Hoy en la tarde, la Comisión de Régimen Económico aprobaría el informe para primer debate del proyecto de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto. Si así ocurre, la Presidenta de la Asamblea podría convocar al pleno en los primeros días de la próxima semana.

Durante los primeros cinco días de tratamiento, la Comisión agregó y modificó elementos sustanciales. Ayer, por ejemplo, se hicieron ajustes respecto a la contribución sobre bienes inmuebles que se encuentran en Ecuador, pero cuya propiedad está a nombre de personas jurídicas constituidas en paraísos fiscales o jurisdicciones del exterior.

Hasta las 14:00, momento en que finalizó la sesión, los integrantes de la Comisión establecieron, por una sola vez la contribución solidaria de 1,8% sobre el avalúo catastral del año 2016, de los bienes antes mencionados. Antes del cambio, el porcentaje era de 0,9%.

De acuerdo al texto, dicho aporte se declarará y pagará conforme a los plazos y condiciones establecidos mediante resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas (SRI). “Estarán exoneradas del pago las sociedades domiciliadas en el exterior cuyo último nivel de propiedad corresponda a una persona natural que lo tenga incluido en su base imponible para la declaración de la contribución solidaria sobre el patrimonio”.

En caso de que esa contribución no sea pagada en los plazos establecidos, se sancionará con una multa del 1% mensual adicional.

Para el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Virgilio Hernández (AP), es “absolutamente sospechoso” que alguien tenga una casa en el país, pero termina siendo propiedad legal de una empresa radicada en paraísos fiscales o en legislaciones de menor tributación.

“Más allá del interés de que no se eluda el impuesto al patrimonio, tiene que aportarse con una mayor claridad”, manifestó el asambleísta y recordó que el tributo aplicará cuando el inmueble sea igual o mayor a $ 1’000.000.

El cobro se realizará mediante un cruce de datos del SRI con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), a fin de determinar quiénes son los propietarios de los bienes que están a nombre de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. A decir del legislador, esto también permitirá conocer el manejo y la operación de las empresas involucradas.

Con respecto a la discusión para definir los rangos de remuneraciones sujetas a la contribución sobre el sueldo mensual, Raúl Tobar (AP) sugirió autorizar la donación voluntaria a los trabajadores que perciban menos de $ 1.000 y deseen colaborar con un día de sueldo.

Si bien la propuesta fue analizada positivamente por los integrantes de la Comisión, Rosana Alvarado (AP) se mostró dudosa del mecanismo de aplicación. La intención es determinar un proceso que garantice que los empleadores remitan al SRI los recursos de las donaciones voluntarias de los trabajadores.

Ante esta disyuntiva, se optó por  dejar el tema para ser evaluado en el primer debate del pleno. Si la propuesta es aceptada, la Comisión la incluiría dentro del informe para segundo debate, anotó Hernández.

Por otra parte, para el monitoreo de los fondos obtenidos por esta ley, se creará una cuenta que estará disponible para escrutinio ciudadano mediante una plataforma virtual. Adicionalmente, el SRI rendirá un informe trimestral a la Asamblea.

De forma unánime, los miembros de la Comisión comparten el criterio de que es inadecuado e inconstitucional, manejar impuestos a través de figuras privadas como el fideicomiso. “Esto haría que el Estado pierda uno de sus roles fundamentales”, sentenció Hernández.

Ayer se presentaron representantes del sector empresarial de Esmeraldas. Carlos Acosta, uno de los delegados esmeraldeños, solicitó que en la ley se considere a toda la provincia y no solo al cantón Muisne y a las zonas del sur, buscándose así gozar en su totalidad de los beneficios tributarios, a fin de poder reactivar el sector comercial.

En cambio, Alvaro Orellana, dirigente empresarial de Manabí, agradeció las medidas preliminares emprendidas por el SRI para aliviar la carga impositiva en su provincia. Sin embargo, propuso exoneración de impuestos a la importación de bienes de capital que sean empleados de las zonas productivas. (I)

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Recolección continúa

En la Asamblea se despachan 25 toneladas de ayuda

En la Asamblea Nacional se embarcaron  vehículos con 25 toneladas de víveres, medicamentos, artículos de aseo personal, sábanas, cobijas y colchones. Los productos fueron obtenidos por la solidaridad ciudadana y hoy serán entregados.

El cargamento incluye ropa para bebés, pañales, papillas y leche en polvo. Además se proveerá de vestimenta a adultos; agua potable y otras bebidas, que son proporcionadas por la ciudadanía, funcionarios legislativos, asambleístas y empresarios.

Las donaciones hechas se organizaron en kits para familias de cinco personas. Pero también se armaron paquetes especiales, que contienen insumos para niños menores de un año.

Después del terremoto, la Asamblea emprendió campañas de apoyo solidario. Una de estas se centró en la recolección de víveres en el Palacio Legislativo y la otra, Ayudatón por la Reconstrucción, recibe materiales de construcción y donaciones en efectivo para reconstruir las viviendas. Por ejemplo, el asambleísta Raúl Tobar, de Sucumbíos, ayer recibió materiales de construcción que fueron donados por ferreterías de su provincia.

El legislador agradeció a los ciudadanos por su predisposición. (I)

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Se definirá ordenamiento territorial

Para legislador urge aprobación de proyecto de ley

No solo por el terremoto, sino por otros riesgos naturales que podrían producirse en el país, es urgente la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Así lo manifestó el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, Richard Calderón.

El legislador aseguró que esta iniciativa ya fue discutida durante un año, después de que se efectuó el primer debate.

La propuesta legal se discutió en primer debate en el pleno en mayo de 2015 y, según Calderón, desde esa fecha se han realizado varios debates con representantes de consultorías y áreas académicas en el país. Agregó que se ha conversado con dirigentes de varios sectores sociales. En esta semana acudieron al seno de la comisión representantes del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

Agregó que este proyecto es uno de los cuerpos normativos que se propuso dentro del plan de trabajo de los asambleístas del bloque de Alianza PAIS, cuando eran candidatos. “Fue, precisamente, porque estamos en un territorio que es propenso a varios riesgos, no solamente al terremoto, sino al fenómeno El Niño, la utilización de suelo cerca de los volcanes y otros construidos por el propio hombre”, hacen de muchas zonas pobladas sitios con alta vulnerabilidad.

De allí que consideró que es importante tener una planificación urbana adecuada y que se apliquen las normas de construcción que están en vigencia para mitigar los efectos de los desastres. (I)