Repsol, accionista del 29,6% de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), retiró una notificación de controversia contra Ecuador por alrededor de $ 250 millones.

Esto fue confirmado por la Procuraduría General del Estado tras la publicación del diario El Economista de España, que habló del levantamiento de un arbitraje internacional.

La Procuraduría explicó que el retiro de la solicitud de controversia implicó grandes beneficios para el Estado ecuatoriano, pues previno posibles contingencias económicas en contra del país. Además, la entidad gubernamental “ahorró montos sustanciales en la defensa del Estado en el arbitraje internacional”.

Otro beneficio se refleja en el mantenimiento de las relaciones contractuales entre el Estado y las compañías durante la vigencia de los contratos.

Según la publicación española, Repsol presentó esta queja en marzo de 2018, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por discordancia con la presión fiscal aplicada por Ecuador en los últimos años.

La controversia se refería al tratamiento del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la deuda fiscal subordinada emitida por OCP para financiar inversiones con sus filiales.

El litigio fue evaluado por el SRI en $ 252,3 millones y llevaba unos 15 años en los tribunales nacionales.

En agosto de 2018, el Gobierno Nacional promulgó la Ley de Fomento Productivo que permitía la condonación de intereses, multas y recargos de deudas tributarias hasta el 28 de diciembre. Además, se suspenden los procesos coactivos y juicios de insolvencia o quiebra, de acuerdo a la ley.

Según El Economista, las petroleras se acogieron a la remisión tributaria por lo que desistieron de los pleitos y las controversias.

César García, catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, de España, explicó que el retiro de esta demanda es algo previsto en los tratados de protección a las inversiones para resolver controversias entre las empresas y los Estados.

El académico, quien asistió al Congreso Internacional de Tributación en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, aseguró que la decisión de Repsol “generará más tranquilidad y favorece a la imagen internacional del país en términos de seguridad jurídica para las inversiones”.

García añadió que significa un posible ahorro para Ecuador de una indemnización de más de $ 200 millones. “Poner fin a un conflicto siempre es positivo”.

Este Diario solicito más información a OCP Ecuador, pero indicó que no puede pronunciarse por temas legales. Mientras que, el SRI no atendió el pedido hasta el cierre de esta edición. (I)