Según los datos proporcionados por la Secretaría de Gestión de Riesgos con corte al 24 de abril, el terremoto del 16 de abril provocó la destrucción de 6.998 edificaciones y la afectación de otras 2.740.

Dentro de las estadísticas de las zonas golpeadas por ese desastre natural, se encuentran 14.000 familias que tenían créditos hipotecarios con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y que estaban aún por pagar.

Debido a las circunstancias en las cuales se produjeron las pérdidas de los inmuebles, esas familias están cubiertas por un seguro que abarca la protección contra desastres naturales. Gracias a este mecanismo, los afectados podrán realizar el reclamo a Seguros Sucre hasta por el 100% del valor del avalúo de su inmueble.

Esto significa que los afectados no solo dejarán de pagar las cuotas correspondientes al crédito, sino que se les repondrá el valor del inmueble destruido, explicó, días atrás, el ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera.

Para cubrir con la indemnización se pondrá en aplicación el Seguro Contra Incendio y Líneas Aliadas que beneficiará a quienes tengan préstamos hipotecarios vigentes, desde el inicio de operaciones del Biess, en octubre de 2010.

Este seguro protege todos los bienes que sirven como garantía de los créditos hipotecarios otorgados por el banco del Seguro Social, en caso de incendio, erupción volcánica, lluvia, inundación, tormenta, terremoto y/o temblor, entre otros escenarios. El valor asegurado es el costo del avalúo realizado por el Biess al momento de la concesión del crédito, sin incluir el costo del terreno.

Para acceder a este seguro los interesados deberán presentar al Biess una carta o formulario de reclamación, copia de la cédula de ciudadanía, detalle valorado de la pérdida y proforma de reparación.

La protección a las 14.000 familias comprende, también, el servicio Asistencia Todo Hogar, que se ejecutará en los daños menores de las viviendas, vinculados a la reparación de tuberías, reposición de vidrios, cerrajería y electricidad, informó la institución mediante un comunicado oficial.

El beneficio también abarca a las familias de los afiliados y jubilados fallecidos durante el desastre natural, a través del Seguro de Desgravamen, con el cual no solo se eliminará el monto adeudado en el crédito, sino que se devuelve a los herederos la cantidad total que el usuario canceló por el préstamo hasta el día de su fallecimiento.

Es decir, por ejemplo, que si el afiliado adquirió un crédito hipotecario por $ 50.000 y al momento de su deceso -por cualquier causa-  registraba $ 10.000 cancelados, al aplicar el seguro de desgravamen, los familiares de la víctima no tendrán que continuar pagando los $ 40.000 restantes, sino que, además, recibirán los $ 10.000 previamente abonados.

La documentación para acogerse a este seguro incluye: carta o formulario de reclamación, copia de la cédula de ciudadanía, original de la partida de defunción, certificado que contenga el saldo insoluto de la deuda a la fecha de fallecimiento del deudor asegurado, y la tabla de amortización del crédito concedido al deudor asegurado.  

Los afiliados pueden consultar directamente al banco a través del teléfono 1800-325-325; al correo electrónico: [email protected]; o ingresando a la página web:  http://biess-segurossucre.com

Las construcciones informales predominan en el país

El terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, del sábado 16 de abril, dejó en evidencia, una vez más, la fragilidad de la mayoría de edificaciones. Desde casas de una sola planta hasta hoteles de varios pisos quedaron reducidos a escombros. Pocas son las construcciones que se mantuvieron en pie.

Silveiro Durán, presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, explicó que desafortunadamente en la sociedad ecuatoriana no existe una cultura de construcción que respete, en su totalidad, las normas correspondientes.

De acuerdo a estudios técnicos, se estima que alrededor del 60% de las construcciones en el país son informales, asegura el experto, quien aclara que esto no implica que no existe la normativa suficiente.

A decir de Durán, existen dos factores que explican esta situación. Por un lado, la ciudadanía no toma conciencia de la importancia de tener el respaldo de un especialista en construcción, y por ello, con el afán de economizar, recurre a personas poco capacitadas en el área.

