Cuando el presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley para la Reactivación Económica, las críticas no solo fueron al cuerpo legal, sino al equipo económico que rodeaba al Ejecutivo; concretamente los sectores empresariales y analistas pedían la salida de aquellos actores que fueron importantes tomadores de decisiones en la anterior administración presidencial. Una de estas personas fue Patricio Rivera, quien se desempeñaba como consejero de Gobierno y delegado del Primer Mandatario ante el Comité de Deuda y Financiamiento.

Fue el mejor egresado en el colegio Mejía y en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. En la Presidencia de Rafael Correa fue ministro de Finanzas y ministro Coordinador de la Política Económica.

Su salida del equipo económico fue anunciada de dos maneras diferentes. Por un lado, la Secretaria de Comunicación dijo que la salida de Rivera responde a una “renovación parcial” del equipo económico del presidente Moreno. Sin embargo, Rivera dijo, mediante un comunicado, que trabajó junto a Moreno para apoyar el proceso de transición y que al haber culminado esa etapa, asumiría el cargo de Superintendente de la Economía Popular y Solidaria.

Este cambio generó algunos comentarios positivos. Los sectores privados veían en la figura de Rivera un freno a mejorar la relación con el Gobierno. Otros reconocieron el cambio, pero dijeron que, aparte de las personas, se debe aplicar una nueva receta a la gestión económica de Ecuador. Por ejemplo, Rodrigo Gómez de la Torre expresó: “Si seguimos aplicando la misma receta, obtendremos los mismos resultados de la última década”.

La polémica alrededor de Rivera también giró en torno a su posesión como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. La discusión giró en torno a los plazos, pues Rivera asumió el cargo casi ocho meses después de ser designado por el Consejo de Participación Ciudadana y esto, según varios de sus críticos, entraría en conflicto con la Ley del Servicio Público (Losep). Sin embargo, su cargo se oficializó el 20 de diciembre ante la Asamblea Nacional. (O)