Reducir el déficit fiscal y el gasto público heredado del gobierno anterior ha sido uno de los objetivos permanentes del presidente de la República, Lenín Moreno, durante estos tres años en el poder.

Moreno recibió un país con una deuda pública de $ 27.871 millones (27,7% del PIB) y un déficit fiscal del 7,30% del PIB (ver infografía).

Aunque el Presidente admitió en cuanto fue posesionado que “la mesa no estaba servida”, como dijo el anterior mandatario, a criterio de expertos económicos apenas en 2019 se empezaron a tomar medidas para contrarrestar la realidad.

Alberto Acosta Burneo, analista económico, asegura que la primera parte del mandato de Moreno llevó la misma política económica de la administración anterior.

“Tratar de posponer los problemas con mucho endeudamiento. Un endeudamiento muy agresivo para seguir manteniendo un gasto público insostenible”, asegura.

La deuda pública pasó del 38% del PIB al 44,6% en 2017. La tendencia a la alza continúa.

Con Acosta concuerda Walter Spurrier, director de Análisis Semanal. Considera que el Ejecutivo desde el inicio debía enfrentar dos problemas fundamentales: el gasto público que no se podía financiar y que el país era muy caro.

Según Spurrier en el segundo año la situación económica no se deterioró más, pero se tornó difícil para el Ejecutivo vencer la inercia del extremo gasto. Esto pese a ciertas medidas de austeridad que implementó como eliminar el subsidio a la gasolina súper.

Según los expertos, recién al tercer año del mandato se empiezan a tomar medidas para revertir los problemas económicos. Aunque se avanzaron poco en ellos.

Para Acosta, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a inicios de 2019 fue un momento decisivo porque el Gobierno “se dio cuenta de que esa opción de endeudarse mucho para seguir gastando no era sostenible”.

Empezó un proceso complicado de ajuste. Acosta dice que el 2019 fue un año complejo por toda la reacción política que generó el poner en orden las cuentas fiscales.

Para ambos analistas es en estas últimas semanas que el Gobierno toma realmente medidas para mejorar la economía del país.  
La emergencia sanitaria empeora la económica del país. Se prevé que el déficit fiscal para 2020 pasará de $ 3.384 millones a $ 8.653 millones y se estima que la economía decrezca el 6%.

Spurrier destaca que en mayo el Gobierno logró la aprobación de medidas importantes para la reforma estructural del país, emite decretos para reducir la carga fiscal y da un primer paso para disminuir los subsidios de los combustibles.

Según Acosta, el covid-19 obligó al Presidente a tomar medidas que antes no se hubiera atrevido. La reducción de $ 4.000 millones en el gasto público es significativo y no va a ser fácil, requerirá de mucho apoyo, señala.

“Creo que no era del agrado del Presidente las medidas que tenía que tomar desde un inicio, por eso no las tomaba. No creo que de corazón esté convencido de una reducción del tamaño en el Estado. Le preocupaba un posible efecto social”, comenta Spurrier.

Para Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, estas decisiones están en la dirección correcta, aunque son un poco tardías.

Asegura que el tamaño del Estado y el gasto público son insostenibles en gran medida porque se vienen acumulando déficits fiscales desde 2008. El país financia su presupuesto en base a endeudamiento público.

“La parte dolorosa es que estos recortes tienen un impacto social. Hubiera sido preferible no hacerlo de golpe sino de una manera progresiva. Pero la situación no da para más, no hay dinero, hay que hacer este ajuste”, dice Aspiazu.

Por otro lado, el Gobierno depende de los organismos multilaterales para poder controlar el nivel de ajuste que va a hacer en la economía. Si no hubiera ese apoyo externo ahora el recorte hubiera tenido que ser mucho más drástico.

“Con estas medidas, ahora que sí está comprometido con reformas económicas, el Ejecutivo va a plantear a los multilaterales la necesidad de más apoyo”, cree Spurrier.

Para Acosta, la corrección de todos los desequilibrios de la bonanza provocados por el gobierno anterior va a tomar no menos de 10 años, tiempo de extremada dificultad económica y de corrección permanente. (I)

Ejecutivo emite ley para ordenar el gasto público

Para Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, las leyes económicas urgentes que están en trámite son fundamentales para hacer cambios estructurales en el país.

Con el proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas el Gobierno podrá decir cuál es el presupuesto que hay para cada entidad y se establecen reglas de cómo estas deben operar y reportar sus ingresos y egresos, “no van a poder engañar”, asegura.

Mientras que la Ley de Apoyo Humanitario, para el analista económico Alberto Acosta Burneo, da un respiro al sector productivo.

Va a evitar que más empresas cierren y que existan más despidos. Cree que es una ayuda para sostener la producción.  (I)