La concesión minera otorgada a la compañía Ecuacorriente S.A., encargada del proyecto de cobre “Mirador” y con la cual el Estado firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala el pasado lunes, no afecta a las áreas protegidas o a las zonas fronterizas. Así lo afirmaron en una rueda de prensa conjunta la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, y de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.

Los ministros desvirtuaron las supuestas irregularidades que se cometerían en el proyecto minero “Mirador”, señaladas en un informe previo de la Contraloría y publicado  en varios medios de comunicación.

El ministro Pástor  desvirtuó que la concesión minera del proyecto  traspase los límites sobre la frontera con Perú  y -al igual que la ministra Aguiñaga- descartó que haya explotación de cobre en el Bosque Protector Cordillera del Cóndor, como señala el informe previo de la Contraloría.

Pástor precisó que el 5 de abril de 2011 el Ministerio de Defensa presentó un informe que indica que el proyecto se ejecuta en territorio ecuatoriano. Aguiñaga en la rueda de prensa explicó que la Secretaría Nacional del Agua (Senagua)  ha comunicado  que no hay fuentes o nacientes de agua dentro de los límites de las concesiones “Mirador 1” y “Mirador 2”.

La mina, ubicada en la parroquia Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, deberá tener ahora los permisos del Ministerio de Patrimonio y de la Senagua para completar los trámites respectivos que   autoricen la explotación. Cada fase de desarrollo minero debe contar con tres licencias, es decir, la exploración inicial, exploración avanzada y explotación.

Pástor explicó que, además de las garantías convencionales y bancarias para los procesos de remediación y reparación, se añadió una, mediante la cual la compañía tiene la  obligación anualmente de provisionar un monto de dinero para que al final del período del contrato (25 años) tenga una cantidad para dejar el área arreglada y remediada.

En este momento, mencionó el funcionario, el valor actual está  estimado en 97 millones de dólares, que “en 25 años se convertirán en valor corriente en centenas de millones de dólares, que la compañía tendrá que invertir para reparar la mina, además está obligada a reforestar 4.000 hectáreas, cuando la concesión tiene 2.800 hectáreas”.

Aguiñaga y Pástor también hablaron de los temas del contrato y los aspectos ambientales a los miembros de la Comisión de Biodiversidad, de la Asamblea Nacional. Además, precisaron que, en febrero pasado, el Ministerio del Ambiente ya entregó la licencia ambiental.

Aclararon que, de acuerdo a la Ley de Minería, se requiere de licencia  ambiental para  iniciar la actividad minera, así como los permisos de la Senagua y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

De su parte, el representante financiero de Ecuacorriente S.A., Mauricio Núñez, confirmó que el permiso ya fue otorgado en febrero pasado, pero todavía faltan otros antes de iniciar las actividades propias de la fase de explotación.

Núñez resaltó que no les han  notificado aún sobre el informe y que el área de la concesión no se encuentra fuera de las fronteras del territorio ecuatoriano, ni invade las reservas naturales ni las forestales.

Agregó que Ecuacorriente mantendrá una política de prevención de impactos ambientales y tendrá como norma el manejo responsable de los riesgos mediante una adecuada gestión ambiental. El agua será especialmente monitoreada y la empresa garantiza que la recirculará y purificará.