“El propietario o inversionista piensa que si no utiliza los servicios de los profesionales va a tener un ahorro, eso es una cosa falsa (...) al final está poniendo en riesgo su vida y la de los usuarios”, aseveró, resaltando que el experto es quien conoce las normativas y es el responsable de cumplirlas.

El otro factor, aseguró, es la falta de seguimiento y control por parte de los municipios, que son las entidades encargadas de expedir las licencias de construcción; y posteriormente ejercer una supervisión constante del proceso de edificación del inmueble. En algunas circunstancias, esto sucede porque los Gobiernos locales no cuentan con el personal necesario para cumplir esta tarea, indicó Durán.

A ello se suma la utilización de materiales no apropiados o que carecen de certificaciones de calidad.

Durán aclara que en la infraestructura que se levanta en la Costa ecuatoriana, es común encontrar casos en los que se ha empleado arena de mar como si fuera un material idóneo para la construcción, cuando esto no es así.

Respecto al proceso de reconstrucción de la zonas afectadas, coincidió con los cálculos del Gobierno en que tomaría, como mínimo, alrededor de 4 años.

Antes de iniciar con la recuperación de estos sectores debe realizarse un estudio detallado de la infraestructura que se mantiene en pie, así como de la fragilidad del suelo, puntualizó Durán. De aquellos resultados dependerá si existen las condiciones para volver a construir en esos lugares o, de ser el caso, buscar otro territorio para levantar nuevas poblaciones. (I)

DATOS

6 profesionales de diferentes áreas, pertenecientes a la Cámara de la Construcción de Pichincha, realizaron una inspección preliminar de los daños en la infraestructura de Manabí y Esmeraldas. Se espera conocer los resultados de este análisis en los próximos días.  

La Superintendencia de Compañías informó que no es posible todavía determinar una cifra de lo que costaría a las aseguradoras cubrir los daños materiales y humanos sufridos, puesto que aún no se ha levantado suficiente información respecto a los daños sufridos sobre los bienes que están asegurados, así como de las personas fallecidas que contaban con un seguro de vida, o los gastos de salud.

Las aseguradoras deberán reportar,  semanalmente, un detalle de los siniestros reportados con relación a esta catástrofe. Se espera en aproximadamente tres semanas contar con la información suficiente.

Por disposición, las aseguradoras no pueden alegar falta de aviso de siniestro dentro de los plazos pactados en las respectivas pólizas, pues resulta evidente que por razones de fuerza mayor no siempre se puede reportar una catástrofe cuando hay medidas de reparación y auxilio más urgentes que los asegurados o beneficiarios deben emprender en el corto plazo.

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Análisis empezó ayer

La Ley Solidaria recaudaría hasta $ 1.250 millones

La Comisión de Régimen Económico inició ayer el tratamiento del proyecto de ‘Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por los Afectados del Terremoto’, que fue remitido por la Función Ejecutiva con el carácter de urgente en materia económica.

Para su análisis, el organismo legislativo convocó al ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, y al director General del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando.

Éste indicó los montos y el número de contribuyentes por cada una de las aportaciones que se implementarían de ser aprobado el documento. El incremento de dos puntos del IVA permitirá la recaudación de $ 750 millones. La contribución de un día de sueldo tendrá 413.000 contribuyentes y una recaudación de $ 50 millones. La contribución del 0,9% del patrimonio tendrá 4.088 contribuyentes y una recaudación de $ 110 millones. La contribución del 3% sobre las utilidades logrará una recaudación de $ 340 millones por parte de 188.000 contribuyentes.

Por su parte, Rivera explicó que, aunque existirá un solo canal para la recaudación de impuestos, será fundamental que el Gobierno Nacional realice periódicamente una rendición de cuentas del monto de las recaudaciones y de su uso. Para ello se evalúan varios mecanismos de veeduría.

Indicó también que la Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional de Fomento, el Biess y el Banco del Pacífico destinarán $ 200 millones en créditos para reactivar las zonas afectadas. (I)