Desde las 08:00, Luis Fernández, con cinco compañeros, se instala en las afueras del Registro de la Propiedad, en el norte de Quito.

Bancos de plástico, tres computadoras y muchas ganas de promocionar sus servicios a los transeúntes es lo único que necesitan para empezar un día más de labores.  

Los conocen como tramitadores. Aunque no se trata de las personas que falsifican documentos y trabajan en complicidad con funcionarios de las instituciones.

En este caso, ellos ayudan a las personas a llenar formularios vía internet y los asesoran para que continúen con su trámite. Cobran por sus servicios desde $ 1,50 hasta $ 3. Atienden entre 10 y 15 clientes en el día.

En el caso de Fernández, ayuda a completar los formularios para solicitar certificados de bienes, de gravamen, propiedad horizontal, pago de impuesto predial, cédula catastral, entre otros.

Su trabajo es puertas afuera de la institución, no realiza trámites al interior. “La gente nos busca porque no saben cómo llenar los documentos. Además ahora todo se hace vía internet, pero muchos, como los adultos mayores, no saben ni cómo usar la computadora”, dice Fernández.

Este tramitador está seguro de que, aunque el Gobierno Nacional se esfuerce para que más procesos se realicen en línea para ahorrar tiempo a los usuarios, él siempre tendrá clientes. La razón: no todos saben utilizar la web o, simplemente, no tienen acceso a una computadora.

“Adentro tengo que hacer una larga fila para que me ayuden a llenar el documento. Ya no aguanto esas esperas. Afuera lo hacen rápido y bien”, dice Aída Monteros, de 78 años. Martha Quispe, otra de las tramitadoras, la ayudó a llenar el formulario para la inscripción de posesión efectiva y le cobró $ 2.

“En dos minutos y por $ 2 terminé el trámite que debía hacer yo en algún ciber. Así me desocupo pronto de esto”, comenta Efraín Ramos, de 50 años. Ramos considera que él sí podría llenar el documento, pero se hubiera tardado más.   

Fernández tiene 15 años en este oficio. Quispe lleva 10.  “Antes cuatro personas dábamos este servicio. Ahora hay muchos enganchadores que se llevan a los clientes a oficinas cercanas de abogados que hacen lo mismo”, comenta Quispe.

Ser tramitador y enganchador se ha convertido en una fuente de empleo no solo para ecuatorianos, sino también para migrantes. Ese es el caso de Víctor González, quien llegó desde Venezuela hace un par de meses. Por llevar mínimo 10 clientes a una oficina le pagan $ 12,50 el día. Si no lo consigue, le cancelan menos.

En las afueras de la Plataforma Financiera, en el norte de Quito, la situación es similar. Allí se paran solo enganchadores. Ofrecen principalmente ayuda de trámites en línea del Servicio de Rentas Internas y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Ahí el pago es distinto: $ 1 por cliente o el 3% del costo de cada trámite. Pese a que su trabajo es informal, estas personas dicen que no dejarán la actividad, pues es su fuente de ingresos.

Ramiro Cruz, jefe de la Unidad de Espacio Público (e) de la Administración Zonal Eugenio Espejo del Municipio, explica que para realizar una actividad comercial en el espacio público se requiere del Permiso Único de Comercio Autónomo. Sin embargo, el trabajo de los tramitadores no consta en la Ordenanza Metropolitana N° 001 de 2019 que regula ese tipo de labor.

La alternativa es prestar sus servicios en un local que funcione con Licencia Única de Actividades Económicas. Pero los tramitadores comentan que el alquiler de una oficina cuesta en promedio $ 1.000 y no cuentan con los recursos para pagarla. (I)