Luego de que el presidente Rafael Correa hiciera público su respaldo al fallo que emitiera la Tercera Sala de lo Penal del Guayas en contra de la Cervecería Nacional (CN)  -que ordena el pago  de $ 90’ 929.135 más intereses a un grupo de 1.200 ex trabajadores por concepto de utilidades- las reacciones de los litigantes, como  de los actuales empleados de la empresa no se hicieron esperar.

Arturo Cervantes, representante de los trabajadores que pusieron la demanda, comentó que las palabras del Jefe de Estado alientan a la causa de los más de 1.000 perjudicados por la multinacional y, además, hecha al traste la postura de la defensa  y de los actuales trabajadores de la CN, quienes aseguran que la sentencia es inconstitucional.

“No habría  problema si los anteriores dueños de la cervecería hubiesen cumplido con las obligaciones con sus trabajadores. Prefiero tarde que nunca. Me alegro de que reciban su justo pago. Me alegro de que se haga justicia”, dijo el Primer Mandatario, el pasado martes, en Guayaquil.

El dirigente laboral manifestó también que el pasado 11 de marzo presentó una ampliación del fallo para que la medida sea notificada de inmediato al juzgado 12º de lo Civil que -según la sentencia- es el encargado de coordinar el pago.

Sin embargo, la Tercera Sala de lo Penal aún no realiza la diligencia, lo que resulta “extraño” para la defensa de los ex empleados. “Una vez que la Tercera Sala notifique al juzgado 12º comienza a correr un plazo para que  nos cancelen nuestros haberes”, dijo.

Trabajadores están  en “resistencia” Mariana Bonilla, vocera de los empleados de la CN, indicó que están estudiando las medidas legales que tomarán luego de la sentencia a la que  califican de “ilegal e injusta” y que, advierten, afectaría a más de 1.700 familias en el país.

“El Presidente de la República creo que no ha sido informado sobre todo el proceso. El Mandatario parece desconocer que la sentencia que favorece a estos supuestos ex trabajadores es ilegítima e ilegal”, manifestó Bonilla.

La trabajadora adelantó que decidieron acogerse al derecho constitucional de la resistencia ante la medida en contra de la CN. Sin embargo, no específicó qué acciones estarían incluidas en esta etapa de desacato.

“Eso tiene que ver con acciones legales que ya se están estudiando”, dijo la vocera laboral, quien tampoco confirmó si presentarán una acción de protección ante la Corte Constitucional (CC).

En una publicación que circuló ayer, en medios privados  en una página entera, los trabajadores de  la cervecería justificaron su decisión de acogerse al derecho-garantía de la resistencia con los mismos argumentos que sostiene la defensa de la CN.

Finalmente, en el texto se afirma que el pago de estas indemnizaciones provocará el cierre de las plantas de producción de Quito y Guayaquil, lo que afectaría a 600 mil ciudadanos que dependen, directa e indirectamente, de las ventas de la empresa.