Los transportistas ecuatorianos de carga pesada que distribuyen importaciones colombianas, desde la provincia de Carchi, están preocupados por una eventual “crisis de empleo”, derivada de la aplicación de una norma de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

El canciller Ricardo Patiño se reunió, el pasado jueves en Tulcán, con representantes de algunos ministerios y de los sectores vinculados al transporte y al comercio en la frontera norte.

La situación se debe a la aplicación de la Decisión 399, firmada el 17 de enero de 1997, en el marco de la CAN y que se refiere al Transporte Internacional de Mercancías entre los Países Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

La resolución establece normas para que un vehículo de carga transporte mercadería desde el lugar de origen hacia el de destino sin que medie otro tipo de transporte, ya sea marítimo, fluvial, lacustre o terrestre. Por ejemplo, la mercadería procedente de Colombia será transportada en el tramo por medios colombianos sin que intervengan automotores ecuatorianos, como ocurría anteriormente.

Durante 17 años en Ecuador no se aplicó esta decisión, ya que existía un acuerdo verbal mediante el cual los transportistas dejaban los productos importados en los depósitos temporales aduaneros, permanecían allí durante la nacionalización de los mismos (registro, pago de impuestos, etc.) y, posteriormente, eran movilizados por el transporte carchense hasta su destino final en las ciudades ecuatorianas.

Preocupación
La gobernadora del Carchi, Laura Mafla, explicó que el acuerdo venció en diciembre de 2013.

“Estamos preocupados porque hay muchas familias que dependen del transporte de mercancías. Muchas personas se quedarían sin trabajo”, dijo.

Según la funcionaria, unos 800 propietarios de transporte de carga se verían afectados por la decisión, aunque no confirmó si hay desempleados actualmente. Tras la reunión con el Canciller se acordó hacer un diagnóstico real del sector para adoptar medidas.

“El ministro Patiño ha dicho que no puede darse un retroceso a la decisión de la CAN”, afirmó Mafla, por lo que las autoridades buscan “soluciones a la crisis de empleo que enfrenta el sector”.

Entre las posibles medidas se contempló que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) contrate la mano de obra de los conductores y que los dueños de los vehículos presten servicios como los de transporte de material pétreo en las diferentes obras.

El presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, Nelson Cano, considera que este tipo de soluciones es viable.

“Vinieron las autoridades para ver la posibilidad de generar empleo. La ley dice que todos los ministerios están obligados a invertir aproximadamente el 3% en las zonas fronterizas”, subrayó Cano.

De su lado, Jaime Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, reconoció que el sector no está correctamente organizado ni es suficientemente competitivo.

Para Mafla, esas fueron algunas de las razones para que no se renovara el acuerdo verbal.

Sin embargo, Bastidas confía en encontrar pronto soluciones junto a las autoridades. La próxima reunión se realizaría dentro de un mes.