Para evitar que la ciudadanía reciba esas incómodas llamadas telefónicas que  ofertan productos y servicios en horas inadecuadas, la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) emitió el 23 de julio anterior una resolución en donde se prohíbe a las entidades financieras  que ejecuten este  tipo de actividades y pidió la correspondiente suspensión de las mismas.  

El documento, que fue entregado a todos los bancos privados del país, señala que según información obtenida por el organismo de control, se evidenció que algunas entidades realizaban este tipo de llamadas a los usuarios, con el propósito de requerir cobros o promocionar sus productos o servicios justamente en horas de descanso y los fines de semana.

Las instituciones que no acaten la resolución serán sancionadas de acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

María José Fernández, defensora del Pueblo del Guayas, destacó que cuando existen este tipo de situaciones, los usuarios reciben una información que no es completa, lo cual, dijo, va en contra de las  leyes que rigen en el país, como por ejemplo  la Constitución y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Sobre esta última normativa, resaltó que en el artículo 4 se señala que los usuarios  y consumidores tienen derecho a una información adecuada,  clara, veraz, oportuna y  completa.

En tanto el artículo 52 de la Constitución señala que “las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características”.

Frente a esto, Fernández destacó que existe una situación adicional que les preocupa, relacionada con la base de datos de los usuarios que tienen las instituciones financieras.

Subrayó que esta información es solamente para cuestiones propias de las entidades bancarias, y que no tienen que ser extendidas a terceras personas. “¿Qué pasa con la transferencia de nuestra información que reportan las entidades financieras y que se entrega  a este tipo de casas que ofertan un producto o venden un servicio?”.

Estas observaciones, dijo, fueron presentadas por la Defensoría del Consumidor mediante un comunicado  a la SBS a fin de que la entidad de control ponga punto final a  las mismas.

Marcelo Garzón, propietario de una tarjeta de crédito, está de acuerdo en que las llamadas de ofertas y anuncios de cobros sean reguladas, porque “hasta ahora las instituciones financieras han impuesto su propia ley”. Consideró que esta medida es “acertada, porque cuando uno se atrasa de las cuotas recibe estas llamadas “molestosas” incluso antes de las seis de la mañana”.

Recalcó que incluso sin atrasarse en los pagos, también se reciben llamadas hasta una semana antes diciendo: ¿cuánto va a pagar y en qué oficina?, llamadas que aseguró  se las realizan en horas de descanso.

De su parte, Paulina Sierra, otra usuaria, manifestó que con esta resolución se terminarán las llamadas “que ofrecen servicios de seguros para esto, o seguros para este otro. Apenas recibo la llamada, me advierten que  la conversación va a ser grabada, y a veces ni se les entiende lo que dicen”.

Cabe destacar también que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip)  garantiza y norma el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información.

Para David Sánchez esta medida es muy buena porque  “las entidades financieras no pueden, por el hecho de promocionar productos, molestar en horas que  no se les puede atender,  peor aún el fin de semana”.