia y cumplimiento de las leyes ya existentes.

De acuerdo con los plazos previstos, la comisión continuará con la socialización del proyecto durante este mes y para junio próximo, con los aportes y observaciones se mejorará el contenido para que sea aprobado por la Asamblea, en segundo y definitivo debate. (I)

DATOS

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial será una entidad técnica de vigilancia y control, con capacidad para sancionar, que funcionará de forma desconcentrada e independiente. Tendrá autonomía administrativa, económica y financiera. Formará parte de la Función de Transparencia y Control Social.

Entre sus atribuciones estarán el vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y normas relacionadas con los procesos e instrumentos de ordenamiento territorial y la aplicación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, así como las normas sobre planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo urbano y rural.

También velará porque los municipios impongan las sanciones administrativas previstas en esta ley. Además llevará un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.