El pasado lunes, a través de un boletín de prensa el Ministerio de Finanzas indicó que el Gobierno Nacional colocó $ 1.000 millones en bonos soberanos en el mercado internacional de capitales, una decisión encaminada a financiar el Plan Anual de Inversiones (PAI).

El documento informa que los bonos tendrán fecha de vencimiento en 2022 y ofrecerán un rendimiento de 10,75%. El proceso de negociación ocurrió en Estados Unidos y estuvo a cargo del Ministerio de Finanzas “que promovió la oferta de los bonos a varios inversionistas internacionales, quienes ratificaron su confianza en el país”.

Mediante esta colocación, el Gobierno Nacional busca diversificar las fuentes de financiamiento del Presupuesto General del Estado (PEG) y ejecutar las inversiones planificadas para este año.

A propósito de esta operación de financiamiento -la cuarta en su tipo desde que Ecuador regresó al mercado internacional de capitales en junio de 2014-, EL TELÉGRAFO solicitó al Ministerio de Finanzas detalles sobre el destino específico que tendrán los nuevos recursos conseguidos. Al respecto, sin embargo, la cartera de Estado indicó que, por el momento, no se contempla un pronunciamiento adicional a lo mencionado a través del boletín.

El Plan de Inversiones responde a las nuevas condiciones

Según la versión aprobada por la Asamblea Nacional, el PAI 2016 requiere $ 5.349 millones para financiar y ejecutar 570 proyectos. De estos, las 37 intervenciones públicas más grandes ameritan $ 3.865 millones (ver infografía).

El pasado 9 de marzo, Sandra Naranjo, titular de la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) informó que, en respuesta a las nuevas condiciones macroeconómicas del país, el PAI 2016 no incluiría nuevos proyectos sino que priorizaría la culminación de los preexistentes. Entre los proyectos priorizados para su ejecución estaban las unidades educativas, los hospitales, las centrales hidroeléctricas, las plataformas gubernamentales de servicios,  la vía Rumichaca–Riobamba, la Ciudad de Conocimiento y el programa de becas.

Inicialmente, alrededor del 59% del PAI 2016 estuvo destinado a cumplir con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 relacionados con el auspicio de la equidad social y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento de la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Para transformar la matriz productiva, en cambio, se destinó el 15% de los recursos del PAI 2016.

Seis provincias concentran los proyectos de inversión

En concordancia con los mandatos constitucionales y legales, el Plan Anual de Inversiones debe facilitar el cumplimiento de PNBV 2013-2017. En este sentido, aquel instrumento de gestión pública asigna los recursos considerando objetivos, lineamientos y estrategias relacionadas, entre otras cosas, con la erradicación de la pobreza y la transformación productiva.

Esta circunstancia aparece reflejada en la distribución especial de las inversiones. Según los datos publicados por Senplades, el 60% de los recursos del PAI 2016 está dirigido a proyectos en Pichincha ($1.072 millones), Guayas ($ 966 millones), Azuay ($ 368 millones), Imbabura ($ 300 millones), Manabí ($ 275 millones) y Sucumbíos ($228 millones). En términos sectoriales, por otra parte, el diseño inicial del PAI 2016 repartió $ 1.563 millones para Sectores Estratégicos; $ 1.378 millones para Talento Humano; $ 956 millones para  Producción; $ 743 millones para Desarrollo Social; $ 208 millones para Seguridad; $ 41 millones para Política Económica; y $ 459 millones para otras actividades.

Las inversiones fueron financiadas también con un crédito chino

Según la información disponible, hasta el momento el 56% del PAI 2016 ha sido financiado con endeudamiento externo. Y ello en razón de que, además de la emisión internacional de bonos por $ 1.000 millones, el Ministerio de Finanzas informó en abril que el país suscribió un crédito por $ 2.000 millones con el Banco de Desarrollo de China cuyo propósito sería también financiar las inversiones públicas. (I)