La poca autosustentabilidad y la dependencia del Presupuesto General del Estado, así como  vulnerabilidades a la interferencia política son algunos de los aspectos que se identificaron en el manejo de las empresas públicas, en el marco de un foro que se efectuó este martes 17 de noviembre.

El evento contó con la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Asamblea Nacional, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, reveló que, en los últimos 4 años, algunas empresas públicas de la Función Ejecutiva registraron pérdidas y gran parte de ellas no han podido ser autosustentables y para existir dependieron de las transferencias del Presupuesto General del Estado. Tanto así, que desde el 2018 al 2020, 13 empresas recibieron $ 625 millones.

Destacó que el Gobierno Nacional decidió encarar las ineficiencias identificadas y presentó una reforma legal que recoge las mejores prácticas internacionales para generar transparencia, buen gobierno corporativo y eficiencia en estas empresas.

Fernando Quevedo, representante del BID en Ecuador, informó que en 2018, la entidad evaluó a las empresas públicas de la Función Ejecutiva del país, comparándolas con estándares internacionales y encontró varias debilidades.

Aseguró que estas deben contar con directorios profesionalizados y equilibrio de género; implementar la ISO 37001 para impedir la corrupción; mejorar su formulación presupuestaria y alinearse a los principios de gobernanza de la OCDE.

Daniel Blume, gerente de programas de Gobierno Corporativo de la OCDE para América Latina, señaló que con frecuencia las empresas estatales muestran fallas en la gobernanza, tienen objetivos poco claros, politización excesiva, una débil rendición de cuentas e incluso corrupción.

Alertó que estas ineficiencias pueden desalentar inversiones y generar impactos en lo económico y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Resaltó que la OCDE estableció directrices que pueden ser recogidas por los países para mejorar la gestión.

Explicó que es prioritario que compitan en igualdad de condiciones que la empresa privada, que la función de propiedad estatal de las empresas públicas esté separada de la función reguladora para evitar conflictos de intereses, que los objetivos y el desempeño sean divulgados, que los directorios ejerzan sus poderes libres de injerencias políticas, entre otros lineamientos.

Marta Viegas, jefe de la Unidad de Gobierno Corporativo en BID Invest, manifestó que estas empresas son vulnerables a la interferencia política y por ello necesita niveles adecuados de independencia para que operen de forma eficiente y transparente. Señaló que el BID Invest creó herramientas para evaluar el estado de sus  gobiernos corporativos, que también se basa en los principios de la OCDE.

En cuanto al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, afirmó que esta propuesta es necesaria, oportuna y busca dar más sostenibilidad a las empresas públicas. Anunció que el Legislativo prioriza el tratamiento de esta ley de manera técnica y ejecutando procesos de socialización.

Finalmente, Emilio Pineda, jefe de División Fiscal del BID, dijo que la reforma legal es potente y se alinea con las mejores prácticas internacionales.  Afirmó que para mejorar la gestión de las empresas públicas hay que reducir la discreción en la interrelación fiscal entre estos entes y el Estado Central, y mermar la asimetría de información para contar con datos confiables sobre el desempeño empresarial. (I)