La jueza Judith Naranjo aceptó el pedido de medidas cautelares contra la exigencia del pasaporte como único documento válido para que los ciudadanos venezolanos ingresen a Ecuador. 

Naranjo dispuso que en 45 días se cree un plan de contingencia en coordinación con los ministerios a cargo. Además, que sea la Defensoría del Pueblo la que supervise el cumplimiento de esta medida.

La diligencia, que duró más de cinco horas, se realizó en la sala de audiencias 11 de la Unidad Judicial de Niñez, Familia y Adolescentes de Quito. En los exteriores hubo concentraciones a favor y en contra de la exigencia del pasaporte. 

Gina Benavides, defensora del Pueblo, señaló que el pedir pasaporte vulnera derechos cómo migración, refugio e igualdad y no discriminación. También que afecta al principio de unidad familiar. 

Argumentó que solo el 18 y 19 de agosto, un total de 600 venezolanos no pudieron ingresar al país. Detalló que el pasaporte cuesta $3.000 en Venezuela.

Patricio Pazmiño, defensor Público, indicó que la exigencia del pasaporte provoca "daños irreparables" porque "afectan derechos".

Según Pazmiño, 1'100.000 venezolanos han entrado al país y 205.000 se quedaron sin poder hacerlo, de ellos 80 mil son niños.

El Defensor público calificó a la medida gubernamental como "improvisada" y que afecta a principios de "seguridad y derechos".

También se refirió como positiva la salida de Ecuador de la ALBA. Dijo que está decisión envía un mensaje diplomático "ante la actividad pasiva del Estado" venezolano. 

El viceministro del Interior, Diego Tipán, indicó que en 2016 ingresaron 23 mil venezolanos, mientras que en 2018 lo hicieron 117.000, lo que significa un incremento del 497%. 

Según Tipán, un 40% de los ciudadanos venezolanos que ingresan con cédula se quedan, el resto sale del país. 

El funcionario afirmó que cuentan con registros de personas que buscaron ingresar al país con cédulas adulteradas, rayadas, abiertas y cambiadas la foto. 

Respecto a la decisión de la jueza, el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, manifestó sentirse defraudado, pero que, sin embargo, acatarán la resolución y que en el plazo de 45 días articulararán acciones a seguir. 

Eduardo Febres Cordero, presidente de la Asociación de Venezolanos, recalcó que esperan que esta decisión judicial cree un precedente para países como Perú, que solicitarán pasaporte desde la medianoche de este viernes 24 de agosto.

A pesar de la decisión, Febres Cordero anunció una movilización nacional ante el Consulado de Venezuela en la capital ecuatoriana, para el próximo viernes 31 de agosto. (I)