A tres años del terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter que sacudió Ecuador y destruyó importantes zonas de Manabí y Esmeraldas, el manejo de recursos de la reconstrucción ha merecido 76 acciones de control de la Contraloría General, en cuatro entes del Estado implicados en el tema.

Las conclusiones que constan en el informe de uno de los últimos exámenes de Contraloría no descartan indicios de responsabilidad penal.

Las entidades del Estado auditadas desde abril de 2016 hasta diciembre de 2017 son: Vicepresidencia de la República, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), Ministerio de Finanzas y Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

En cuanto a la Vicepresidencia, se identificó que la entrega de bienes y servicios contratados no se realizó a tiempo; los productos adquiridos no se almacenaron correctamente, lo cual hizo que se descompongan y no lleguen a los afectados; y se detectaron contrataciones por $ 406.831 que no fueron debidamente justificadas.

El Miduvi desembolsó anticipos por $ 4’213.431 para la construcción de viviendas, pero un año después las 650 soluciones habitacionales aún no eran entregadas.

Del Ministerio de Finanzas se señala que transfirió $ 120 millones de la Cuenta Ley de Solidaridad a la Cuenta Corriente Única y $ 74’994.000 que debían destinarse a mitigar los efectos del terremoto fueron utilizados en certificados de tesorería.

Otra entidad auditada fue el MIES. Contraloría detectó entrega de Bonos de Acogida, Alquiler y Alimentación, Bono Emergente para la Atención Humanitaria y Bono de Reinserción Económica y Social a personas que no cumplían las condiciones para recibirlo. El perjuicio llega a $ 9’171.200.

Fiscalía debe entrar a investigar
Marcela Estrella, secretaria técnica de Transparencia y Lucha Anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-t), indicó que no existe información estandarizada y certera.

Por ejemplo, se desconocen los presupuestos exactos que se designaron para la reconstrucción; los que se ejecutaron o no; y las cifras y estadísticas entre el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas (SRI) no guardan relación.

Por ello, es complicado identificar todas las presuntas irregularidades y a los implicados, por lo que le corresponde a la Fiscalía investigar.

“En materia penal, todos estos hechos permiten presumir la comisión de varios delitos. No somos la entidad encargada de asegurar que hubo participación o algún tipo de responsabilidad, por eso vamos a acudir a la Fiscalía con esa petición en firme”, dijo.

Consideró importante señalar a los actores que estuvieron a cargo del Comité de Reconstrucción para Manabí, pues ellos ejecutaron las adjudicaciones de los contratos.

“Sería bueno que expliquen al país cuál fue el destino de los presupuestos, por qué existen empresas vinculadas a Carlos Bernal y a su familia con empresas que ejecutaron obras para reconstrucción”, añadió.

Sostuvo que no hubo planificación técnica y el escenario que el expresidente Rafael Correa impulsó fue el de las reiteradas y arbitrarias declaraciones de emergencia, “lo que hizo propicio un carnaval y un festín descarado respecto del manejo de fondos para la reconstrucción”.

Para Francisco Bravo Macías, jurista manabita y excandidato a Contralor, al parecer hubo desvío de recursos.

Indicó que el dinero recaudado con la Ley de Solidaridad se destinó a otros proyectos, no a la reconstrucción u obras de las zonas afectadas. Un ejemplo de eso sería la ampliación de la Vía Perimetral de Manta de 4 a 6 carriles. “Esa vía no se destruyó con el terremoto, pero se construyeron pasos a desnivel que no van a ningún lado”. Bravo coincidió en que se debe investigar a quienes conformaron el Comité de Reconstrucción.

Según la Contraloría, efectivamente se detectaron pagos para obras en Manta que no corresponden a la reconstrucción por $ 316.917.

Según Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, el 43% ($ 860 millones) de los fondos recaudados no habrían ingresado a Manabí. Indicó que entre la Ley de Solidaridad, donaciones internacionales y el fondo del Presupuesto General del Estado suman más de $ 2.000 millones.

“Quienes fueron nombrados en este Comité se dedicaron a hacer negocios para ellos, contratos con familias. En uno de los casos había contrataciones con 29 empresas constituidas específicamente para ese tipo de reconstrucción”, reveló.

También habría sobreprecios. “No se realizaron los debidos procesos, lo que causó que los fondos vayan a ciertos contratistas. El sobreprecio  identificado va del 30% hasta el 800%”, alertó Rodríguez.

Cifras de lo realizado en 3 años
Según la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, de abril de 2016 a marzo de 2019 se ejecutaron  621 intervenciones, en ejes de emergencia, reconstrucción y reactivación productiva.

El Plan de Reconstrucción contempla un presupuesto de $ 2.922 millones, que corresponden a 621 intervenciones finalizadas, 97 en ejecución y 93 planificadas.

Indicó que el Miduvi presentó la propuesta actualizada con la hoja de ruta para la finalización de las viviendas programadas, actualizando la meta debido al cambio en el proyecto a ser financiado por la donación de China. Agregó que el Miduvi reporta la entrega de 35.466 soluciones habitacionales, lo que representa un avance del 79% respecto a la nueva meta (ver gráfico). (I)