Un total de 6.059 organizaciones del país cumplió la adecuación de estatutos dispuesta en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, informó el titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Hugo Jácome .

El plazo para el cumplimiento de la Primera Transitoria de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (Loeps) concluyó el pasado 13 de mayo.

Del total de las organizaciones, 888 son cooperativas de ahorro y crédito, 2.345 cooperativas de vivienda, transporte, pesca y producción y 2.825 son asociaciones.    

El funcionario destacó que cuando iniciaron el proceso de recopilación de las organizaciones de economía popular y solidaria había cerca de 5.614 compañías, entre cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas del sector no financiero y asociaciones.

Jácome informó que el primer catastro  se obtuvo con la recopilación de  la  información de la Dirección Nacional de Cooperativas que estaba en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y la información cruzada con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Sin embargo, en un proceso de depuración, realizado en octubre del año pasado, se eliminó a las organizaciones que no tenían el  Registro Único de Contribuyentes (RUC) y también a las que el SRI había eliminado dicho documento.

De esta manera, Jácome aclaró que tras  este proceso de depuración, quedaron un total de 5.103 organizaciones, entre cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas no financieras, y de asociaciones que realizan actividades económicas.  

Puntualizó que si bien es cierto, tras la depuración quedaron 5.103 organizaciones, “luego la cifra aumentó a 6.059, con el ingreso de más asociaciones que se constituían bajo dos tipos: aquellas que ejercen actividades económicas y otras que son asociaciones gremiales, es decir son más de representación”.

“En el sector asociativo, las organizaciones que desarrollan actividades económicas están  bajo la ley de economía popular y solidaria, mientras que las asociaciones gremiales no  lo están”, precisó.

Agregó que en la depuración se quitan las asociaciones gremiales y se quedan las que realizan actividad económica. Muchas que fueron constituidas de manera gremial,  en la práctica también desarrollaban actividades económicas, lo que permitió que estas organizaciones realizaran el proceso de adecuación de estatutos con la Superintendencia.

Enfatizó que del registro inicial que había de cerca de 1.700 organizaciones, ahora hay más de 2.800, por esta razón es el incremento.  

Jácome recalcó que solo 185 cooperativas no se registraron, lo que representa apenas el 4,7% del total de cooperativas previamente identificadas  a nivel nacional.

Las cooperativas registradas durante el proceso agrupan un 99% de socios, esto es cerca de 5’300.000 en el país (es necesario considerar que una persona puede ser socia de más de una organización).

El presidente del directorio de la asociación de cooperativas del país, Édgar Peñaherrera, indicó que este cambio se da porque solo así se podrá mantener la solidez y solvencia con las que se ha desenvuelto este sector que se fortaleció tras la crisis de 1999, brindando los créditos a los sectores de escasos recursos.

Para Pedro Khipo, gerente de la Cooperativa Fernando Daquilema en Chimborazo, manifestó que su institución pasa de manos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a la SEPS, por lo que espera que la vigilancia a estas entidades de este grupo sea más amplia y no descuide la asistencia técnica prevista por entregar. “Es una petición que se realiza  para evitar problemas de solvencia económica por las que cruzaron algunas cooperativas en 2012”, dijo.

Agregó que hay cooperativas con poco capital que hacen captaciones de recursos con tasas de interés que superan el 15%, situación que los pone en riesgo, cuando en los bancos los intereses de este segmento no pasan del 8%.

El proceso de adecuación de estatutos y registro permite a las organizaciones de   economía popular y solidaria seguir ejerciendo sus actividades y acceder a los incentivos previstos en la ley.

Las cooperativas que no adecuaron sus estatutos serán sancionadas por incumplir el marco legal vigente y, además, no accederán a los beneficios, promoción y fomento previsto en la Loeps.