El anuncio del Gobierno de Ecuador de que solicitó a la Justicia autorización para limpiar las zonas del mayor desastre ecológico en la Amazonía y que llevó al contencioso con la petrolera Chevron, ha causado indignación entre los afectados.

El Frente de Defensa de la Amazonía en un comunicado ha manifestado su enérgico rechazo a la intención del Ejecutivo de "llegar a acuerdos con la petrolera Chevron a espalda de los afectados".

Su presidenta, Carmen Cartuche, manifestó que el caso de las víctimas de Texaco, adquirida por Chevron en 2001, es un litigio entre particulares en el que el Estado no es parte, como lo señala una sentencia de 2011 contra la petrolera.

"Si realmente quieren ayudar a los afectados, deben hacerlo previa consulta, participación y aprobación de ellos, no de la Chevron, pues es la que causó el daño, y además es la sentenciada", remarcó.

Por su parte, la petrolera se deslinda de cualquier responsabilidad con base a un laudo arbitral de agosto de 2018, en uno de los mayores litigios por contaminación ambiental.

"Las condiciones ambientales existentes en el área de la antigua concesión son responsabilidad exclusiva de la República de Ecuador y de Petroecuador, único operador desde 1990", refirió este miércoles en un comunicado James Craig, asesor de comunicación de Chevron para América Latina.

"Chevron exhorta al Gobierno de Ecuador a repudiar el esquema fraudulento contra la compañía y cumplir sus propias obligaciones ambientales pendientes desde hace mucho tiempo", añadió Craig.

En la víspera, el titular ecuatoriano de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez, reveló en una rendición de cuentas que el Estado había solicitado autorización para proceder a limpiar las áreas del derrame de petróleo en la Amazonía.

De acuerdo a medios locales, el Gobierno ha obtenido la autorización de la Justicia ecuatoriana para ingresar a las áreas afectadas y reparar los pasivos ambientales existentes.

"Es un pedido del presidente (Lenín Moreno) que nosotros remediemos eso", aseguró el ministro, quien aclaró que esa solicitud fue elevada hace unas dos semanas por la empresa pública Petroamazonas.

Pérez explicó que la Procuraduría General del Estado dio su consentimiento, "porque todas las pruebas que se han tenido (para el litigio) ya han sido ejecutadas".

La empresa estatal Petroamazonas, a través del proyecto Amazonía Viva, y el Ministerio del Ambiente, se encargarán de la limpieza ambiental que se iniciará este mismo año, avanzó el ministro.

Al ser cuestionado sobre si Ecuador solicitará la participación de Chevron, Pérez respondió que ese aspecto "es aparte".

"No importa a quién le toque, vamos a asumir la remediación, es un pedido del presidente. Inclusive si nos cuesta a nosotros, lo vamos a hacer", subrayó.

El caso se inició en 1993 a raíz de las denuncias interpuestas por comunidades indígenas y de campesinos afectados por vertidos de la petrolera Texaco -hoy Chevron-, en la cuenca amazónica ecuatoriana entre 1964 y 1990.

Una sentencia emitida en 2011 por una corte de Lago Agrio, en Ecuador, cifraba en 9.500 millones de dólares la indemnización que debía entregar la empresa a los afectados.

Pero la petrolera recurrió y litigó ante una corte arbitral internacional en La Haya, que falló en 2018 a favor de Chevron al considerar que la sentencia de Lago Agrio arrastró irregularidades como fraude, sobornos y corrupción.

De acuerdo al dictamen, el Gobierno ecuatoriano debía pagar a la petrolera una indemnización. (I)