El gasto en la publicidad y promoción de la banca privada, el fortalecimiento del crédito y el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) formaron parte de los temas de debate en el foro de socialización del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social que se realizó ayer en la Asamblea.

Entre los participantes estuvieron: Joaquín Morillo, de la Asociación de Bancos Privados; Mauro Andino Alarcón, del Servicio de Rentas Internas; Álvaro Troya, del Ministerio Coordinador de la Política Económica; asambleístas y asesores.

A través de dos ejes: cómo funcionan los bancos y cuáles serían las afectaciones a la banca con la aplicación del proyecto de Ley, se desarrolló el diálogo y debate entre los asistentes, hasta que se tocó el tema de la publicidad.

Según datos proporcionados por Mauro Andino Alarcón, director nacional de Planificación y Coordinación del Servicio de Rentas Internas, la banca destinó 114 millones de dólares en 2011 para publicidad y promoción.

Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, indicó que será necesario establecer la diferencia entre el gasto ejecutado por el Ejecutivo versus cuánto destinan los bancos para publicidad,  porque “es plata de nosotros, es plata pública, el 90% de la banca es nuestra”.

Ello debido a que la banca tiene la obligación de mantener como patrimonio el 10% del total de los depósitos. Velasco recordó que según las cifras expuestas para el análisis del gasto en publicidad del Ejecutivo, éste ejecutó  17,3 millones de dólares a ese propósito.

Morillo no se refirió a la cifra expuesta por Andino Alarcón y prefirió argumentar los riesgos para la banca si el  proyecto de Ley entra en vigencia: al no reinvertir las utilidades se reducirían los préstamos y al gravar con el 12%   los servicios financieros también se reducirían los ingresos. Por lo tanto, insistió en el pedido de “archivo” como lo hizo días atrás la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.

Garantizar los depósitos

Simón Cueva, docente de la Universidad de las Américas (UDLA), invitado por la banca, explicó la relación entre el crédito y el patrimonio, éste último considerado como “un colchón que proteja al depositante de cualquier problema” y, a su criterio, sin ese colchón el primer afectado ante un inconveniente  sería el bolsillo del accionista o del banco, mas no  el usuario de la banca.

Al respecto, el representante del Ministerio de la Política Económica refutó que si bien el patrimonio para los banqueros puede verse afectado ante un problema financiero, “los instrumentos patrimoniales que han existido e implementado no han sido adecuadamente utilizados por el sistema financiero en los últimos 10 años”.

Morillo, en cambio, sostuvo que los posibles impactos de la Ley en el sector bancario son  preocupantes porque se trata de una propuesta “totalmente desproporcionada, el monto de recaudación que propone extraer no guarda consistencia con la capacidad contributiva de la banca, que ya es el sector  con mayor carga tributaria  en el Ecuador”.

Sobre las preocupaciones de la banca, Andino Alarcón reiteró que “el proyecto tiene parámetros que permiten flexibilidad y además no afectarían la buena salud que tiene la banca desde hace algunos años”.

El funcionario del SRI añadió que el proyecto de ley no pretende cerrar o perjudicar a ninguna institución del sistema financiero y recordó que las acciones legales que se aplicarían a la banca solo  serán para  financiar el incremento al Bono de Desarrollo Humano (BDH) de 35 dólares a 50 dólares.

Una vez efecuado el primer debate del proyecto de Ley, está previsto que la Comisión concluya el informe para segundo debate hasta el próximo 13 de noviembre, para que luego sea analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional, el cual tiene plazo hasta el 24 de noviembre para remitirlo al Ejecutivo. El documento fue entregado a la Asamblea el 25 de octubre pasado con el carácter de urgente en materia económica.