Para reparar los problemas técnicos y de infraestructura de cinco proyectos hidrocarburíferos construidos por el anterior Gobierno se necesitaría desembolsar alrededor de $ 650 millones.

La cifra es resultado de las auditorías ejecutadas desde mediados de octubre de 2018 por tres empresas de España, Reino Unido y Estados Unidos.

El proceso contó con el aval del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador (PNUD), entidad con la que la empresa pública Petroecuador firmó un convenio en diciembre de 2017 para que lleve adelante la licitación internacional.

En mayo de 2018 el PNUD realizó el concurso con 43 empresas interesadas. Se presupuestaron $ 6,9 millones, pero en la práctica se usaron  $ 3,3 millones.

Las firmas ganadoras fueron el Consorcio ICC-Tecnatom (España), que tuvo a su cargo la Refinería de Esmeraldas, Terminal Marítimo Monteverde y planta de Licuefacción de Gas Natural.

La compañía RSP Energy LTD (Reino Unido) examinó la Refinería del Pacífico; y, por último, ABS Group Consulting INC. (Estados Unidos) inspeccionó el poliducto Pascuales-Cuenca.

El PNUD aportó con un acompañamiento técnico y recopiló los informes finales para entregarlos al Gobierno ecuatoriano.

Según Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el monto para que las obras funcionen correctamente podría ser superior a lo calculado por las evaluadoras.

Esos recursos deberán ser aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero el funcionario no ve posible que este año se pueda disponer de ello debido a la situación económica del país.

Este lunes 7 de enero, el ministro junto con Pablo Flores, gerente general del Petroecuador, y Nuno Queiros, representante del PNUD, explicaron el contenido de los informes.

El objetivo fue verificar si las obras se ciñeron a los términos de referencia iniciales, especificaciones técnicas originales, estándares técnicos y financieros internacionales, situación actual de los proyectos y, de ser el caso, medidas para ponerlos operativos.

Los presuntos sobreprecios están por encima de los $ 2.500 millones. El costo global de los proyectos ronda los $ 5.000 millones.

Flores resumió que “no existe coherencia alguna” entre los presupuestos iniciales con los finales. “En su mayoría, los contratos fueron entregados a dedo” y los errores en la construcción “son de extrema gravedad”.

Respecto a la fiscalización, se encontraron conflictos de interés, como en las refinerías de Esmeraldas y Pacífico. Además, Petroecuador no ha recibido la documentación completa de la ingeniería de los proyectos.

En el mejor de los casos, dijo Flores, los proyectos funcionan “a medias”.

Refinería de Esmeraldas

Esta obra es la que mayor aumento tiene, pues pasó de $ 754 millones a $ 2.323 millones. Apenas el 1% de los contratos fue por licitación.

La auditoría detectó que los costos de implementación del proyecto no fueron acordes a los precios del mercado. La reparación del sistema eléctrico tuvo una elevación del 1.156%, pero no funciona como debe. La Unidad FCC, el corazón de la planta, aumentó en $ 310 millones.

Ahora la refinería opera al 90% de su capacidad; es decir, produce 102.000 barriles de crudo al día, cuando su potencial es de 110.000. Funciona bajo riesgo.  

Para que opere al 100%, el Consorcio ICC-Tecnatom recomienda ejecutar ocho proyectos por $ 172 millones.

Refinería del Pacífico

En la ahora llamada Refinería de Manabí se gastó $ 1.531 millones, hay un sobrecosto del 23% ($ 156 millones). La firma RSP Energy LTD estableció, entre otras conclusiones, que en los contratos de licencias el exceso fue del 30%.

La obra ubicada en la provincia de Manabí, y que fue concebida en asociación con la petrolera venezolana PDVSA, solo cuenta con un terreno aplanado que, de paso, está en comodato con Yachay. Sobre esto último no se ha encontrado explicación, dijo el ministro.

Petroecuador no participó en la ingeniería conceptual. Pérez manifestó que si bien hay interés de inversionistas extranjeros, el tema está en compás de espera mientras se resuelven litigios con PDVSA. También se consideran otras iniciativas para usar el espacio, como un parque solar o un proyecto agrícola.

Poliducto Pascuales-Cuenca

Es el más alarmante. Petroecuador lo declaró en emergencia. La situación es tal que la evaluadora ABS Group Consulting INC estima que para construir una nueva planta se necesitarían $ 201 millones. La infraestructura se levantó en suelo inestable por $623 millones, cuando al inicio se calcularon $ 250 millones.

Llama la atención que no existe evidencia documentada relativa a la fiscalización de la construcción. Aun así se pagó $ 27,5 millones a la fiscalizadora (el contrato original fue de $ 20,6 millones).

Las autoridades hicieron severas críticas. Carlos Pérez expresó que las empresas fiscalizadoras debieron parar los proyectos cuando estos presentaban anomalías durante su ejecución.

Planta de Licuefacción Bajo Alto

Tuvo 80% de incremento, tras pasar de $ 40,1 millones a $ 72,5 millones. Opera a la mitad de su capacidad (90 toneladas métricas), en gran medida porque en Ecuador no se produce tal cantidad de gas.

La sismicidad del terreno no cumple con el Código Ecuatoriano de la Construcción. Para su correcto desempeño se requieren de $20,2 millones, según el Consorcio ICC-Tecnatom.

Terminal Marítima Monteverde

El sobreprecio fue del 76% del monto inicial (de $ 210 millones a $ 371 millones). El muelle tiene 483 metros de longitud en exceso y otros 10 de calado; además los pilotes que soportan el puente de acceso no poseen protección catódica (reduce o elimina la corrosión de un metal).

El consorcio español sostiene que cerca de $ 14,1 millones son necesarios para proteger los pilotes y sustituir los brazos de descarga.

Pese a los daños de las cinco obras, las autoridades no piensan cerrar ninguna de ellas; por el contrario, buscarán solucionar los problemas.

Como acciones inmediatas expusieron un plan de intervención que comprende paralizaciones programadas de la Refinería de Esmeraldas a un costo de $ 18 millones.

En Bajo Alto se invertirán  $ 16 millones entre estabilización de suelos y estudios de prefactibilidad para adquirir turbinas a gas para la producción de la planta.

En Pascuales-Cuenca seguirá la emergencia por el deslizamiento de los taludes. Y a Monteverde se destinarán $ 9 millones para proteger los pilotes. (I)