El muro perimetral se desmoronó y 153 privados de la libertad salieron corriendo. Esa fue una de las noticias que trascendió poco después del terremoto ocurrido hace exactamente un año. El Centro de Rehabilitación Social (CRS) de la ciudad de Portoviejo, conocido como ‘El Rodeo’, sufrió daños en la infraestructura. Hoy luce remodelado y pronto será reinaugurado (aún no se confirma la fecha). El monto total de la obra, incluido el equipamiento, corresponde a aproximadamente $ 19 millones, según información del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Ledy Zúñiga, ministra de la mencionada cartera de Estado, indicó que la mayoría de los que fugaron fueron recapturados y otros se entregaron poco tiempo después. Estos, junto con los demás presos, permanecen temporalmente en las cárceles de las provincias de Guayas y Cotopaxi. El motivo principal por el que dijeron que escaparon fue que estaban asustados y querían averiguar si sus familiares estaban vivos.

Unos 20 aún están prófugos, según informó la funcionaria, y confirmó que continúa vigente la recompensa de hasta $ 50.000 anunciada -desde ese entonces- por el Ministerio del Interior para quien proporcione información que permita la ubicación de los ciudadanos.

Características del recinto penitenciario

El readecuado centro tiene una nueva sala de espera para que los parientes de los privados de libertad no hagan columnas en la parte externa y filtros que agilizarán la revisión de quienes entren y salgan: dos escáneres de cuerpo de ondas milimétricas, uno de rayos X, seis arcos detectores de metales (dos en el filtro principal y cuatro distribuidos dentro de los pabellones), 4 sillas detectoras de metales en cavidades (2 en filtros y dos en pabellones), y un escáner de rayos X para carga extragrande. Con estas herramientas se pretende evitar el ingreso de objetos prohibidos como armas, sustancias estupefacientes, celulares, entre otros artículos.

Klaus Chanange, gerente técnico de Chanange Security Solutions, en Ecuador, manifestó que estos equipos de la marca L3 son importados de Estados Unidos y cuentan con tecnología de punta, utilizada internacionalmente en los países más desarrollados tanto en centros penitenciarios como en aeropuertos. “Si se siguen los procedimientos y protocolos, a este centro no ingresa ni un solo alfiler. Vamos a capacitar al personal que sea designado para el manejo de los aparatos”.

Este no es el único beneficio para los visitantes, pues para el encuentro con sus familiares irán a una amplia sala con mesas y sillas, todo con accesos para ciudadanos con capacidades especiales. También se estrenarán 30 habitaciones para las visitas conyugales en cada pabellón.

Zúñiga agregó que en el remodelado centro entrarán 2.400 internos, más del doble de la capacidad anterior: 900 adultos en conflicto con la ley. El aumento  se dio con la construcción de 2 nuevos pabellones de hormigón prefabricados de alta resistencia. En cada uno hay 2 patios con canchas, áreas comunales y lavandería. Además se levantó el cerramiento perimetral y se instalaron alrededor de 248 cámaras de seguridad.

El nuevo modelo de gestión penitenciaria contempla el plan ‘Cero ocio’ que consiste en que los internos tengan una rutina que les permita desarrollar o aprender nuevas actividades. Por esta razón se construyeron áreas exclusivas para educación y los talleres de rehabilitación. Los alimentos se prepararán en otra edificación a 500 m de las áreas de convivencia.

La obra generó 1.200 plazas de trabajo directas e indirectas. Entre los obreros hubo 9 mujeres desde las zonas afectadas por el movimiento telúrico, que antes de integrarse a sus labores fueron preparadas como asistentes técnicas en construcción, en convenio con ONU Mujeres y la empresa privada.

El movimiento telúrico afectó también al Centro de Rehabilitación Social (CRS) de la provincia de Esmeraldas. En la reconstrucción, en la que también se emplea mano de obra local, se invierten $ 3’356.163 y se prevé que esté terminada en el segundo semestre de 2017.  Las instalaciones que antes tenían capacidad para 600 privados de la libertad, ahora será para 1.200 internos.

En la reconstrucción de la cárcel de Esmeraldas se emplea mano de obra local. El edificio antes tenía capacidad para 600 internos y con la ampliación podrá albergar hasta 1.200 ciudadanos privados de la libertad. Se prevé que la obra, en la que se invierten más de $ 3 millones, sea inaugurada en el segundo semestre de este año.

