El informe final de la auditoría realizada al Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica de Manabí y Esmeraldas, que fue colgado en la página web de la Contraloría General del Estado la mañana de este 4 de abril, aunque llegó tarde, pero llegó.

El tiempo ha dado la razón a las denuncias que hicimos desde la Comisión Nacional Anticorrupción capítulo de Manabí, las cuales han sido verificadas en la lectura del borrador efectuado por la Contraloría General del Estado.

Lo que se evidencia, a mi juicio, es que un 30 por ciento de la auditoría aún falta examinar, aunque se señala, por ejemplo, lo que sucedió con los recursos producto de las donaciones, la deuda adquirida que nunca ingresó al Comité de Reconstrucción.

Considero que el reto ahora es conocer el informe final y las sanciones a los responsables del desvío de esos fondos.

De igual manera, el reto es seguir la ruta del dinero malversado y recuperar esos  recursos, que fueron donados solidariamente por los ecuatorianos y los organismos internacionales.

Los funcionarios (implicados) deben ser sancionados con cárcel y con la muerte política por el resto de su existencia. Deben ser procesados todos los que presuntamente se festinaron esos sagrados recursos que se supone estaban destinados a la reconstrucción y la reactivación económica y productiva, como exclusivamente establece la Ley de Solidaridad.

Hago un llamado a los manabitas a levantar una línea de exigencia para que los posibles sancionados no puedan ejercer, de por vida, ninguna función pública.

Sería el mejor homenaje póstumo a la memoria de las  víctimas del terremoto del 16 de abril de 2016  dar a conocer públicamente el informe final y nómina de quiénes deben afrontar un proceso investigativo y judicial y, de ser posible, ser sancionados.

Estos hechos no pueden quedar en la impunidad ante la justicia.

Solo eso ayudará a los manabitas a identificar lo perjudicial que es la corrupción y aprender a valorar la honestidad.

El daño material y psicológico que ocasionó el anterior Gobierno (de Rafael Correa) en Manabí, aún no se lo puede cuantificar.

Recordemos que se nos prohibía hasta llorar nuestra tragedia y se nos amenazaba con apresarnos. 

La Comisión Nacional Anticorrupción capítulo Manabí se mantendrá vigilante ante la función jurisdiccional, a través de la Fiscalía, de los jueces de lo Contencioso Administrativo y los jueces penales, para que cumplan con su deber, para que se haga justicia y no quede en la impunidad la malversación de esos recursos.

Ponemos nuestra esperanza en el accionar de la nueva Fiscal General de la Nación (Diana Salazar), para que se haga justicia y se puedan recuperar los dineros robados. (I)