La Comisión de Salud quiso conocer los cambios que se darán en la proforma presupuestaria para 2019. Por eso citó este lunes 26 de noviembre a los ministros de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y de Salud, Verónica Espinosa.

Martínez se excusó en razón de que se encuentra en Estados Unidos (los motivos de ese viaje no fueron revelados por la cartera de Estado).

Al conocer esta noticia, Gabriela Rivadeneira, representante de la bancada de la Revolución Ciudadana, propuso que se redacte un pliego de preguntas para que el funcionario las responda en el pleno de la Asamblea, donde está previsto que acuda para explicar los detalles de la proforma.

La Ministra de Salud sí acudió y explicó que el presupuesto para esta área ha ido creciendo en los últimos 10 años. Por ejemplo, en 2017 se entregaron $ 2.300 millones para gastos de inversión, es decir nuevos hospitales y centros médicos. Además de $600 millones para gasto corriente, dinero que se usa para la manutención de la red hospitalaria, pago de sueldos, adquisición de medicamentos, entre otros rubros.

En ese sentido, Espinosa dijo que durante su gestión la ejecución presupuestaria fue casi óptima. A noviembre llegó al 86%, pero espera terminar el año bordeando el 100%.

Para la Federación Médica Ecuatoriana, que no fue convocada por la Comisión de Salud, los $ 3.096 millones proyectados en la proforma son insuficientes para atender al Sistema Nacional de Salud.

El gremio sostiene que si las asignaciones se comparan con la proforma aprobada para 2018 ($ 3.573 millones, para el sector salud) el presupuesto en trámite tiene una reducción de $ 477 millones, lo que significa que no existe el aumento anual del 0,5% del PIB como dicta la Constitución de la República.

Así lo aseguró Ernesto Carrasco, presidente de la Federación, quien está en desacuerdo con que Finanzas haya construido la proforma con base al presupuesto codificado del año en curso (lo que realmente se gastó).

A septiembre de 2018, el presupuesto codificado asciende a $ 3.082 millones y representa $ 491 millones menos frente al presupuesto aprobado.

Médicos y varios legisladores discrepan con el Ministerio de Finanzas en torno a si el incremento debe calcularse a partir del presupuesto aprobado o del codificado.

La disposición transitoria vigésimo segunda de la Constitución señala que el “Presupuesto General del Estado destinado al  financiamiento del sistema nacional de salud se incrementará cada año en un porcentaje no inferior al cero punto cinco por ciento del producto interior bruto, hasta alcanzar al menos el 4%”. Pero el texto no precisa sobre qué cifras debe establecerse el aumento. Actualmente los recursos para salud comprenden el 3,51% del PIB.

De ahí que el gobierno y el informe de la Comisión de Desarrollo Económico (que tramitó la proforma) ratifican que sí se respeta la norma constitucional.

A esta disyuntiva Carrasco agregó que no se contemplan alrededor de $ 300 millones para financiar el Cuadro Básico de Medicamentos, el cual no ha sido actualizado desde 2013. La aprobación del nuevo cuadro está pendiente desde julio de 2018.

Más allá de si se cumple con el mandato constitucional, el economista Danilo Albán Romero observó que la gestión de los recursos no termina de satisfacer las necesidades de los usuarios del  sistema de salud, lo cual se ve reflejado en retrasos para el agendamiento de citas, falta de insumos, escasez de medicamentos y falta de especialistas. (I)