$ 24’000.000 costarán nuevos edificios judiciales

La rehabilitación de las infraestructuras judiciales afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí beneficiará a 27.000 personas por mes. Así lo manifestó el director provincial del Consejo de la Judicatura (CJ), Rafael Saltos Arboleda. “Este es el promedio mensual de ciudadanos que son atendidos en las unidades judiciales provinciales”.

El funcionario recordó que el sismo provocó colapsos totales de los edificios judiciales en Pedernales, Jama y Flavio Alfaro; mientras que en Rocafuerte, Manta y Portoviejo, las afectaciones también fueron fuertes pero se logró implementar los servicios.

En Pedernales y la capital manabita las unidades judiciales funcionan en inmuebles arrendados. En la primera población costera se levantó una nueva infraestructura a un costo cercano a los $ 20.000 en un terreno arrendado por 5 años. En la segunda ciudad se alquilaron otros 2 inmuebles por $ 6.000 mensuales, costo que es asumido por las aseguradoras, las cuales responden hasta por un monto de $ 200.000 al año. “En Manta y Portoviejo la emergencia generó un mayor impacto porque es en esas ciudades donde se concentra la mayoría de público que utiliza los servicios judiciales”, destacó Saltos.

En Manabí también existen unidades judiciales en los cantones 24 de Mayo, Bolívar, Chone, El Carmen, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Montecristi, Olmedo, Paján, Pichincha, Puerto López, Rocafuerte, Santana, Sucre y Tosagua. El director provincial del CJ de Manabí destacó que pocas horas después del sismo, los funcionarios del organismo estatal de justicia establecieron un plan que restableció el servicio al público en toda la provincia con recursos propios.

En este caso, el CJ manabita registra que se ejecutaron 68 procesos por la emergencia a un valor de $ 684.129. Detalló que solo la aseguradora Rocafuerte desembolsó $ 83.185 para la rehabilitación de las unidades judiciales en Manabí, inversión que en un primer momento fue asumida por el CJ debido a la urgencia de dotar del servicio de justicia a la ciudadanía. “En el caso de Manta, el edificio donde funcionaba la Unidad Contra la Violencia Intrafamiliar colapsó y en el de Portoviejo, el complejo judicial y el edificio donde funcionaban la Corte Provincial y las unidades de la Familia, juzgados civiles, laborales y penales, y tribunales tuvieron que ser desalojados porque resultaron afectadas sus estructuras”.

Saltos reiteró que toda la infraestructura judicial de la provincia estaba asegurada y adelantó que para la reconstrucción del Palacio Judicial de Portoviejo se desembolsarán alrededor de $ 5’000.000. “Solo para reforzar la estructura del edificio se destinarán $ 400.000, lo cual se lo determinó mediante una consultoría”, mencionó el director provincial del CJ. En la renovación tecnológica y acabados se invertirá un valor que superaría los $ 4’000.000”, detalló.

Respecto a la construcción de un nuevo complejo judicial, Saltos señaló que se destinará una cifra mayor a los $ 9’000.000. Cabe destacar que el seguro del edificio destruido por el terremoto es de $ 7’000.000.

El funcionario destacó que en este caso, el CJ generó una expropiación de un terreno aledaño en la ciudadela Universitaria por un valor de $ 360.000. “Ahí estarán situados otros servicios como la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía y Policía; mientras tanto, en el mismo terreno funciona por ahora la Unidad Penal en una edificación que se levantó con $ 200.000 destinados por las compañías aseguradoras y $ 100.000 por el CJ. En el mismo sitio se implementó una cámara de Gesell en un contenedor donado y con recursos de la Acnur.

En Manta,  el Consejo de la Judicatura está tramitando un seguro de $ 1’700.000 para la construcción de una nueva infraestructura en un terreno de 8.000 metros cuadrados para levantar una Unidad Judicial tipo B, valorada en $ 10’000.000 aproximadamente. “Aquí ya se realizaron los estudios de suelo”.

La estructura del edificio donde funcionaba la Corte de Justicia de Portoviejo permanece todavía en pie, aunque los daños en las paredes son visibles. El director del Consejo de la Judicatura de Manabí dijo que las bases no resultaron afectadas. La reconstrucción del inmueble costaría aproximadamente $ 5 millones.

En Esmeraldas la atención fue regular

El Consejo de la Judicatura de Esmeraldas informó  que de las 10 unidades judiciales que tiene la provincia solo registraron daños leves la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames, las Unidades Judicial Civil y de Trabajo, y la Especializada de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia de Esmeraldas. Para dejarlas operativas se destinaron $ 29.693.  (I)