Algunos municipios del país no registran el número de propiedades que tienen en su cantón, peor aún qué cantidad de cultivos hay dentro de sus jurisdicciones, afirmó Jhonny Hidalgo, director del Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (Sigtierras).

En este año el programa del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) retomó el trabajo de actualización de datos que estaba abandonado desde hace 30 años, según Hidalgo. Además, el funcionario indicó que  se ha encontrado con municipalidades que “ni siquiera se atreven a estimar cuantas propiedades tienen en el cantón  (urbano y rural)”.

Hidalgo sostuvo que es importante que el Municipio conozca qué es lo que tiene en cuanto a cultivos, propietarios de tierras, cuál es el tamaño promedio de los predios rurales, quiénes disponen de servicios básicos, de alcantarillado, y qué uso de suelo están dando.

En el caso de tener predios que se encuentren “en condiciones de ilegalidad o de alto riesgo, el Municipio debe establecer medidas de control, prevención y protección necesaria”, acotó Hidalgo.

El obtener información sobre el catastro (ubicación, dimensiones y usos), situación social, económica, ambiental y de acceso a obras de infraestructura que tienen las zonas rurales del país, por parte del Sigtierras, se ha convertido “en documentación valiosa para trabajar en la planificación de obras del cantón”, expresó el alcalde de Pimampiro en Imbabura, José Daza. El Sigtierras proporciona esta información a las alcaldías con las que tiene convenios desde el año 2009.

Para Daza, esta información se ha convertido en “una radiografía del perímetro urbano y rural de su cantón, por lo cual se vuelve una prioridad trabajar en obras de infraestructura vial, para que el campesino pueda sacar a tiempo sus productos para comercializarlos”.

Además, agregó que en el cantón se encontraron con un territorio repartido, que se ha transformado  en verdaderos minifundios que son de “menos de una hectárea y en su mayoría no pasa de las 30 hectáreas”.

Lo cual se ha convertido en un problema para la gestión de la Alcaldía en  las zonas rurales, ya que al haber pequeñas parcelas aumenta la demanda de obras de saneamiento ambiental, salud y educación.

Esta situación  lo obliga a trabajar en un plan de reordenamiento territorial y para cumplir con los requerimientos sociales necesita del apoyo del Gobierno Provincial y del Gobierno Central, porque su presupuesto es de dos millones de dólares y la inversión en estas áreas poco atendidas precisa de más recursos.

Legalización de tierras

Francisco Gallo, director de avalúos y catastros del Municipio del cantón Mejía, en Pichincha, señaló que la información del Sigtierras les ha permitido trabajar en la “legalización de tierras y, especialmente, en el plan de ordenamiento territorial, el de recuperación de suelos, el ordenamiento turístico y seguridad”.

En este cantón, ubicado al sur de Quito, la mayoría de lotizaciones rurales bordea las seis hectáreas y de los 45.000 predios, entre urbanos y rurales, queda por legalizar alrededor del 1%. Son tierras que “tienen problemas de invasión y están ubicadas en las zonas protegidas”, según Gallo. Las autoridades del cantón tienen como prioridad trabajar en potencializar los sectores agrario y ganadero.