La presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, Lorena Tapia, anunció que hasta finales de año la entidad firmará un convenio, con el Ministerio de Finanzas y el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), para el financiamiento de un sistema portuario que facilite la provisión de suministros a la región insular.

Según Tapia, la inversión requerida para establecer muelles e infraestructura logística, tanto en Guayaquil como en las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, alcanza los $ 18 millones.

En Guayaquil, está planificado que la estructura portuaria se realice en Puerto Gal (espacio estatal).

En tanto, en la región insular una opción es instalar el equipamiento en las áreas en que, actualmente, se realiza el desembarque de vituallas y materiales desde barcazas, aunque los estudios de mareas y profundidades serán los que determinen los sitios específicos.

Según la ministra, esto permitirá en el futuro aplicar subsidios a la tarifa de transporte hacia dicha región del país, abaratando precios y aliviando la situación de los habitantes insulares, entre otras cosas.

Además, la existencia de una infraestructura óptima y especializada permitirá el encargo a un operador de todas las fases del transporte de carga (fletes y logística).

La exigencia será que en todas cumpla parámetros de calidad.

Aunque la intención del Gobierno Nacional es ejecutar las obras en un año, el Consejo del Gobierno de Galápagos tiene otros planes a   corto plazo para mejorar y garantizar el envío de suministros desde el continente.

Uno de ellos es la reforma de las normas con las que operan los dueños de barcos autorizados a realizar los viajes y los operadores portuarios de carga (OPC).

La intención de estas modificaciones es establecer reglas claras, sobre todo en lo que tiene que ver con sanciones por incumplimientos o problemas.

De esa manera -dice Tapia- se determinará, por ejemplo, cómo debe responder el armador (dueño del barco) en caso de retraso o aplazamiento de los viajes, como ocurrió hace unas semanas cuando se produjo un conato de incendio en uno de los cuatro barcos autorizados a realizar traslados dentro de contenedores a la región.

Este tipo de situaciones causan pérdidas a los comerciantes de las islas, sobre todo cuando se trata de frutas y vegetales. También se controlará el trabajo de los operadores portuarios de carga.

Por otra parte, el gobierno galapaguense planea controlar los precios de venta de productos en las islas para evitar la especulación.

Como parte de ello, se plantea el establecimiento de tarifas por los fletes de carga, con el fin de evitar la asignación discrecional de valores por parte de los armadores, lo que complica la tarea de las autoridades. Esto ayudará a   fijar una tabla oficial de precios de los productos que se venden en las islas.

Mientras ocurre esto, el Consejo de Gobierno de Galápagos iniciará en breve operativos de control en las zonas habitadas de la región.

La ministra Tapia manifiesta que para ello se utilizarán tablas con rangos flexibles de precios, pero que eviten alzas exageradas. (I)

Reemplazo

Cambio de operador
→La presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos defiende el reemplazo de la firma RFS por Paniesmart este año como operador portuario de carga (OPC). Lorena Tapia apunta que existían quejas de la población sobre el trabajo de la primera.     
 
→3 muelles están autorizados para carga a Galápagos en Guayaquil: uno estatal y dos privados.

Manejo insular de carga
→Por la falta de infraestructura portuaria adecuada en Galápagos los contenedores son descargados, en la actualidad, a bordo de barcazas que llevan la carga hasta las zonas designadas.