El viernes 22 de mayo de 2020 inició con varias jornadas de protestas a nivel nacional de trabajadores para rechazar la rebaja de sueldo de empleados públicos y la eliminación de empresas públicas.

Debido a que el martes 19 de mayo el Presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevas medidas para afrontar la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia de la covid-19.

Entre las disposiciones están la reducción de la jornada laboral y salarial al sector público de dos horas que corresponde al 16.6%, y en el caso de los maestros una disminución de una hora que significa el 8,33 % mensual de sus sueldo.

En Quito las manifestaciones de los estudiantes se desarrollaron en las inmediaciones del colegio Mejía en el centro de la ciudad, las personas se agruparon y rechazaron el decreto ejecutivo, lanzaron consignas y realizaron una marcha hacia el centro de la capital.

Mientras que en Guayaquil, los maestros la Red de Maestros y a la Unión Nacional de Educadores (UNE) de la Zona 8, que abarca los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, apoyados con banderas y pancartas realizaron dos plantones por separados el primero en la avenida 9 de Octubre a la altura del Parque Centenario y el segundo en las calles 24 y la P en el suburbio de la urbe.

Los educadores enfocaron su reclamo en la reducción salarial y en los despidos de profesores del pasado 30 de abril.

Aseguran que aproximadamente 6.000 docentes del régimen Costa han sido despedidos, muchos de ellos pertenecen al Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (SAFRI).

Cristóbal Buendía, asesor de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, dijo a DIARIO EL TELÉGRAFO que rebajar la jornada laboral es una medida totalmente ilegal, atentatorias desde el punto de vista constitucional, dado a que son regresivas y afectan a los derechos de los trabajadores.

Debido a las condiciones que han sido tomadas serán objetos de sendas demandas de inconstitucionalidad por parte de las organizaciones de trabajadores. “Seguramente la Corte Constitucional dará de baja estas malas decisiones por ilegales e inconstitucionales”, apuntó

Empresas públicas en liquidación

Mediante 10 decretos, el presidente de la República dispuso la supresión de Inmobiliar y del Servicio de Contratación Pública (Secop) y la liquidación de las empresas públicas Centro de Entrenamiento para alto Rendimiento, Correos del Ecuador, Medios Públicos, Ecuador Estratégico, Siembra EP, Tame y la Unidad Nacional de Almacenamiento.

Los trabajadores de la aerolínea TAME salieron a protestar a las calles de Quito con los uniformes que laboran, reclaman la deuda de sus haberes pendientes por tres meses. Exigen liquidaciones y pagos justos.

La entidad presentaba pérdidas de $ 45 millones, más deudas arrastradas de administraciones pasadas.

Juan Pablo Albán, abogado de los empleados dijo que si es o no rentable la empresa no es responsabilidad de los 933 trabajadores. “Eso es responsabilidad de las malas administraciones y debido a que el Estado ha utilizado a Tame como su taxi privado para trasladarse a distintos lugares”.

Los empleados de Correos del Ecuador también levantaron su voz de protesta, la compañía estaba a punto de cumplir 190 años, pero debido a esta decisión no será posible, los trabajadores se sienten afectados.

Lo mismo ocurrió con los colaboradores del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secop), que también salieron a protestar. Las funciones de esta entidad estarán a cargo del Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, piden consideren a muchos empleados mayores quienes ya no podrán conseguir trabajo.

La Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) coordina el cierre y liquidación de las compañías, 230 millones es el ahorro del Estado según ellos.

En términos generales los decretos establecen 60 días a partir de su publicación para que cada empresa calcule el valor de sus activos y nombre un liquidador. Luego el ministerio rector, se encargará de emitir la política de liquidación y transición en los casos que correspondan.

El Ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, dijo que en todos los casos se deberá cumplir con la garantía de los derechos de los trabajadores que será desvinculado. Precisó que hay un presupuesto establecido para las liquidaciones.

Gremios anuncian movilizaciones para el 25 de mayo

El Frente Unitario de trabajadores (FUT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunciaron desde sus bases el inicio de movilizaciones este 25 de mayo en el país, junto a varios sectores sociales y populares.

La CUT exige veto a la Ley Humanitaria, derogar el decreto y restituir el empleo en el sector público.

La Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), pidió también al Gobierno dar marcha atrás a las decisiones que afectan a su sector y trabajadores del país.

“La próxima semana habrá plantones en las Gobernaciones de todo el país”, indicó Remigio Hurtado, secretario general de la Conasep, asegura que el sector público es el más afectado, con descuentos por alrededor del 20% en sus salarios.

Por su parte, Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, advirtió que la agrupación se sumará a las acciones sociales que se desarrollaran en cada una de las ciudades del país.

Existen gremios que por temor a contagios de covid-19 no participarán de las movilizaciones como la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice) filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Jaime Vargas, dirigente de la Conaie anunció que por el momento no participarán de las movilizaciones, sin embargo se mantienen en contra de las medidas económicas.

De igual manera el Movimiento Nacional Campesino (Fecaol) a través de su vocero Richard Intriago dijo que no apoyará las movilizaciones temen que más compañeros se contaminen del virus y les cause la muerte.

Ante el anuncio de movilizaciones, Juan Sebastián Roldan, secretario de la Presidencia de la República, en un programa radial, dijo que mientras se respete el orden, la ley y la Constitución se podrán realizar protestas. Advirtió, que si hay problema de contagios, los líderes tendrán que responder ante la justicia. (I)