La apertura de Ecuador al desarrollo de la minería a gran escala le permite prever que las exportaciones, a lo largo de 20 años, llegarán a los $ 32.063 millones, de acuerdo al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Los proyectos estratégicos Mirador (Zamora Chinchipe), a cargo de la empresa de capitales chinos Ecuacorriente; Fruta del Norte (Zamora Chinchipe), en manos de Lundin Gold de Canadá; Loma Larga (Azuay), en el que trabaja la canadiense INV Metals y Río Blanco (Azuay), competencia de otra canadiense, Junefield, aún se encuentran en fase de construcción de mina por lo que en 2018, el Gobierno proyecta una exportación de apenas $ 11 millones. Sin embargo, ya en fase de producción, se espera que el monto sume $ 2.384 millones hasta 2021.

De acuerdo al ministro del ramo, Carlos Pérez, el país apunta a convertir para 2021 a la minería en el segundo rubro de exportaciones no petroleras, con un aporte del 4% al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Según el funcionario, el Gobierno ha mejorado la carga fiscal para la atracción de fondos extranjeros frescos, lo que permitirá al fin del mandato presidencial captar aproximadamente $ 4.500 millones de inversiones, recaudar $ 1.326 millones por regalías, patentes, utilidades e impuestos y crear al menos 25.000 nuevas plazas de empleo directo e indirecto.

Respecto a la pequeña minería, el Ministro dijo que existe un “cuello de botella” para entregar las licencias ambientales, por el tiempo que tarda el Ministerio del Ambiente en hacerlo.

Está previsto que en los próximos días se firme un acuerdo que obligue la entrega de permisos en un plazo máximo de 90 días. “Tenemos que facilitar los procesos para que los pequeños mineros no migren a la minería ilegal”, enfatizó Pérez. (I)

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La normativa exige altos estándares de calidad

A pesar de que Ecuador ha desarrollado durante años la minería artesanal, los daños ambientales y sociales de esta práctica le llevaron al Estado a emitir una normativa que regule esta actividad.

Pero los desafíos que plantea la minería industrial, obligan el mejoramiento de las leyes y códigos para proteger el medio ambiente y las comunidades asentadas en los territorios aledaños a las concesiones.

Carolina Orozco, especialista en asesoría legal ambiental minera, manifestó que para que los proyectos a gran escala sean sostenibles y económicamente rentables requieren ser socialmente justos y ambientalmente responsables.

En este sentido, Ecuador ha fortalecido su normativa para exigir altos estándares de calidad y control, además de la protección de sus zonas sensibles debido a su megadiversidad.

Según Orozco las empresas que ingresan al Ecuador para desarrollar los megaproyectos mineros tienen un ranking mundial de manejo ambiental incluso con estándares superiores a los que exige el país.

“Una empresa responsable no busca únicamente cumplir con la licencia ambiental. Si no ir más allá en el cuidado del entorno, así como en la protección y ayuda a las comunidades”, manifestó la experta. (I)