El exministro de Finanzas, Patricio Rivera, respondió la tarde del 12 de abril a los señalamientos de responsabilidad penal que la Contraloría General del Estado determinó en el examen especial al manejo de la deuda.

Mediante una carta de tres páginas el funcionario del gobierno de Rafael Correa, también con indicios penales, acusó a la Contraloría de persecución política y manifestó que el informe “pone en riesgo la seguridad jurídica e imagen de Ecuador ante los mercados financieros  internacionales”.

La auditoría de la deuda pública desde el 1 de enero de 2012 hasta el 24 de mayo de 2017 estableció responsabilidades penales y administrativas contra Rivera por el Decreto Ejecutivo 1218, declaración de secreta a operaciones de deuda, y crédito entre Petroecuador y el ICBC (China).

El exministro insistió en que el decreto se fundamentó en el manual del Fondo Monetario Internacional (FMI) para medir el coeficiente deuda/PIB. Además, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene la competencia de determinar la legalidad o ilegalidad de una norma, no la Contraloría.

Sustentó la reserva en el Código de Planificación y Finanzas Públicas e indicó que es para que “no puedan usarla en nuestra contra”.

“¿Por qué en una negociación bilateral le voy a decir a la otra parte lo que conseguí en cláusulas legales en la anterior negociación?”, cuestionó Rivera.

Rivera también se refirió a quienes conforman la veeduría ciudadana que acompañó la auditoría de la deuda: “Lo preocupante es que la Contraloría haya incluido a personas que negocian deuda y asesoran a negociadores o tenedores, para que accedan a la información de la auditoría”.

Finalmente, el economista concluye: “la actual administración ha venido actuado con exactamente los mismos instrumentos jurídicos, procedimientos y base normativa hasta la fecha. Hay que analizar quiénes están detrás de todas las acciones políticas irresponsables y a qué intereses responde”.  (I) et