La decisión del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) de incrementar a $ 0,01 el kilovatio hora (kWh) de la tarifa eléctrica residencial, no afectará a los 2,5 millones de familias que son beneficiarias desde 2007 de la Tarifa de la Dignidad ($ 0,04 por kWh), que actualmente representa el 61% de los usuarios residenciales en el país. La medida rige a partir de los consumos de este mes, que serán facturados en junio próximo.

Los costos del kilovatio hora varían según la provincia y la empresa que da el servicio. Por ejemplo, según el Conelec, el costo del kWh en Guayaquil es de 6,7 centavos y el de Quito, 7,6 centavos.

Andrés Chávez, director ejecutivo del Conecel, dijo que el nuevo pliego tarifario se fundamenta en un estudio técnico de costos, en el que se considera un ajuste por la inflación de las diferentes categorías de usuarios. Desvirtuó que este incremento afecte el sector empresarial, al señalar que la energía eléctrica en la estructura de costos de producción varía aproximadamente entre 1 y 5%, según el tipo de empresa.

El funcionario aclaró que desde un inicio el Gobierno adoptó medidas que favorezcan a los sectores más necesitados, así como al sector productivo del país.

“Entre estas medidas está la tarifa única a nivel nacional, que significó la reducción en las tarifas de usuarios de 18 empresas distribuidoras, especialmente en las que proveen este servicio público a las provincias más deprimidas en desarrollo económico”.

La Tarifa de la Dignidad, subsidio establecido mediante el Decreto Ejecutivo 451-A del 30 de junio de 2007, fijó una tarifa de $ 0,04 por kilovatio hora para los usuarios residenciales cuyos consumos mensuales no superen los 110 kWh en las provincias de la Sierra y los 130 en las de la Costa, Amazonía y Región Insular.

Con el Mandato Constituyente N° 15, expedido por la Asamblea Constituyente de Montecristi el 23 de julio de 2008, los usuarios comerciales e industriales dejaron de pagar el 10% de recargo en sus planillas eléctricas que se destinaba  al Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (Ferum), que pasó a ser financiado directamente por el Estado.

Revisión cada año

Para el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, la decisión adoptada se enmarca en lo que determina la Ley Eléctrica vigente, en la que el Conelec tiene la obligación anualmente de revisar el tema de los componentes que integran la tarifa, entre los que se encuentran las inversiones hechas en generación, distribución y transmisión.

“En lo que es la transmisión, últimamente, por confiabilidad, por mejora y calidad de servicio, se tienen que hacer inversiones, porque así crece la demanda y crecen los costos”, aseveró el exfuncionario.

Mosquera acotó que con la medida no se afectará la Tarifa de la Dignidad que fue impuesta por el Gobierno, ya que el incremento es dirigido a sectores que ocupan más del voltaje que fue establecido.

El gerente de Enerinteco, Juan  Flores, empresa que forma parte del sector de línea blanca y es una de las industrias que dotarán de cocinas de inducción a Ecuador a partir de agosto, consideró que el apoyo al sector industrial ha sido significativo y considera que el aumento en las tarifas no les afectará.