Con la nueva Tasa de Servicio de Control Aduanero que se cobrará a las importaciones desde el 13 de noviembre, un par de zapatos pagará un adicional de $ 0,49, según la fórmula de cálculo establecida por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae). Sin embargo, y de acuerdo a la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), esta medida impacta al total de tributos a las importaciones.

Para el ejemplo de los zapatos, el incremento al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones sería el 1,41% y al total de los impuestos a las importaciones, significaría el aumento de 4,26%. (Ver infografía).

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En un desayuno con los medios de comunicación, Patricio Alarcón, presidente de la CCQ, manifestó que la medida es “recaudatoria” y que “pretende financiar el Presupuesto General del Estado”.

Desde el Senae se dijo que esta tasa, que generará alrededor de $ 300 millones, financiará el combate al contrabando en el país, pero Alarcón sostuvo que el Senae ya ejerce esta labor desde 2010 con la implementación del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci).

“Toda tasa que se genere tiene que ofrecer un servicio. El Senae tiene que demostrar cómo utilizará los $ 300 millones, los equipos que comprará y el personal que contratará”, dijo Alarcón y añadió que los empresarios analizan la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad.

Por su parte, Daniel Legarda, presidente de la Federación de Exportadores, cuestionó la forma como el Senae publicó de forma parcial en el Registro Oficial la resolución para la aplicación de la tasa de control aduanero. “No ha respondido al espíritu de diálogo y de transparencia”, dijo ayer el empresario a EL TELÉGRAFO.

A pesar de que el titular de Aduana, Mauro Andino Alarcón,  reiteró que la tasa no contradice los acuerdos comerciales que Ecuador mantiene con la Unión Europea y la Comunidad Andina de Nacionales, Legarda aún duda de esta afirmación y sobre todo, dijo, se pone en riesgo la renovación de las preferencias arancelarias del SGP en EE.UU. que vencerá el 31 de diciembre.

Para Caterina Acosta, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la aplicación de esta tasa aduanera, que es una “salvaguardia disfrazada”, encarecería el costo de materias primas y bienes de capital, agravando la productividad y competitividad del sector.

“Los efectos de la aplicación de este tipo de medidas, que encarecen y restringen las importaciones, no solo que va en directo desmedro de la actividad industrial, sino que arrastraría a la baja otras actividades productivas, con un efecto similar al que se produjo por la imposición de la salvaguardia por balanza de pagos en 2015, cuando se redujo en más de $ 5.000 millones la importación de bienes de capital y materias primas”, enfatizó Acosta.

La norma contempla algunas exoneraciones

La tasa de control aduanero no aplicará para efectos personales de viajeros; envíos de socorro, catástrofes  naturales a favor de los sectores público y privado sin fines de lucro; féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos; muestras sin valor comercial dentro de los límites establecidos por la autoridad aduanera.

En la lista también constan aparatos médicos, ayudas técnicas y materia prima para órtesis y prótesis que utilicen personas con discapacidad; fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos para procedimientos médicos por realizarse conforme a la legislación y finalmente los objetos y piezas pertenecientes al patrimonio cultural del Estado importados o repatriados.

A criterio de Teodoro Benavides, coordinador de Comercio Exterior de la CCQ, estas excepciones son coherentes con lo estipulado en el Copci, sin embargo, económicamente “no son representativas”.

Desde el 1 de enero de 2018 la medida también aplicará para regímenes aduaneros de tráfico postal; mensajería acelerada y los regímenes de tránsito aduaneros y de trasbordo. Según Benavides, esto incluiría las compras particulares que una persona realice en tiendas internacionales, como Amazon y otras.

En un conversatorio, el Senae hoy ampliará la explicación de la medida y aclarará las dudas que se han generado. (I)

DATOS

Con el cobro de la tasa de control aduanero se prevé recaudar entre $ 200 millones y $ 300 millones que permitirán combatir el contrabando en el país.

Según el Senae, el contrabando perjudica al Estado con más de $ 2.000 millones. Se estima que el 70% de los bienes importados ingresa al país con valores de entre $ 0,01 y $ 0,05.

A pesar de que la normativa fue publicada en el Registro Oficial, los operadores de comercio exterior se quejan de las dificultades para acceder a la información y  conocer los valores por cancelar.

La tarifa se aplicará sobre la base imponible constituida por el coeficiente resultante de dividir el peso neto declarado por ítem (gramos) para la unidad de control (gramos). (I)