Desde este mes los valores recaudados en las planillas por concepto de alumbrado público ya no serán transferidos a los municipios, sino que pasarán directamente a las empresas distribuidoras de energía.

La medida no aplica para Guayaquil, ya que esa responsabilidad la tiene la Empresa Eléctrica Pública de la ciudad (EEPG).

Para el efecto, el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) deberá estructurar una tarifa nacional a aplicarse en cada una de las proveedoras del servicio, la misma que además les permitirá hacer nuevas inversiones, pagar la energía adquirida y dar mantenimiento a las redes. 

“Al cliente se le cobrará un porcentaje dependiendo del sector en que se encuentre (residencial, comercial e industrial) que no superará del 20% del consumo final de su factura”, explicó Luis Guillén, gerente comercial de la CNEL.

Añadió que en aproximadamente 3 meses el Consejo debe tener listo el estudio del porcentaje a aplicar. “A cada distribuidora se le dará el valor adicional  que debe cobrar, el cual le permitirá mantener todo el sistema eléctrico de su zona. En unos casos, dependiendo de la provincia, será más y en otros menos”, dijo.

Explicó, por ejemplo, que en Santa Elena o en Sucumbíos, donde la población está dispersa, podría haber un leve aumento; en cambio en Guayaquil, donde todo está concentrado, podría darse una baja en el costo de la electricidad que se consume.

Hasta ahora la CNEL no tiene ningún pronunciamiento del Cabildo porteño en el tema. En tanto Alberto Tama, gerente general de  la EEPG, indicó que los usuarios no se verán afectados por cuanto continuarán pagando lo mismo por el alumbrado público.

Agregó que la distribuidora asume la responsabilidad del pago total de la energía que se consume en la urbe, incluyendo en sitios ornamentales, la zona regenerada y otros que anteriormente los cancelaba el Municipio.

“El  mismo valor que antes se facturaba como tasa, ahora se facturará como servicio de alumbrado público de Guayaquil, y en lugar de ingresar los recursos al Municipio, ingresarán a la EEPG, para que la empresa pueda cubrir los gastos indicados”, subrayó.

Precisó que en la factura se reflejará un cambio, pasando ese valor de la segunda hoja a la primera, pero sin alterarse los montos.

Los aspectos operativos y su aplicación están fundamentados en las Resoluciones 028/12 y 029/12 del Conelec, así como en la regulación del Servicio de Alumbrado Público que se publicó el 8 de febrero del 2012 en el Registro Oficial número 636.

Parte de los valores recaudados podrán ser usados para cubrir la demanda de alumbrado público en los sectores que actualmente no cuentan con este servicio. 

La excepción (menos en Guayaquil) es la iluminación ornamental e intervenida que continúa siendo responsabilidad de los municipios.

En cuanto a las demandas de alumbrado público de las zonas rurales y urbano-marginales, estas serán cubiertas por los recursos del Fondo de Electrificación Rural Urbano Marginal (Ferum) asignados a las empresas eléctricas.

Estas nuevas disposiciones, que establecen que las obras de alumbrado público corren por cuenta de las empresas de distribución de energía eléctrica, responden a la regulación y resolución del Consejo Nacional de Electricidad.