Las actuales tasas de interés, especialmente en créditos a emprendedores, serán sometidas a evaluación. El propósito es determinar en qué segmentos se podría disminuir el porcentaje.

Para ello, desde septiembre próximo se instalarán mesas técnicas de los sectores público y privado en el último trimestre del año.

“No es que vamos a bajar en todos (los niveles), hay que hacer un análisis objetivo, sobre todo técnico con diferentes metodologías internacionales para ver qué margen de acción tenemos”, explicó a EL TELÉGRAFO la gerenta general del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola. Al final del año ya se tendrá una resolución al respecto, agregó la funcionaria.

Los microcréditos poseen los intereses más altos del sector financiero privado, público y, popular y solidario. Por ejemplo, la tasa anual máxima del microcrédito minorista es el 28,50%, mientras que el crédito productivo corporativo (para grandes negocios) grava el 9,33%.

Además del elevado costo del crédito, completar los requisitos que exigen las entidades financieras resulta complicado para los emprendedores, principalmente, porque no registran historial crediticio, no disponen de las garantías necesarias y no poseen estudios de factibilidad, señala la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).

Artola reconoció esas dificultades afirmando que “no hay suficiente crédito para el emprendimiento” y, debido a ello, ahora se buscan mecanismos para facilitar y aumentar los desembolsos.

La Ley de Fomento Productivo (pendiente de veto) dispone a la banca pública, conformada por el Banco de Desarrollo, BanEcuador, Corporación Financiera Nacional (CFN) y Corporación Nacional de Finanzas Populares (Conafips), la creación de un fondo de garantías.

Se constituirá con hasta el 50% de las utilidades de esas instituciones y estará dirigido a la Economía Popular y Solidaria, con énfasis en el sector asociativo.

La Ley de Reactivación Económica (aprobada en diciembre de 2017) puso un plazo de 45 días para que la Junta Monetaria y Financiera establezca, mediante resolución, la reducción de costos de los servicios de entidades financieras y no financieras que otorgan crédito.

Al respecto, indicó Artola, hasta el momento solo hubo una reunión sobre el tema en la Junta Monetaria. (I)